El inicio del curso político trae consigo una de las cuestiones económicas más relevantes para millones de trabajadores en España: la nueva subida del SMI.
El salario mínimo interprofesional se ha convertido en una de las banderas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ya ha dejado claro que una de sus primeras prioridades tras el verano será convocar a los expertos y a los agentes sociales para actualizar su cuantía.
En 2025 el SMI está fijado en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Eso equivale a 16.576 euros anuales. Esta cifra ya supuso un aumento de 50 euros mensuales respecto a 2024.
Pero el Gobierno no se conforma y planea una nueva revalorización que prepare el terreno para cumplir con el objetivo marcado para 2026.
El objetivo del 60% del salario medio
El compromiso del Ejecutivo es situar el SMI en el 60% del salario medio español. Esta meta no es arbitraria, sino que responde tanto a la Carta Social Europea como a la directiva europea sobre salarios mínimos, que buscan garantizar que ningún trabajador cobre menos de un umbral considerado justo y digno.
Lograr que el SMI alcance ese 60% implica reforzar la equidad social y reducir la brecha salarial. Según cálculos preliminares, este objetivo podría situar el salario mínimo por encima de los 1.200 euros en los próximos años, dependiendo de cómo evolucione el salario medio en España.
Si finalmente el Gobierno avanza en la actualización del SMI en los próximos meses, se trataría de la segunda subida en lo que va de año. La primera, aplicada en enero, elevó la cuantía desde los 1.134 euros hasta los 1.184 euros brutos al mes. Ahora, Trabajo busca que el incremento adicional permita seguir una senda progresiva que evite un desfase en 2026.
Yolanda Díaz ha señalado en varias ocasiones que la política salarial del Ejecutivo no solo pretende mejorar las condiciones de los trabajadores con menores ingresos, sino también impulsar el consumo interno y equilibrar la economía en un contexto de inflación moderada.
El papel de la mesa de expertos
La decisión sobre cuánto subirá el SMI no se toma de manera improvisada. El Ministerio de Trabajo convocará en septiembre a la mesa de expertos para estudiar el escenario económico y recomendar una cifra concreta. Este grupo de especialistas analiza variables como el crecimiento del PIB, la inflación, la evolución del empleo y el coste de la vida en cada comunidad autónoma.
La propuesta de los expertos servirá como base de negociación con patronal y sindicatos. Aunque no siempre hay consenso, el Ejecutivo se apoya en estos informes para justificar las decisiones sobre el SMI.
La subida del SMI es siempre objeto de debate entre sindicatos y patronal. Las organizaciones sindicales defienden incrementos significativos para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos.
La CEOE, en cambio, suele mostrar reticencias argumentando que subidas demasiado rápidas del SMI pueden poner en riesgo la viabilidad de pequeñas empresas y autónomos.
El Gobierno, por su parte, insiste en que las sucesivas revalorizaciones del SMI en los últimos años no han destruido empleo y que, por el contrario, han contribuido a reducir desigualdades. De hecho, España ha experimentado un fuerte crecimiento del empleo en paralelo a la política de incrementos salariales.