La gestación subrogada abre en España uno de los debates más polarizados. Aunque no está permitida legalmente en España, cada año más de mil niños nacidos mediante esta técnica son inscritos en el Registro Civil español. Teniendo en cuenta este dato, ¿sigue teniendo sentido la prohibición o sería más coherente regularizar desde un marco ético, médico y social? Tanto quienes defienden esta práctica como quienes la atacan están llamados este sábado a exponer sus posturas.
Por un lado, la asociación Son Nuestros Hijos, que agrupa a un millar de familias, celebra en Madrid el II Congreso Internacional de Gestación Subrogada, al que han sido invitadas la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y los colectivos feministas, con el fin de que conozcan la realidad a través de las familias, adolescentes y las propias mujeres gestantes. Académicas, investigadoras y legisladoras intervendrán en este encuentro que lleva por lema “Escuchar para proteger”. La posibilidad de que acepten la invitación es bastante remota.
¿Mercantilización o derecho femenino?
Al otro lado están los diferentes colectivos, en su mayoría feministas, que repudian la gestación subrogada por considerarla una forma de “explotación y violencia reproductiva” que vulnera la protección del menor y de la mujer frente a “la mercantilización del cuerpo femenino y de los niños”. Este sábado tendrán también su punto de encuentro en la Plaza del Callao de la capital, desde donde partirá una marcha de mujeres ataviadas con el traje que se popularizó en El cuento de la criada. Expresarán así su oposición y denunciarán “los intentos de legalizar la explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres”, según detallan en un comunicado.
Las organizaciones feministas convocantes se apoyan en un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres y las niñas que describe esta práctica como “una forma de violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia reproductiva que enfrentan las mujeres en la gestación subrogada”. En su texto, la equipara a la esclavitud, “ya que pone a las madres sustitutas en una situación en la que se hace uso de todas o alguna de las características del derecho de propiedad con respecto a ellas”.
Baile de cifras
En España, según un estudio de Ana Trejo Pulido, feminista y fundadora de Stop Vientres de Alquiler, “durante el periodo 2010-2023, un total de 3.785 bebés fueron adquiridos por ciudadanos españoles mediante contratos de gestación subrogada en el extranjero”. Según la información a la que ha tenido acceso Artículo 14, realmente cada año más de mil niños nacen de padres españoles mediante gestación subrogada. La brecha de datos se debe a que no hay registros oficiales. No existe tampoco una posición unánime entre la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Tribunal Supremo en cuanto a la inscripción en España de los niños nacidos a través de este medio en el extranjero.
Desde el 1 de mayo de 2025, no es posible inscribir directamente en el Registro a un bebé nacido por gestación subrogada en otro país, aunque se cuente con una resolución administrativa o judicial extranjera que valide la filiación, generando un limbo legal para los menores. La inscripción se formaliza a partir de la determinación de filiación por vínculo biológico o por adopción, de manera que se anula cualquier resolución judicial que venga de otro país por considerarse contrario al marco legal español.
Asociaciones de padres y familias que han optado por esta vía plantean la gestación subrogada como una cuestión de autonomía y derechos reproductivos y exigen una regulación que acabe con la inseguridad jurídica. El tema es foco de discusión social, política y jurídica y exige un debate serio y profundo.
Persecución de las familias y estigmatización del menor
La gestación subrogada no está permitida en España, pero sí se puede realizar en otro país donde esta práctica sea legal, siempre que se respeten las leyes de origen. Un español puede firmar un contrato en el extranjero para este fin y volver con su bebé a España después del parto. La asociación española Son Nuestros Hijos denuncia una persecución a las familias y “un relato de odio”. Pide, además, la derogación de la instrucción que impide inscribir a sus hijos en los consulados. “Es una de las mayores violaciones de los derechos humanos de los menores cometida por parte de un gobierno que se haya conocido en democracia. Esta instrucción les niega el acceso directo a la ciudadanía, les priva de derechos fundamentales y les deja en una situación de vulnerabilidad inaceptable”.
La asociación lamenta “la campaña sostenida de estigmatización y desprecio” por parte del ejecutivo con el objetivo “alimentar la desinformación y la propagación de bulos sobre la gestación subrogada, así como el odio hacia nuestras familias”. A favor de la gestación subrogada alega dos principios. El primero, la libertad de la mujer para decidir cuándo y cómo se queda embarazada: “En medicina y en bioética se entiende como autonomía”. El segundo, la gestación subrogada como un tratamiento de medicina reproductiva, “una técnica de reproducción asistida, en la que interviene una donación de la capacidad reproductiva”.
Posturas irreconciliables
El feminismo organizado y sectores de la izquierda mantienen su rigidez en su rechazo de pleno negándose a pactar con lo que asumen como “una forma de explotación reproductiva y de violencia obstétrica”. Los defensores, principalmente asociaciones de padres implicados y partidos de corte liberal, la reclaman como un derecho reproductivo y hacen hincapié en los casos de infertilidad estructural. Piden una regulación garantista, al tiempo que admiten que habrá dilemas éticos relevantes.
En las propuestas legales españolas para la gestación subrogada se citan modelos extranjeros, a pesar de que su adaptación sería compleja dada la idiosincrasia cultural, legal y social de cada país. Reino Unido, por ejemplo, sigue un modelo altruista regulado. Prohíbe explícitamente cualquier tipo de remuneración más allá de los gastos justificados. Canadá contempla la gestación subrogada altruista bajo un marco legal muy estricto, prohibiendo pagos y exigiendo estrictos controles médicos, psicológicos y legales para ambas partes.
En Estados Unidos, algunos estados como California permiten la modalidad monetaria, con contratos legalmente vinculantes y sistemas de supervisión judicial. En Portugal, la gestación subrogada se admite bajo circunstancias excepcionales (infertilidad grave), sin ánimo de lucro y con garantías de seguimiento médico y judicial. Grecia autoriza solo la altruista y bajo estrictas condiciones médicas.