Pese a las reiteradas llamadas al entendimiento entre energéticas y Gobierno por parte de los ciudadanos, el cierre de la central de Almaraz está cada vez más cerca. La instalación, que genera el 7% de la energía consumida en España, es la primera en el calendario del apagón nuclear previsto por el Gobierno. El día de su parada definitiva está fijado el 1 de noviembre de 2027. En esa fecha, Iberdrola, Endesa y Naturgy, principales propietarias de la central con un 53%, 36% y 11% respectivamente, deberán presentar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la solicitud formal de cierre. Aunque desde Almaraz ya preparan la transición al desmantelamiento de manera “segura y eficiente”, tal y como informó el complejo en un comunicado. Mientras tanto, las asociaciones de la región continúan ejerciendo presión al Gobierno central y exigiendo una prórroga del cierre de la central.
Aún hay tiempo
Para prolongar la vida de la estación de Almaraz, las compañías deben cumplir los criterios fijados por Moncloa. Garantizar la seguridad, la viabilidad económica sin costes para el contribuyente y la estabilidad del suministro eléctrico. Además de presentar una postura unificada entre los propietarios. Hasta ahora, Iberdrola y Endesa han solicitado la extensión sin contar con el respaldo de Naturgy ni EDP, lo que complica las negociaciones. Aun así, el Ejecutivo mantiene su compromiso con el desmantelamiento progresivo, según lo previsto en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos.
El cierre de la primera de las centrales ha provocado movilizaciones constantes en contra de la medida. Para ejercer mayor presión, la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’ ha convocado este sábado, 4 de octubre, una manifestación en Navalmoral de la Mata. El acto contará con el respaldo de más de 80 instituciones y colectivos que firmarán un manifiesto conjunto, en el que se reclamará “evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz”.
Miedo al olvido
En la región existe el miedo a que con el cierre de la central se “mate a la Comarca del Campo Arañuelo“, señala Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís. La asociación estima que la clausura de la estación de Almaraz conllevará la pérdida de 4.000 empleos directos e indirectos, así como alrededor del 5% del PIB extremeño.
En la misma línea, Irene Ropero, presidenta de la Asociación de Mujeres del mismo pueblo del que es alcalde Sánchez, denuncia: “Me gustaría que mi nieta pudiera tener un puesto de trabajo aquí, y vivir en su tierra, donde están sus raíces”. Y añade: “Ya está bien de que los extremeños nos tengamos que ir siempre a otros países, a otras regiones, porque nuestra tierra sea la olvidada“.
La presión ha escalado hasta Bruselas. El Parlamento Europeo, a petición de la asociación presidida por Sánchez, enviará una misión de eurodiputados a la central cacereña entre la primera y la segunda semana de febrero de 2026. Para la organización, conocedora de que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara recibe más de 10.000 solicitudes diarias, es “todo un hito” que Bruselas atienda su reclamación. La delegación tendrá como objetivo evaluar de cerca las consecuencias sociales, económicas y energéticas del cierre proyectado. Especialmente tras incidentes recientes como el apagón que dejó sin suministro eléctrico a todo el país durante casi 24 horas en algunas zonas. “Lo que evidencia la fragilidad de la red eléctrica nacional”, según reconocen desde ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’.
En contra del cierre
En el plano político, el pasado mes de febrero el Gobierno español sufrió un claro revés parlamentario respecto a las nucleares. El Congreso aprobó una proposición no de ley (PNL) que reclama frenar el cierre programado de las centrales y adoptar medidas que garanticen su viabilidad económica. La votación evidenció la división política. PP, Vox y PNV apoyaron la PNL con 171 votos a favor, mientras que PSOE, Sumar y sus socios de gobierno se opusieron con 164 votos. ERC se abstuvo junto a Junts, sumando 14 abstenciones. Como curiosidad, entre los ausentes destacó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no participó en la votación.
Aunque esta iniciativa no tiene valor legislativo, sirve como termómetro del debate energético que atraviesa España. Y refleja la preocupación de sectores políticos y territoriales sobre el impacto económico y energético del cierre de estas instalaciones. Para Fernando Sánchez, la política nacional escapa a la realidad de la región. La asociación cuenta con el respaldo de todo tipo de personalidades, independientemente de la ideología: “Es de la sociedad civil, contamos con el apoyo de alcaldes de todos los signos políticos. El de Almaraz, sin ir más lejos, es socialista”, defiende el presidente de la organización.
Calendario para la desnuclearización
Las eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz deberán cumplir con lo establecido en la Orden TED/773/2020, de 23 de julio, que fijó hace cinco años el calendario formal de cierre de las centrales nucleares en España. Según esta normativa, la planta cacereña mantendría su actividad unos años más, hasta alcanzar el cese definitivo de ambos reactores. El primero en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028. El plan del Gobierno tiene más fechas señaladas hasta alcanzar la desnuclearización total. Las siguientes plantas en el calendario son: Ascó I, a finales de 2030; Cofrentes, el 30 de noviembre de ese mismo año; Ascó II, a finales de 2031; Vandellós II, en 2034; y Trillo, el 16 de noviembre de 2034.
El desmantelamiento en España contrasta con las decisiones recientes tomadas en Europa. En julio de 2022, el Parlamento Europeo reconoció la energía nuclear como “verde”, al menos hasta 2045. Esta norma complementa el Reglamento (UE) 2020/852 sobre la taxonomía de inversiones sostenibles, sin necesidad de que los Estados miembros la transpongan. La decisión, adoptada bajo un contexto de crisis energética, equipara la nuclear al gas natural como fuente “respetuosa con el medio ambiente”.
El cierre de Almaraz se acerca mientras la región se moviliza para intentar frenarlo. Entre manifestaciones locales, iniciativas en Bruselas y debates parlamentarios, la central se mantiene en el centro de la tensión entre Gobierno, energéticas y ciudadanos. Lo que representa no solo un cambio de modelo, sino también la lucha por el futuro económico y social de Extremadura.