La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles el fallecimiento de un hombre de 75 años en Córdoba por golpe de calor. El fallecido, que presentaba patologías previas, se encontraba realizando actividades de ocio al aire libre. Por sus factores de riesgo, se engloba en el grupo de riesgo III de los que contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.
Según ha informado el Gobierno regional, se trata del segundo fallecimiento por golpe de calor esta temporada en el conjunto de Andalucía. El 21 de junio hubo que lamentar el fallecimiento de un hombre de 58 años con patologías previas que había estado trabajando en la colocación de un cartel luminoso en la calle.
Desde la activación del Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud el día 16 de mayo se han registrado once casos de pacientes que han sufrido golpes de calor en la comunidad, de los que tres permanecen ingresados en centros hospitalarios y otros seis han sido dados de alta. Estos casos se han producido uno en la provincia de Huelva, dos en la de Sevilla, uno en Almería, tres en Cádiz, uno en Jaén y tres en Córdoba.
Hasta el 30 de septiembre permanecerá activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025, que se activó el 16 de mayo.
El protocolo
Dicho protocolo trata de reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
Así, la estrategia del protocolo se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura; la identificación de los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades públicas y privadas competentes para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, y para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.