Septiembre reactiva la ‘contrarreloj’ de las eléctricas para posponer el cierre de las nucleares

El tira y afloja entre Gobierno y eléctricas a cuenta del apagón nuclear va a ir a más estas semanas. Superado el mes de agosto, las eléctricas, con el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y el CEO de Endesa José Bogas a la cabeza, esperan tener una reunión este septiembre con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. La bronca entre Ejecutivo y eléctricas a cuenta del desmantelamiento de las centrales nucleares se ha enconado en los últimos meses, y el apagón de abril fue un punto de inflexión. El Gobierno lleva ya un tiempo exigiendo a las eléctricas que si quieren posponer el cierre de las nucleares presenten una propuesta fundada, sólida y concreta. Las compañías ya movieron ficha este verano. Ahora le toca al Ejecutivo escuchar.

Lo que suceda en las próximas semanas será cuestión de ahora o nunca: las empresas entienden que la continuidad de las nucleares es viable reduciendo la carga fiscal del negocio.. Para ello, han puesto su ojo en las ecotasas autonómicas de Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cataluña, las regiones en las que hay reactores. El PP, por su parte, ha hecho suyas las reivindicaciones de las eléctricas en los últimos meses, y los de Alberto Núñez Feijóo gobiernan en Extremadura y en la Comunidad Valenciana. No obstante, los gobiernos de Salvador Illa y Emiliano García-Page también han mostrado disposición a escuchar. Los astros empiezan a alinearse y el balón está en el tejado de Transición Ecológica.

El reloj corre

La voz cantante la llevan Iberdrola y Endesa, pero también Naturgy y EDP esperan contar con el plácet del Gobierno una vez trascienda el detalle de su propuesta “irrechazable”. Para eso, las eléctricas esperan tener, al menos, la oportunidad de sentarse con la ministra Aagesen. El Gobierno, estos últimos meses, ha sido tajante: que primero las empresas se pongan de acuerdo entre sí. Parece que hay ya mimbres de ello.

El tiempo apremia: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya advirtió en julio de que las compañías deben enviar la documentación técnica relativa al cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres, Extremadura) tan tarde como noviembre de este año. El fin de esta planta no está por ahora en discusión, siendo la primera del calendario de desmantelamientos: primero Almaraz I, en noviembre de 2027, después Almaraz II, en octubre de 2028. Ascó I y Cofrentes, en octubre y noviembre de 2030; Ascó II, en septiembre de 2032 y Vandellós II, en febrero de 2035, año en el que también cerrará Trillo. Así consta en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

El aviso del CSN no fue casual y el sector lo leyó como una forma de presión por parte del Ejecutivo: si quieren evitar el cierre escalonado y acordado de plantas nucleares, el momento es ahora.

Qué dice el Gobierno

A pesar de que el reloj corre y Almaraz es el termómetro de la polémica, algunas fuentes del mercado consideran que la prórroga todavía sería posible si viera la luz una propuesta definitiva de las eléctricas tan tarde como a principios de 2026. Las compañías, eso sí, no van a jugar con fuego ni van a esperar tanto, ya que si el debate continúa encontrándose algunas centrales se verían obligadas a parar durante meses. Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha insistido entre finales de julio y mediados de agosto en una idea: “Hoy por hoy no tenemos ninguna petición de ampliación de las nucleares, ni siquiera se han puesto de acuerdo las propias empresas titulares de las centrales para realizar esa petición”.

En las últimas semanas el sector ha ido analizando los costes que supondría continuar operando las nucleares varios años más (se cifra en unos 15 millones la adaptación de las instalaciones para seguir operándolas), y las primeras conclusiones señalan a la carga fiscal que soporta esta fuente de generación. El Gobierno, además, no quiere oír hablar de rebajas impositivas, aunque en el seno del Consejo de Ministros ya se ha visto división: Yolanda Díaz rechaza el plan de continuidad de las eléctricas mientras que Aagesen sí ha mostrado disposición a su análisis. Sobre todo, teniendo en cuenta que serían las comunidades autónomas las primeras señaladas y las primeras dispuestas.

Carga fiscal

Las eléctricas sufrieron un gran revés cuando el Gobierno anunció el año pasado el incremento de un 30% en la tasa Enresa, que no es un impuesto sino una aportación que las eléctricas hacen a un fondo común que será el encargado después de gestionar los desechos radiactivos y el desmontaje de los reactores, y que gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA). Esta tasa subió un 30% después de que el Gobierno descartara a finales de 2023 un almacén temporal centralizado de residuos en Cuenca, por no contar con el apoyo de Castilla-La Mancha. Que ese almacén no se construyera encareció el nuevo Plan General de Residuos Radioactivos en unos 2.000 millones.

Pero con lo que las eléctricas no comulgan es con que además de aportar a la tasa Enresa también paguen tributos por la producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares, además de ecotasas autonómicas, valoradas en 266 millones de euros en 2024 según los datos recogidos por la consultora PwC. Sería esa duplicidad la que el sector espera atajar convenciendo al Gobierno central y con las comunidades en sintonía.

Batalla política

Además de que las negociaciones de las eléctricas con el Gobierno comiencen (o se planteen siquiera), en septiembre también se reactivará la tramitación parlamentaria de una proposición del PP que llegó a la Cámara Baja en abril y que el Congreso en pleno aceptó a trámite en junio. Se trata de una propuesta para “garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético” que obtuvo el visto bueno de las Cortes con 171 votos a favor del PP y Vox, 7 abstenciones de Junts y el no del PSOE, Sumar y del resto de sus socios.

Los populares han defendido con énfasis la pervivencia de la generación nuclear en la red eléctrica española, especialmente desde que a los pocos días del gran apagón de abril algunas teorías cuestionaran la estabilidad del sistema por la falta precisamente de nucleares. “Con el apagón vimos las consecuencias del sectarismo de este Gobierno en materia energética”, denunciaba el secretario general popular, Miguel Tellado, el pasado mes de junio. Después de que el Gobierno viera cómo el decreto antiapagones decaía a mediados de julio, el PP de Feijóo espera que la revisión del PNIEC para 2026 en materia de incendios forestales y nucleares así como el prometido pacto de Estado por el cambio climático sea una oportunidad para sacar adelante su proposición.

Entre tanto, la batalla política se seguirá recrudeciendo. Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, dijo este mismo verano que sin haber recibido ninguna propuesta concreta de las eléctricas dudaba de si lo que estaban haciendo era “escenificar ante la prensa que no quieren ser las responsables del cierre”. El Gobierno mantiene un relato. Sánchez en mayo incidió en que “no hay un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles para España”. Serán las eléctricas las que tendrán ahora que demostrar que un fin abrupto de esta tecnología tampoco es lo deseable.