Cuando el hijo mayor de Juana Rivas, Gabriel, tenía 13 años envío un audio aterrador a su madre. “Me cogió del brazo y me tiró contra la pared; a Dani le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera… se hizo daño en la espalda y se quedó llorando en el suelo. Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado y ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte”.
Hoy Gabriel es mayor de edad y confirma los malos tratos que sufría por parte de su padre, Francisco Arcuri. Una violencia que ya empujó a Juana Rivas a no devolverle a sus hijos menores en 2017 y por la que fue condenada por sustracción de menores. Daniel ha explicado también que tiene terror de su progenitor y que le da pánico volver con él. Una madre y sus dos hijos que llevan ocho años denunciando una situación que nadie parece creer.
El juicio a Arcuri por maltrato contra sus hijos se celebra el 18 de septiembre
De hecho, en apenas unas horas, el martes a las diez de la mañana, por orden del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, Juana Rivas deberá entregar en un Punto de Encuentro Familiar a Daniel, a pesar de su pánico y del juicio al que se enfrentará Arcuri por maltrato físico y psicológico a sus dos hijos durante siete años y con amenazas de muerte este mismo mes de septiembre en Italia. ¿Tiene sentido que se entregue a Daniel a un padre al que se investiga por maltratarlo?
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) recuerda que “en España, la madre de estos menores, Juana Rivas, no solo no vio atendida su petición de no ser obligada a entregar a sus hijos al padre, sino que fue condenada por dos delitos de sustracción de menores a una pena de prisión. Desde AMJE nos hemos manifestado siempre defendiendo la necesidad de proteger y escuchar a los menores y a su madre como víctima de violencia. Ahora, más que nunca, esa necesidad es imperiosa, en lo que constituye una más que evidente situación de riesgo”.
“AMJE reitera su llamamiento a adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de la infancia en todos los casos y en este en particular, que es una muestra de todos los riesgos y deficiencias que se constatan en el informe GREVIO y que debe llevarnos a una revisión del proceder en nuestra práctica judicial diaria“, apuntan.
No se está escuchando de manera adecuada a la infancia en España
Chelo Álvarez, presidenta de Alanna, asegura que “el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su evaluación más reciente de España (sesión intergubernamental del CRC/2024) ha señalado que nuestro país no está escuchando de manera adecuada la voz de niñas, niños y adolescentes. En concreto, en sus indicaciones a España advierte que ‘la voz de los niños y niñas es todavía muy poco escuchada y tenida en cuenta, tanto en los ámbitos judicial y de protección, como en las decisiones públicas y políticas que les afectan'”.
Para Álvarez, “esto confirma que, aunque exista un marco legal, España aún no garantiza de forma efectiva el derecho reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (derecho a ser oídos según su edad y madurez). España sí cuenta con herramientas legales para proteger a la infancia, especialmente en contextos de riesgo: La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, obliga a que, cuando un progenitor esté inmerso en un procedimiento por denuncia de violencia (ya sea de género o doméstica), la justicia debe proteger a los hijos e hijas y garantizar que se tenga en cuenta su seguridad y su voz“, alerta.
“Estamos ante un silencio q castiga y desprotege”
“Esta ley introduce mecanismos como la suspensión de visitas o el establecimiento de figuras de acompañamiento especializado, precisamente para salvaguardar tanto la integridad física como emocional de las niñas y niños. España dispone de una legislación que obliga a escuchar y proteger a la infancia, especialmente en casos de violencia familiar, las observaciones del Comité de la ONU señalan que en la práctica no se está dando cumplimiento real al derecho de los menores a ser escuchados y tenidos en cuenta en todos los ámbitos que les afectan. Con lo cual todos y cada niña y niño deben ser escuchados y protegidos. Estamos ante un silencio q castiga y desprotege, esa es la realidad”, se lamenta Álvarez.
La presidenta de Alanna, señala que, por otra parte, “el Reglamento 1111/2019 de la Unión Europea que se aplica en este caso también establece claramente que es necesario escuchar al menor antes de que se tome la decisión de trasladarlo de país. Pero si vamos más allá, ¿dónde está la supuesta prueba preconstituida en el caso de Daniel? Según nuestro ordenamiento jurídico debe establecerse para no revictimizar. El niño ya declaró ante un juzgado en Granada. Que se tenga en cuenta su voz, q se respete su voz“, concluye.