El Consejo de Administración de Indra arde por la posible fusión con EM&E. En concreto, por las “mentiras” que se vierten en aras de conseguirla, según informan a este medio fuentes del máximo órgano de gobierno de la sociedad.
El malestar que asola a los vocales independientes, afirman, se origina en que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, negó en la reunión celebrada el pasado miércoles 30 de abril el encargo de una due diligence a la consultora KPMG -según avanzó el diario Expansión-, y explicó que había firmado una NDA -Acuerdo de Confidencialidad- con PricewaterhouseCoopers para estudiar las posibilidades con Escribano -EM&E, de la que es presidente Javier Escribano, hermano del presidente de Indra, Ángel, y que a su vez controla el 14,3% del capital de la multinacional tecnológica-.
“Mentiras”
La entrevista en el diario El Mundo a Javier Escribano, en la que se manifiesta abiertamente a favor de una fusión entre Indra y EM&E para recuperar una industria nacional estratégica, no ha sentado bien dentro del Consejo, y los vocales independientes estudian llevar lo que tachan de “mentiras” ante la CNMV –Comisión Nacional del Mercado de Valores-, ya que afirman que desde la propia KPMG se suscribe el encargo de la due diligence.
El máximo órgano de Gobierno está formado por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y 13 vocales, de los que siete son independientes. Dado que Indra es una empresa cotizada, una operación de integración con otra compañía debe pasar primero por una votación interna.
El objetivo de los independientes sería aclarar si hubo infracción por parte del CEO de Indra al mentir supuestamente sobre las informaciones publicadas en prensa.
La información vertida por de los Mozos en la reunión del 30-A iría en consonancia con el comunicado que se remitió a la CNMV una semana antes, en el que se aseguró: que la compañía realiza “un proceso continuo, liderado por el consejero delegado y de acuerdo con las buenas prácticas de gobierno corporativo, de análisis de distintas oportunidades con actores relevantes del sector de la defensa que den valor añadido a la compañía”, y que entre ellos se encuentra EM&E sin que “a día de hoy” exista “ninguna decisión adoptada” distinta a las conocidas por el mercado.
Este medio informó tras la reunión que la conveniencia entre una posible fusión entre Indra y EM&E había sido el tema protagonista, y que, según explicaron desde la multinacional, la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, brazo inversor del Gobierno y que depende del ministerio de Hacienda-, que suma el 28% del accionariado de la tecnológica, y está representada en el consejo de administración por tres vocales dominicales-, enfrió la posible fusión con EM&E.
La publicación de los contratos en los que interviene EM&E con empresas israelíes para fabricar armamento ha puesto en alerta al Gobierno de Pedro Sánchez. Máxime cuando se han destapado los más de 46 contratos en vigor sellados por el Ejecutivo con empresas del país hebreo, mientras mantiene una política exterior manifiestamente a favor de Palestina, según la que prometió rescindir los contratos de material militar vigentes para contentar a sus socios de Gobierno, principalmente Sumar o Podemos. Esta coyuntura ha puesto el foco en Indra y EM&E, y colocado sobre la mesa otros agravantes añadidos a la fusión, como lo es la situación de un conflicto de intereses al ser Ángel Escribano copropietario de la empresa pendiente de fusión con Indra al 50% con su hermano Javier. Esto, incluso, ha motivado a los siete consejeros independientes a pedir la dimisión del presidente. En cuanto al resto, SAPA (con el 7,94% de participación), está representada por un vocal dominical, y Amber Capital (7,24 de participación), por otro. El consejero de este fondo, presidido por Joseph Oughourlian (presidente del grupo PRISA), abogó por la prudencia en la reunión del consejo, según las mismas fuentes.
Modus Operandi ante la CNMV
La forma en la que los consejeros independientes tienen pensado actuar ante la CNMV es como una fuente anónima. Una vez dado ese paso, se activa toda una maquinaria jurídica. Según se explica desde la propia web del organismo regulador independiente -encargado de supervisar los mercados de valores, así como las actividades relacionadas con estos- “Toda persona que conozca la posible o efectiva comisión de infracciones relacionadas con las normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores, y desee informar de ello de manera confidencial”, puede ponerse en contacto.
Se puntualiza que la comunicación deberá contener necesariamente elementos fácticos “de los que razonablemente se derive, al menos, una sospecha fundada de infracción”. Para ello, deberá recoger, entre otros, “una descripción detallada del posible incumplimiento, la identidad de las personas o entidades involucradas en la posible conducta ilícita, así como las fechas en que hubieran tenido lugar las presuntas infracciones”. Dado que el consejero delegado es quien lidera esta posible fusión, y sobre quien sobrevuela la sospecha de haber mentido a los vocales independientes, la solicitud de investigación podría abrirse directamente contra él.