Indra afronta el miércoles, 29 de octubre, un consejo de administración decisivo, con el vencimiento de mandato del 40% de sus miembros. En concreto, finalizan los cargos de cinco vocales independientes -algunos de ellos muy críticos con la gestión de Ángel Escribano-, además de uno de los tres vocales dominicales de la SEPI. Más allá del orden del día formal de la reunión, el pulso interno entre accionistas, marcado por las discrepancias de SAPA Placencia, anticipa una cita de alta tensión. La sesión, prevista inicialmente para hoy, se pospuso 24 horas.
La guerra interna contrasta con el comportamiento bursátil de la compañía. Indra volvió a marcar ayer un récord tras subir un 7,52%, hasta los 49,46 euros por acción. En los últimos cinco días, al calor de la prefinanciación de los megacontratos de defensa, sus títulos se han revalorizado un 16,65%. Su capitalización bursátil supera ya los 8.737,3 millones de euros, 1.202 millones más que el pasado 15 de octubre. Un dato nada menor cuando se está ultimando la valoración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que marcará la ecuación de canje de la operación.
De esta forma, junto a la renovación de los consejeros, el cierre de la compra de Hispasat y los avances en la fusión con EM&E, vocales independientes llegan con un profundo malestar por las acciones internas de descrédito contra SAPA. Este es el tercer accionista de Indra con un 7,94%, valorado en 693,7 millones. Según apuntan a Artículo14 fuentes del ámbito de los consejeros independientes, desde la presidencia se habría promovido la elaboración de un informe contra la familia Aperribay.
Posición interna
Según estas mismas fuentes, Manuel Escalante, directivo de Indra, habría sido el encargado de recopilar informaciones para dañar el prestigio de los dueños de SAPA, críticos con la fusión con EM&E. Cabe recordar que Escalante fue directivo de Indra durante la etapa de Marc Murtra y que, tras su cese, recaló en EM&E, desde donde fue contratado nuevamente, a principios de año, como Chief Technology Officer (CTO) por Indra. En esta campaña también habría participado -según estas fuentes- Aleix San Martín, experto en campañas políticas. Tras ser fichado por Indra, forma parte de un comité interno que sigue la fusión con EM&E.
En este contexto, tal y como publicó El Confidencial, el dossier cuestionando la gestión y las cuentas de la empresa vasca ha llegado a los medios de comunicación. Para el grupo vasco, más allá de la rivalidad sectorial, si culmina la fusión a través de una ampliación de capital su participación en el capital puede verse diluida. A su vez, el anuncio de un acuerdo estratégico de SAPA con General Dynamics, matriz de GDELS-Santa Bárbara, tampoco habría sido bien visto desde la española.
Conflicto interno
Para vocales independientes, el hecho de que Indra hubiera promovido algún tipo de acción contra uno de sus accionistas situaría a la compañía ante un posible riesgo de administración desleal. Un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal, que sanciona el uso del patrimonio social en perjuicio de la sociedad o de sus socios, excediéndose el administrador de las facultades concedidas. En cualquier caso, al ser Indra una compañía cotizada, corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su supervisión
Este conflicto interno coincide con el vencimiento de mandato de cinco consejeros independientes y su actualización con nombramientos afines a Ángel Escribano, que no obstaculicen la fusión con EM&E. En este sentido, hoy finalizan los cargos de Virginia Arce, Coloma Armero, Belén Amatriain, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán. En el ámbito de los independientes, en mayo de 2025 se abordó la primera parte de la renovación con la incorporación de Eva Fernández y Oriol Pinya. A su vez, en el último consejo se aprobó la designación de Teresa Busto. Por parte de la SEPI, en el vencimiento de cargos previo optó por renovar a todos sus vocales —Antonio Cuevas y Miguel Sebastián—, por lo que parecería lógica la continuidad de Juan Moscoso.
Presión al Gobierno
Sin embargo, en una empresa como Indra, que se posiciona a sí misma como tractora de la industria de defensa nacional y a la que se han adjudicado casi 6.900 millones de euros en prefinanciación para los programas, la presión sobre el Gobierno por su gestión va en aumento. Según las mismas fuentes independientes, ya habría más de una voz que apremia al Ejecutivo a relevar a Ángel Escribano como presidente de la compañía. A través de la SEPI, el Estado es el primer accionista de Indra -y, a su vez, el principal beneficiario del éxito de la compañía en las adjudicaciones-.
Una vez creada una comisión interministerial con los ministerios de Defensa e Industria, y con la Moncloa siguiendo de cerca la ejecución de los programas de modernización bajo la coordinación de Manuel de la Rocha, algunas fuentes apuntan a la figura de Carlos Ocaña, vicepresidente del consejo de administración de Telefónica, como un futuro candidato al máximo órgano de administración de Indra. Para el Ejecutivo -como han señalado reiteradamente fuentes de Defensa-, la participación de las empresas españolas en los programas de defensa es estratégica. Y una figura que contribuya a rebajar la tensión en la industria -patente, por ejemplo, en el desacuerdo con GDELS o el punto de mira sobre SAPA- sería bien vista.
Por su parte, Indra ha tendido el guante y el próximo jueves, 30 de octubre, celebrará su II Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, bajo el lema “Innovar, avanzar, crecer. Juntos, más fuertes”. Este encuentro pretende ser una muestra de su apuesta por ejercer el papel de tractor encomendado. Tendrá lugar un día después del consejo y, con toda probabilidad, los movimientos dentro de este no pasarán desapercibidos dentro del sector.