El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para revertir los efectos colaterales de la Ley de Paridad, aprobada en agosto de 2024, que eliminó por error la protección frente al despido para trabajadores que ejercen derechos de conciliación laboral y familiar. Con esta iniciativa, el PP pretende recuperar de forma urgente esas garantías legales, que desaparecieron tras la modificación de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores incluida en la nueva normativa sobre representación paritaria. La iniciativa fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso el pasado 17 de septiembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales días después.
La exposición de motivos advierte de que la redacción actual de la Ley de Paridad ha generado un vacío legal que deja sin protección frente al despido a trabajadores —en su mayoría mujeres— que están ejerciendo derechos de conciliación reconocidos previamente en el ordenamiento jurídico español. Entre las medidas afectadas se encuentran el permiso retribuido de cinco días por accidente o enfermedad grave recogido en el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores, así como las adaptaciones de jornada del artículo 34.8. Antes de la aprobación de la Ley de Paridad, estas situaciones contaban con protección expresa frente a despidos, en línea con la Directiva Europea 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional.
Este cambio normativo se originó durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Paridad, cuando se introdujeron enmiendas de los grupos PSOE y Sumar para corregir errores acumulados en leyes anteriores, como la Ley Trans y la Ley del “solo sí es sí”. Según el GPP, esta modificación dejó de incluir entre los supuestos de despido nulo a los trabajadores que disfrutan de medidas de conciliación, lo que supone “una grave desprotección e inseguridad jurídica”.
La proposición del PP plantea una reforma concreta y limitada de la Ley Orgánica 2/2024 para corregir esta situación y restituir los apartados del Estatuto de los Trabajadores que garantizaban la nulidad de los despidos en estos casos. El texto modifica la letra b) de los artículos 53.4 y 55.5 del Estatuto, reincorporando la protección a trabajadores con permisos de conciliación, adaptaciones de jornada o excedencias, así como a víctimas de violencia de género y violencia sexual que ejercen sus derechos de protección.
El grupo proponente argumenta que esta corrección es necesaria para evitar que los trabajadores se encuentren “tan desamparados como las víctimas de violencia sexual”, que tuvieron que esperar más de un año y medio para ver solucionados errores legislativos anteriores. Con esta reforma, el PP busca restaurar la seguridad jurídica y alinearse nuevamente con las exigencias europeas en materia de conciliación laboral y familiar.
La iniciativa parlamentaria se enmarca en un debate más amplio sobre el impacto real de la Ley de Paridad, que, aunque busca fomentar la igualdad en la representación institucional, ha generado efectos colaterales no previstos en el ámbito laboral. La propuesta del PP supone así una respuesta legislativa rápida y focalizada para subsanar uno de los puntos más polémicos de la normativa vigente.