Un imputado más en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, tendrá que sentarse en calidad de investigado frente al magistrado el próximo 14 de mayo. Se trata de la pata de la investigación sobre la contratación de Cristina Álvarez, también imputada, por parte de Moncloa como asesora personal de Gómez.
“No me siento concernido por este acontecimiento por el que se me cita”, afirmó el delegado del Gobierno, tan solo horas después de recibir la notificación. “El ruido se acabará pronto”, añadió, lanzando una pulla al juez. Dijo tener “la conciencia muy tranquila”.
El juez instructor admite en parte a trámite una querella interpuesta por la acusación popular del caso que pedía la imputación de Martín Aguirre. Se basa en la testifical de Alfredo González, vicesecretario general de Presidencia del Gobierno en julio de 2018, año en el que se contrata a Álvarez como asesora de la mujer del presidente. En la declaración ante Peinado, González explicó que fue él quien firmó la designación de Álvarez pero que no la conocía previamente.
González relató que su contratación fue como personal eventual de libre designación y que no hacía falta curriculum. Además, precisó que en esas fechas firmó muchos cargos por el cambio de Gobierno en el palacio de la Moncloa. González dijo que su puesto “dependía de la Secretaría General del Presidente del Gobierno, que Felix Bolaños era su superior jerárquico y que el jefe de gabinete era Francisco Martín Aguirre”. Con ambos, explicó, hablaba todos los días para “despachar multitud de asuntos en esos meses”.
Mención suficiente para que Peinado le atribuya el delito de malversación de caudales públicos “por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública”, reza el auto.
Eso sí, libra a Cristina Álvarez de la malversación porque considera que “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, no pueda tener responsabilidad penal alguna”.
El magistrado también hace lo propio con Begoña Gómez porque, en su opinión, no pudo incurrir en malversación al no participar en el pago de su sueldo “limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales”. Si bien, para el juez, la mujer de Sánchez hizo uso de su asesora con “fines personales” ya que se excedió de sus competencias y pasó a satisfacer sus necesidades empresariales.
Fuentes del caso consultadas por Artículo14 muestran su estupefacción ante este último giro y creen que es “parte del número de Peinado”.
Los e-mails de Álvarez
Bajo la lupa están unos correos electrónicos que envió Álvarez a financiadores de la cátedra que impartía Gómez en la Universidad Complutense, en el que pedía a una directiva de Reale Seguros que no le quitara la financiación. “PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, escribía .
Correos electrónicos que la propia Álvarez enmarca como un “favor de amiga” pero que Peinado persigue por un presunto delito de tráfico de influencias.