Cuando el acoso sexual no frena ascensos: ¿un fallo estructural?

Reflexionemos. ¿Cómo es posible que un policía nacional condenado por acoso sexual en 2003 llegue a ser nombrado máximo responsable policial de Lleida por el Ministerio del Interior?
¿Qué engranajes fallan —o qué inercias pesan más— para que una trayectoria marcada por una condena de este tipo no solo no sea un obstáculo, sino que quede diluida hasta volverse compatible con el ascenso a comisario (en 2017) y a jefe de la Policía Nacional este pasado 9 de diciembre?

El cese (al conocer los hechos, asegura el ministerio de Fernando Grande-Marlaska) llegó casi inmediatamente después de su nombramiento. Pero la pregunta incómoda permanece.

Condenas por acoso sexual que no impiden mandar

Más allá del nombramiento y de su rectificación, el caso interpela a algo más profundo: a la normalización del machismo dentro de los cuerpos policiales, a la tolerancia institucional con conductas que en otros ámbitos serían inasumibles, y a un sistema que parece reaccionar solo cuando el foco mediático se enciende.

Porque sí, el ministerio del Interior actuó cuando la prensa hizo saber que el nuevo jefe de la Policía Nacional en Lérida era un acosador sexual condenado. El diario Segre fue quien adelantó una información que – como mínimo- sorprende no supiese previamente el ministerio que se encarga de dichos nombramientos.

¿Qué mensaje se envía a las mujeres —dentro y fuera del cuerpo— cuando una condena por acoso no impide mandar? ¿Y qué silencio colectivo hace falta para que esto no resulte escandaloso desde el primer minuto?

Nada impida que un condenado por un delito de acoso sexual ocupe puestos de mando

Para el Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) “el problema actual es que todo queda ‘en casa’”. Explican a Artículo14 que, actualmente, no hay ninguna vía que impida que un condenado por un delito de acoso sexual ocupe puestos de mando: “Necesitamos alternativas reales para que no fallen los protocolos”.

No existen “comisiones de investigación independientes” que garanticen que no vuelva a ocurrir
La reflexión se vuelve aún más incómoda cuando este episodio se produce, precisamente, en un momento en el que el Partido Socialista atraviesa una crisis interna inédita en nuestro país por varios casos de presunto acoso sexual en el partido.

Por eso son muchos los que hoy aún no se explican que, mientras se proclama tolerancia cero y se reivindica el feminismo como seña de identidad política, desde un ministerio socialista se avale —aunque sea de forma efímera — el ascenso de un mando policial condenado por acoso.

Actualmente, no existen “comisiones de investigación mixtas e independientes”, ni con representación sindical que evite posibles “encubrimientos” o facilite el encubrimiento en función del cargo “jerárquico del investigado”, aseguran desde SUP.

Establecer que condenas firmes sean incompatible con puestos de mando

Por eso, piden al ministerio del Interior “establecer que condenas firmes por acoso, violencia o abuso de poder, aunque estén canceladas” porque, explican, esto evitaría que determinados agentes puedan ocupar estos puestos de mando: “Que ninguna condena firme por acoso, abuso de poder o violencia, aunque esté cancelada penalmente, sea compatible con puestos de mando, formación o gestión de personal”.

La paradoja de perseguir delitos que también cometen

La paradoja se agrava si se observan los datos que maneja a diario la propia Policía Nacional, los mismos delitos de cuya persecución es responsable.

Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en España se registran 348 homicidios dolosos o asesinatos consumados al año, de los cuales 48 son feminicidios: un 15% de los asesinatos tienen como víctimas a mujeres asesinadas por violencia machista.

En 2024, los juzgados y las fuerzas de seguridad recibieron 199.094 denuncias por violencia de género, una media de 544 al día. A ello se suman, según las estimaciones de ese mismo balance, 55 agresiones sexuales sin penetración denunciadas cada jornada y 14 violaciones diarias.

Con estas cifras sobre la mesa, la pregunta resulta inevitable: ¿qué credibilidad tiene un sistema que debe proteger a las víctimas cuando normaliza, minimiza o incluso promociona a quienes han sido condenados por ejercer esa misma violencia?

Acoso sexual que también sufren dentro

No se trata solo de un “nombramiento fallido”, sino del mensaje que se envía desde dentro a quienes denuncian y a quienes deberían garantizar que la ley también se aplica, sin excepciones, puertas adentro.

Según el propio ministro del Interior esta decisión no se trataría de una “contradicción” con los valores del partido, sino de una “orden interna” de la que él no se responsabiliza: “No lo nombré, pero sí di la orden de cese inmediatamente (…) fue otra autoridad dentro del Ministerio del Interior quién lo nombro”, sostiene Grande-Marlaska sin especificar cuál.

Culpas aparte, esta situación es un buen ejemplo de cómo la cultura institucional sigue minimizando la violencia machista cuando quien la ejerce viste uniforme o acumula galones. Incluso cuando las víctimas son sus propias compañeras.

A SUP le consta que “mucha gente no denuncia por miedo a represalias”. Por eso, insisten en la necesidad de que exista un “canal externo y anónimo, fuera de la cadena de mando” y que esté gestionada por “una unidad especializada o entidad independiente” que haga un seguimiento “obligatorio y trazable del caso”.

No son “casos aislados”

Y no se trata de un caso aislado ni excepcional. La hemeroteca está llena de ejemplos que dibujan un patrón inquietante dentro de distintos cuerpos de seguridad, tanto los del Estado como los autonómicos y locales.

En 2023, dos policías locales de Marbella ingresaron en prisión preventiva acusados de agresión sexual contra dos mujeres migrantes. En Granada hasta siete agentes están siendo investigados por acceder de forma reiterada —hasta 48 veces en un mismo año— a los datos de una víctima de violencia machista. Ayudaban, presuntamente, a uno de ellos: su subinspector, denunciado por su expareja por maltrato físico y psicológico a ella y a sus hijos. A estos casos se suma la sanción confirmada por la Justicia a un policía que facilitaba peticiones de asilo a cambio de sexo, incluyendo encuentros con jóvenes vulnerables y un menor tutelado.

Episodios distintos, contextos diversos, pero un hilo común: el uso del poder, del uniforme y del acceso a sistemas de protección para ejercer violencia machista. La pregunta ya no es, entonces, es si el problema existe, sino cuántas veces más hará falta mirar hacia otro lado para seguir llamándolo casos aislados.

Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.