El Partido Popular pretende abrir las puertas del Congreso de los Diputados “a las víctimas” afectadas por pagos indebidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La petición de comparecencia ha sido firmada por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el objetivo es escuchar a algunas de las afectadas por este caso.
Aún no hay fecha exacta, pero los populares esperan que sea calendarizada próximamente. En concreto, han pedido la comparecencia de Leire Ahedo Villalba para explicar, como parte del colectivo afectado, los problemas que están viviendo “muchos hogares vulnerables” por las reclamaciones de la Seguridad Social relacionadas con cobros indebidos del IMV.
De la misma forma, Tellado también ha solicitado la presencia en el Congreso de la profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, Pepa Burriel Rodríguez Diosdado, para que exponga -como experta y colaboradora de ATD Cuarto Mundo España– la reclamación colectiva presentada por la entidad en apoyo al colectivo de personas afectadas por el IMV, así como los fallos de diseño de esta prestación y posibles mejoras para que realmente proteja a los hogares más vulnerables.
Fuentes populares defienden que “hay que prestar más atención” a estas víctimas. “Queremos que toda la Cámara escuche lo que está ocurriendo”.
Problemas de gestión
Según denuncia el PP, acogiéndose a estos testimonios, han surgido múltiples problemas principalmente con el sistema de gestión del IMV, con las solicitudes y con la realización de los pagos en tiempo. La Seguridad Social ha exigido a numerosas familias que devuelvan cantidades que ya han cobrado, en muchos casos sin dar explicaciones claras ni comprobar si el error fue administrativo, según los populares.
Esta situación está generando “gran incertidumbre y angustia en hogares vulnerables que, lejos de haber cometido fraude, simplemente han sido víctimas de un sistema poco claro y mal comunicado, como es el caso de Leire”, en opinión del principal partido de la oposición.
La Seguridad Social llegó a suspender la ayuda estatal para personas en situación de pobreza, lo que muestra – a ojos del PP- un exceso de burocracia y la existencia criterios técnicos difíciles de entender.
En el IMV también se ha convertido, rematan las fuentes consultadas, en una barrera para las personas que aun cumpliendo el perfil de pobreza quedan fuera del sistema por no poder justificar ingresos formales, por vivir en situaciones de vivienda irregular o por no cumplir con requisitos administrativos que no se ajustan a su realidad.