Hace ahora casi tres años, la violencia machista obligó al Estado a activar el modo emergencia. La acumulación de asesinatos en pocas semanas —con picos especialmente graves en la primavera y el verano de 2022— evidenció que el sistema de protección no estaba llegando a tiempo. Fue entonces cuando el Ministerio de Igualdad puso en marcha los comités de crisis: reuniones extraordinarias concebidas para analizar, caso a caso, qué había fallado.
La medida se activó por primera vez en julio de 2022, bajo el mandato de Irene Montero, como respuesta a una concentración alarmante de feminicidios. El objetivo era claro y urgente: detectar errores del sistema, identificar descoordinaciones entre administraciones e instituciones y reaccionar con rapidez ante asesinatos machistas que revelaban grietas en la protección de las víctima
El último de estos comités se celebró hace apenas una semana y analizó los crímenes del final del año. Pero la violencia machista ha dejado cuatro mujeres asesinadas y una joven en muerte cerebral y su madre muy grave en los primeros compases del año. Cinco vidas truncadas en cuestión de días. Una sucesión de crímenes que, por su magnitud y concentración en el tiempo, encaja en los supuestos que el propio Ministerio de Igualdad señaló como motivo suficiente para volver a convocar estas reuniones.
No se ha convocado todavía
Ese compromiso de flexibilidad no era solo retórico. Desde el Ministerio de Igualdad se explicó que los comités de crisis dejarían de convocarse únicamente cuando se alcanzara el mínimo de cinco asesinatos en un mes. Sin embargo, no está convocado. El criterio, hasta ahora estrictamente numérico, iba a ampliarse para permitir su activación en función de las circunstancias, los patrones detectados o la alarma social generada por una sucesión de crímenes.
Así lo expuso la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en el Congreso. Ante las dudas sobre la utilidad de estas reuniones, defendió que “sirven” y avanzó que el objetivo era analizarlos todos, hubiera o no cinco asesinatos. Según ese planteamiento, podrían convocarse con tres crímenes en un mes si las circunstancias eran especialmente graves o generaban alarma social, o con cuatro asesinatos concentrados en una misma comunidad autónoma, a petición de los gobiernos regionales. La idea, insistió, era que su activación no dependiera únicamente de una cifra cerrada.
Ese cambio de criterio se apoyaba, además, en las conclusiones extraídas de los propios comités ya celebrados. En ellos se han identificado indicadores de riesgo que se repiten con frecuencia en los asesinatos machistas. Dos aparecen de forma constante: la ausencia de denuncia previa y el hecho de que la víctima hubiera comunicado su intención de separarse. El momento de la ruptura, coinciden expertos e informes oficiales, es uno de los periodos más peligrosos para las mujeres, especialmente cuando la convivencia continúa.
A estas circunstancias se suman vulnerabilidades añadidas que elevan el riesgo de violencia grave. Entre ellas, ser mujer migrante —con menos redes de apoyo y mayor aislamiento—, tener problemas de adicción o encontrarse en situaciones de especial precariedad. El Ministerio ha insistido en la necesidad de reforzar el abordaje interseccional de los servicios de atención para que estas condiciones no se conviertan en un factor de exclusión del sistema de protección.
El último informe elaborado tras un comité de crisis, centrado en los asesinatos machistas de noviembre y diciembre de 2025 y un caso de septiembre, analizó once feminicidios. Solo en dos existía una denuncia previa, y una de ellas fue activada de oficio por las fuerzas policiales en aplicación del Protocolo Cero. Cinco de las víctimas eran mujeres de nacionalidad extranjera y todas tenían hijos o hijas a su cargo, un factor que dificulta la salida de la violencia por el temor a las consecuencias que esta pueda tener para los menores.
El informe señala que cuando los casos de violencia de género son conocidos por el sistema policial, judicial e institucional, aumentan las posibilidades de que la víctima pueda salir de la situación de violencia y se reduce el riesgo de asesinato. Por ello, Igualdad insiste también en la importancia de la denuncia, no solo por parte de las víctimas, sino también de los entornos. No denunciar o no auxiliar a una víctima, recuerda el documento, puede constituir un delito.
Entre los patrones detectados figura también la fase de ruptura. En cinco de los once asesinatos analizados, el crimen se produjo en ese contexto, y en tres de esos casos la pareja seguía conviviendo. El Ministerio insta a prestar especial atención a estas situaciones, al tratarse de uno de los momentos de mayor riesgo, sobre todo cuando la separación no va acompañada de medidas de protección efectivas.
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