Cuando Gina volvió a casa esta semana, después de 45 días sustraída por su padre, su abuela Olga no sintió solo alivio. Sintió miedo. La niña parecía estar bien. Demasiado bien. Como si su cabeza hubiera decidido borrar lo ocurrido para poder seguir adelante. “Eso es lo que más me preocupa”, explica. “Lo que no se trabaja se queda dentro y acaba saliendo”.
Antes de que todo ocurriera, esta niña de cinco años tenía una rutina clara. El régimen de visitas con su padre era sin pernocta. Sabía que, pasara lo que pasara durante el día, siempre volvía con su madre. Esa era su referencia. Su casa. Su seguridad.
Denunciado por violencia de género
La madre de Gina había denunciado previamente a su expareja por malos tratos psicológicos. El hombre estaba pendiente de un proceso judicial por violencia de género, una circunstancia conocida cuando se fijó el régimen de visitas y que, sin embargo, no impidió que siguiera teniendo contacto con la pequeña.
El día que su padre se la llevó, Gina preguntó por su madre. Preguntó por qué no regresaban. Preguntó por qué no iban a casa. Y fue entonces cuando él se lo dijo. Antes de cruzar fronteras. Antes de que nadie pudiera intervenir. Le dijo que su madre estaba muerta. Con esa mentira comenzó la sustracción.
Después vino el traslado a Italia. Cuando las autoridades localizaron a la niña, no fue devuelta de inmediato a su madre, pese a que la custodia era materna y existía una denuncia por sustracción. Gina quedó bajo la tutela del sistema de protección italiano mientras se resolvía el procedimiento judicial internacional. Durante ese tiempo pasó 35 días en un centro de menores. Solo pudo salir una tarde al parque.
La videollamada
No estaba con su padre. Tampoco con su madre. Estaba en un limbo institucional, aislada de su entorno, sin saber cuándo volvería ni si alguien la estaba buscando.
No fue hasta que una trabajadora del centro empezó a sospechar que algo no encajaba cuando se produjo el primer contacto. Consiguió localizar a la madre y organizó una videollamada. Cuando Gina vio a su madre viva al otro lado de la pantalla, al día siguiente empezó a preparar la maleta. Ya no quiso volver a ver a su padre.
El regreso no cerró la herida. Gina está en tratamiento psicológico. Su madre y su abuela también. Ataques de ansiedad, agotamiento extremo, miedo constante. Durante 45 días vivieron en una tensión sostenida que ahora empieza a pasar factura. “Estamos contentas porque Gina está aquí”, explica Olga, “pero estamos mal”.
La niña quiso volver al colegio al día siguiente de llegar. Lo hizo escoltada. Los Mossos d’Esquadra acompañan a la familia a la entrada y a la salida como medida de protección. El padre sigue en libertad. Tiene una orden de detención si pisa territorio español, pero puede moverse. Puede coger un avión. Puede aparecer. “Sabemos que lo intentará otra vez”, dice Olga. “Vivimos con esa certeza”.
“Hubo momentos en los que pensé que si se la hubiera llevado al Congo se habría resuelto antes”
La respuesta institucional ha sido desigual. Algunas instancias se implicaron desde el primer momento. Otras actuaron con una alarmante normalidad. En Italia, pese a recibir toda la documentación enviada desde España —custodia materna, denuncia por malos tratos, proceso judicial pendiente—, las autoridades asumieron la potestad de decidir provisionalmente sobre la situación de la menor. Gina pasó más de un mes en un centro de acogida sin que nadie acelerara su retorno. “Hubo momentos en los que pensé que si se la hubiera llevado al Congo se habría resuelto antes”, resume Olga.
En ese proceso fue clave la intervención de Noe, una detective privada, contratada por la familia el mismo día de la desaparición. Se coordinó desde el inicio con los Mossos, acompañó a la madre a Italia y permaneció allí durante semanas, cuando ella estaba en estado de shock y no podía sostener sola el procedimiento. “Fue mucho más allá de su trabajo”, explica Olga. “Sin ella, no sé si Gina habría vuelto”.
¿Cuántas Ginas hay?
Ese detalle importa. Porque no todas las familias pueden permitirse una red así. Porque el acceso a la protección no debería depender de los recursos económicos, de los contactos o de la visibilidad mediática. Porque cuando una niña vuelve a casa gracias a una cadena de esfuerzos extraordinarios, lo que queda en evidencia es todo lo que falla cuando esos esfuerzos no existen.
Gina está en casa. Pero el miedo no ha desaparecido. Las secuelas están ahí. Y la sensación de desamparo también. Y ahí empieza el verdadero problema. Porque en España no sabemos cuántas Ginas hay.
No existen datos públicos que permitan conocer cuántas sustracciones parentales se producen cada año en contextos de violencia de género. No sabemos cuántas están precedidas de denuncias por malos tratos, cuántas se producen pese a existir resoluciones judiciales que advertían riesgo, ni cuántas implican a hombres investigados o denunciados por violencia contra la madre de sus hijos e hijas.
Un problema privado
Las estadísticas oficiales recogen denuncias por sustracción de menores, pero no desagregan quién sustrae, en qué contexto ni con qué antecedentes. No distinguen entre un conflicto civil y una conducta violenta. Todo queda reducido a una categoría neutra que borra la violencia y coloca a víctimas y agresores en un falso plano de igualdad.
El caso de Gina se ha conocido porque hubo recursos, apoyos y visibilidad. Pero la mayoría de las sustracciones parentales ocurren en silencio. Mujeres que no denuncian por miedo, niños y niñas que desaparecen de un día para otro, procedimientos civiles que se eternizan mientras el daño psicológico se consolida. De todo eso no hay cifras. Y, por tanto, no hay responsabilidad institucional.
La consecuencia es clara: la sustracción parental sigue tratándose como un problema privado, cuando en muchos casos es una forma de violencia de género ejercida a través de los hijos y las hijas.
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