El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana una proposición no de ley del Partido Popular con la que quiere instar al Gobierno a realizar una auditoria “integral” e independiente sobre los fallos que se produjeron con las pulseras antimaltrato del Sistema Cometa.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya anunció en su ultima comparecencia ante el Pleno del Senado que desde el Ejecutivo están trabajando en hacer una auditoria “exhaustiva” tras el escándalo de las pulseras.
Sin embargo, el PP pedirá mañana en el Congreso que se lleve a cabo este análisis “técnico, operativo y judicial independiente” desde el cambio de proveedor del sistema Cometa en 2023, tal y como lo hizo hace unos días en el Pleno del Senado, también con una proposición no de ley, que se aprobó.
Tal y como informa Servimedia, la proposición de los populares registrada pide al Gobierno que evalúe el impacto de la pérdida de datos (geolocalizaciones, principalmente) de las pulseras antimaltrato en los procedimientos judiciales afectados, incluyendo número de casos, resoluciones judiciales comprometidas y víctimas “potencialmente desprotegidas”, con detalles por comunidades autónomas y provincias.
También el PP pedirá al Ejecutivo aportar a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género los informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas para ofrecer el servicio del sistema Cometa, y que dé cuenta de las causas técnicas de los fallos que se detectaron, las medidas adoptadas para afrontarlos, los protocolos actuales de seguridad, trazabilidad y supervisión del sistema, y las ideas de mejora que se están estudiando para el sistema.
Del mismo modo, la propuesta pide que el Gobierno informe de forma detallada sobre las características concretas de los dispositivos adquiridos por la empresa adjudicataria desde 2023, sobre la compra, coste y proveedores de esos dispositivos por parte de la adjudicataria, y sobre los dispositivos actuales en relación con su fiabilidad y respuesta ante los fallos.
Finalmente, la proposición no de ley instará al Gobierno a establecer un mecanismo de supervisión permanente, con participación de diferentes administraciones, para garantizar la fiabilidad del sistema y prevenir incidencias, y a reforzar la información en los juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el uso y control de las pulseras.
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