La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha presentado su hoja de ruta para la mejora de los trabajadores autónomos en el marco de la negociación abierta con la Seguridad Social para actualizar las cotizaciones de 2026. La organización, con el apoyo de Fenadismer, COAG y Fedepe, ha puesto el foco en las mujeres, con el lema: “Autónomas con derechos”. En este sentido, ha lanzado una medida con impacto en una de cada cuatro mujeres autónomas -más de 317.000 profesionales-: la bonificación parcial de las cuotas para los menores ingresos.
En concreto, UATAE defiende que se subvencionen parcialmente las cuotas de los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), además de los situados en tramos intermedios. Con esta medida pretende corregir la regresividad del actual sistema de cotización por ingresos reales, que penaliza a quienes menos ganan y concentra sus efectos sobre las mujeres. De esta forma, la bonificación sería regresiva, más elevada en los tramos bajos y decreciente conforme aumentan los ingresos, hasta desaparecer en los niveles superiores.
Impacto en las pensiones
“No nos negamos a pagar. Lo que queremos es pagar bien, pagar mejor, pagar cada uno lo que le corresponde y que todo el mundo tenga un nivel de protección suficiente”, afirmó María José Landaburu, secretaria general de UATAE. Esta organización tiene lazos con Sumar y está asociada con Comisiones Obreras (CCOO) desde 2013. El objetivo es “evitar que la base de cotización se reduzca en la misma proporción que la cuota”, lo que en la práctica debilita la futura pensión.
Esta medida tiene un fuerte componente de género, dado que el 25,5% de las mujeres autónomas se sitúa en el tramo más bajo de ingresos, siete puntos más que los hombres. Esa sobrerrepresentación femenina en los niveles inferiores explica que si se aplica la bonificación, haya un efecto corrector sobre la brecha de pensiones. En 2024, el importe medio de las pensiones de las nuevas altas de autónomas se situó en 809,26 euros, el 65,8% de la pensión media del régimen general (1.229 euros). Para Landaburu, la cotización debe reflejar la realidad de los ingresos y no penalizar a quienes menos ganan.
¿Cómo financiar la bonificación?
Este apoyo al colectivo más vulnerable se propone financiar con los 1.000 millones de euros anuales que actualmente se destinan a la tarifa plana de 80 euros mensuales. A su juicio, esta medida no cumple el propósito para el que fue creada -fomentar el empleo autónomo- y ha demostrado ser “ineficaz” para consolidar empleo autónomo. Según detallan, cada año unas 400.000 personas se acogen a la tarifa plana. Sin embargo, el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no crece en la misma proporción.
Las organizaciones argumentan que se trata de una política costosa que no genera empleo neto, sino rotación. Además, alertan de los “usos desviados” del incentivo, empleado por algunas empresas para contratar falsos autónomos. Cuando el período bonificado finaliza, estos trabajadores se dan de baja sin derecho a prestación por cese de actividad, ya que la tarifa no incluye esa cobertura.
Cotización real para altos ingresos
Las cotizaciones de los autónomos con rentas más altas es una de las cuestiones que dividen al sector. Frente a la posición de ATA, que aglutina al 58% de los afiliados y valora la rebaja propuesta por la Seguridad Social, el resto considera que deberían ser más elevadas. En este caso, la propuesta liderada por UATAE plantea eliminar el “privilegio” de elección de bases para los autónomos con mayores ingresos y obligar a cotizar conforme a su capacidad económica real.
Según sus cálculos, si los trabajadores por cuenta propia que se encuentran en los dos tramos más altos -rendimientos superiores a 4.050 euros mensuales, apenas el 13% del total- cotizasen en función de sus ingresos efectivos, la Seguridad Social recaudaría 3.900 millones adicionales. Esa aportación permitiría financiar la bonificación a los tramos bajos y reforzar la sostenibilidad del sistema. De forma complementaria, abogan por extender al RETA la cuota de solidaridad, ya vigente en el Régimen General, con una recaudación potencial de 2.500 millones una vez desplegada.
La propuesta incluye además una reclamación estructural: que el Estado asuma los gastos impropios del régimen, cifrados en más de 4.000 millones. En concreto, señalan los complementos a mínimos, el subsidio por cuidado y nacimiento de menor, a las reducciones y bonificaciones de cuotas -como la propia tarifa plana- y el complemento de brecha de género. Según las organizaciones, estas partidas no deberían cargarse a la Seguridad Social, sino financiarse mediante los Presupuestos Generales del Estado.
Medidas con sesgo de género
Si bien es la principal, la bonificación de cuotas no es la única propuesta. La UATAE identifica varias reformas orientadas a reducir la brecha de género en el trabajo autónomo. Entre ellas, un cambio en el tratamiento de las autónomas colaboradoras. Aquellas mujeres que trabajan en el negocio familiar sin figurar como titulares. La propuesta permitiría que los ingresos generados en el negocio familiar se repartan entre ambos titulares -autónomo principal y colaboradora-. Con esta fórmula, su base de cotización se equipararía y podrían acceder a unas pensiones equivalentes.
También plantea reformar la prestación por cese de actividad para facilitar su acceso. Actualmente, solo un 9% de los autónomos ha logrado cobrarla y más del 60% de las solicitudes se deniegan por los requisitos económicos que impone la normativa. Asimismo, se incluye la violencia de género como causa específica de cese, con acreditación mediante denuncia -no exclusivamente por resolución judicial-, y la extensión del subsidio para mayores de 52 años al colectivo de autónomos. “Su exclusión resulta contraria al principio de protección suficiente reconocido en el artículo 41 de la Constitución”, advierten.
En el ámbito de la jubilación, las asociaciones proponen permitir compatibilizar el 50% de la pensión con la actividad durante dos años. Se entiende que facilita el relevo generacional y la continuidad de negocios familiares.
Reformas complementarias
Más allá de las medidas principales, las organizaciones defienden ajustes técnicos. Entre otras, la actualización de las bases de cotización vigentes a 31 de diciembre de 2022, aplicando el IPC acumulado de 2023 a 2025. Desde 2026, las bases se revalorizarían anualmente. También se plantea un fraccionamiento automático de hasta doce meses para las cuotas resultantes de regularizaciones con saldo a ingresar, a fin de mejorar la liquidez de los autónomos y evitar tensiones de tesorería.
Sugieren, además, permitir una base de referencia voluntaria para quienes declaren ingresos inferiores al SMI. En este caso, podrían optar por cotizar entre el SMI y 1,2 veces el SMI. Así, se permitiría mejorar las prestaciones futuras sin aumentar la cuota de forma desproporcionada.
El planteamiento de UATAE, Fenadismer, COAG y Fedepe parte de un diagnóstico común: el sistema actual mantiene un sesgo regresivo y de género. Este penaliza a quienes más esfuerzo relativo aportan a la Seguridad Social. Y ven necesario adaptar las cotizaciones a la realidad de las mujeres autónomas. Como resume Landaburu, que “todo el mundo tenga un nivel de protección suficiente”.