Un mes después de que los juzgados de violencia sobre la Mujer asumieran las competencia en violencia sexual, tres magistrados explican a Artículo14 cómo se está desarrollando esta nueva era. Aunque las realidades difieren —Barcelona cuenta con un refuerzo específico, mientras que Sevilla y Getafe siguen sin apoyo—, todos describen un panorama de mayor carga de asuntos, desajustes organizativos y riesgo de colapso.
Sevilla: “La situación es desoladora”
En Sevilla, el juez Francisco Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2, lo resume con contundencia: “La situación es desoladora.”
“Vamos a cumplir casi un mes de la entrada en vigor de las nuevas competencias y claro que se ha notado”, explica. Los cuatro juzgados especializados de la ciudad siguen sin refuerzo, pese a que estaba previsto un quinto juez que no entrará en funcionamiento hasta enero. “Seguimos los mismos cuatro que estábamos, sin ningún tipo de refuerzo ni comisión de servicio”, lamenta.
Cada juzgado, asegura, está asumiendo entre tres y cuatro asuntos de agresión sexual por guardia, incluidas agresiones “fuera del ámbito de pareja e incluso especialmente a adolescentes y niñas menores de edad”.
Y precisamente esos casos están generando un conflicto jurídico de fondo que el magistrado considera “uno de los mayores problemas de esta nueva etapa”.
Conflicto de competencias
“Estamos teniendo un verdadero conflicto de competencia con los juzgados de instrucción”, explica. Algunos de estos órganos entienden que los nuevos delitos deben investigarse en los juzgados de violencia sobre la mujer, mientras que otros sostienen lo contrario. La situación se complica cuando la víctima es una menor, porque, según la guía de criterios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, los casos de niñas o adolescentes deberían tramitarse en secciones especializadas de infancia y adolescencia.
El problema es que en Sevilla esas secciones no existen. “Como no se ha creado ninguna sección de infancia y adolescencia, por defecto la competencia correspondería al juzgado de instrucción, pero nunca a un juzgado de violencia cuando la víctima es menor de edad”, precisa Gutiérrez.
La ausencia de esos órganos y la disparidad de criterios están provocando que los casos queden temporalmente bloqueados, mientras los tribunales discuten quién debe asumirlos. “Se están discutiendo estos criterios y es habitual tener conflicto de competencia con los juzgados de instrucción”, añade.
Problemas con los médicos forenses
El resultado es un cuello de botella judicial que retrasa las investigaciones y genera incertidumbre entre las víctimas y los profesionales. “Es otro síntoma del gran desastre que está suponiendo la asunción de nuevas competencias sin haber preparado la estructura necesaria”, lamenta.
A esa descoordinación se suma otro frente: los problemas con los médicos forenses de guardia. “Estamos teniendo verdaderos problemas con los médicos forenses”, advierte.
El origen está en que los forenses estaban asignados a los juzgados de violencia para atender los casos de violencia de género, no los de violencia sexual. Ahora, cuando un hospital comunica una agresión sexual, surgen dudas sobre qué médico debe acudir: el adscrito al juzgado de violencia o el de incidencia general. Esa confusión, dice el juez, provoca retrasos en las primeras diligencias y pone en riesgo la cadena de custodia de las pruebas.
“Algunos médicos creen que no es su competencia recoger y trasladar las muestras de ADN hasta el Instituto de Medicina Legal, cuando los protocolos dicen que sí lo es”, señala.
En resumen, Gutiérrez describe una justicia que ha asumido más funciones sin ajustar su engranaje interno. “Cada día vemos más casos, más papeles y más conflictos, pero seguimos con los mismos medios”, resume. “Esto no es lo que el Convenio de Estambul imaginaba cuando hablaba de reforzar la protección a las víctimas. Vamos hacia atrás.”
Getafe: “No se puede construir un sistema eficaz sobre el agotamiento”
En Getafe, la jueza Cira García Domínguez describe un escenario de agotamiento y desánimo entre los profesionales que trabajan en esta jurisdicción. “Luchar contra los elementos dentro del propio sistema es agotador”, reconoce. “Nos han dado más trabajo con los mismos medios.”
García Domínguez explica que los juzgados de violencia ya venían experimentando incrementos anuales del 8% al 10% en los casos de violencia de género, y que la incorporación de los delitos sexuales ha añadido más presión. “Se ha notado, aunque todavía es pronto para medirlo con datos”, señala.
Advierte además de criterios competenciales dispares: “Algunos compañeros de instrucción no lo tienen claro”, comenta sobre los casos de agresiones a menores.
Jueces sin experiencia
Otro problema es la desigual distribución de apoyos. “No en todos los sitios se están reforzando, y en algunos los refuerzos ni siquiera han entrado en funcionamiento”, denuncia. En los pocos lugares donde se han concedido, a menudo se cubren con jueces sin experiencia en violencia de género mediante comisiones de servicio temporales. “Eso no es especialización, es improvisación”.
La magistrada también subraya la falta de reconocimiento profesional. “Hay compañeros con quince años de experiencia en estos juzgados de violencia que no tienen prioridad para ascender. Es frustrante”. Y describe condiciones laborales sin compensación: “Estoy de guardia de lunes a viernes, sin horario de salida, y cobro lo mismo que los compañeros que se van a las dos.
“No se puede construir un sistema de protección eficaz sobre el agotamiento de quienes lo sostienen”. Aun así, insiste: “Nuestro compromiso con las mujeres sigue intacto. Pero el sistema tiene que escucharnos”.
Barcelona: “En diez días nos entraron quince asuntos”
En Barcelona, el juez Carlos Pascual, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1, también ha visto crecer el volumen de trabajo desde el primer momento. “En diez días nos entraron quince asuntos de violencia sexual”, señala.
La diferencia es que en la capital catalana sí se ha creado un juzgado de refuerzo, lo que ha permitido asumir de momento la carga adicional. Aun así, advierte que ese equilibrio será temporal: “Si no hubiésemos tenido el refuerzo, ya empezaríamos a tener retrasos. Está claro que, cuando pase más tiempo, se va a estancar.”
El magistrado subraya, sin embargo, que los delitos sexuales “no se tramitan como juicios rápidos” y exigen una instrucción compleja, con pruebas periciales y de ADN. “Son procedimientos largos y técnicos, y sin medios no se pueden hacer bien.”
Tres voces desde tres territorios distintos que advierten de un mismo problema: la justicia de violencia sobre la mujer está asumiendo nuevas funciones sin una planificación homogénea ni recursos a la altura.
Como resume García Domínguez: “No se puede construir un sistema de protección eficaz sobre el agotamiento de quienes lo sostienen.”
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