Las grandes decisiones de la banca se toman en los despachos y en los consejos de administración, a puerta cerrada, en las plantas nobles de los edificios. Pero el caso de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell está teniendo giros inesperados, donde la ciudadanía, la gente de a pie, también tiene mucho que decir.
En la tercera fase en la que acaba de entrar esta operación, el Gobierno tiene que decidir si la fusión perjudica o no el interés general. Y en lugar de tomar la decisión de forma unilateral, ha decidido, en un movimiento sin precedentes, abrir una consulta pública. Desde este martes y durante quince días hábiles, cualquier ciudadano, asociación o empresa va a poder entrar en la página web del ministerio de Economía y rellenar el formulario. La propia OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ya ha anunciado que piensa plantear alegaciones porque le preocupa que, de completarse esta OPA, se cierren sucursales en zonas poco pobladas y rurales y que eso afecte a los clientes.
Las patronales y asociaciones podrán participar
Una vez que finalice este medio mes de consulta, el ministerio tendrá que recopilar toda la información recibida (que puede ser muy abundante) y que servirá como un elemento más a tomar en cuenta para decidir si eleva este asunto al Consejo de Ministros. En todas las apariciones públicas del Gobierno desde hace un año, siempre se ha pronunciado en contra de esta operación y, además, cuenta con la presión de sus socios políticos catalanes y de las patronales de la comunidad autónoma que temen una restricción del crédito para las pymes, si finalmente el BBVA se hace con los dos bancos.
Con esta consulta pública, las diferentes patronales y asociaciones tienen una nueva oportunidad para tomar partido, ya que no pudieron intervenir en la segunda fase del análisis de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). La OPA acumuló hasta 80 alegaciones que eran en su mayoría contrarias a la compra del Sabadell, pero que fueron desestimadas en el análisis del regulador. Ahora, en esta consulta pública, pueden exponerle al Gobierno todos los asuntos que consideren siempre y cuando tenga relación con el interés general y no con la competencia.
Los accionistas decidirán
Si se diera el visto bueno del Ejecutivo, volverían los ciudadanos, en este caso los accionistas, a decidir sobre un asunto bancario de máximo nivel. Y no solo los pesos pesados, los grandes fondos de inversión que cuentan con millones de euros en acciones, también los pequeños accionistas que, en el caso del Sabadell, supone la mitad del total.
A 31 de marzo de 2025, BBVA contaba con 5.763.285.465 acciones en circulación. El número de accionistas alcanzaba los 690.635 y por tipo de inversor, el 64,65% del capital pertenecía a inversores institucionales y el 35,35% restante estaba en manos de accionistas minoristas.
En el Banco Sabadell y según los últimos datos públicos del segundo trimestre del 2024, hay 196.497 accionistas en total, de los cuales el 50% son minoristas. De esos 98.000, el 80% además son clientes del banco catalán, así que de nuevo en esta OPA, los propios clientes que acuden a las sucursales, que tienen su dinero en la entidad, tendrán mucho que decir sobre la idoneidad de convertir los dos bancos en uno solo.
En el formulario del ministerio, se plantea si hay criterios de interés general que puedan verse afectados por la operación. Plantea varias posibilidades, como la defensa y la seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas, la protección del medio ambiente o la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos. También pregunta por el impacto estimado y si hay medidas que permitan proteger esos criterios de interés general. Unas preguntas de rápida respuesta y un buzón donde añadir alegaciones de libre acceso para cualquier persona hasta el 16 de mayo que finaliza el plazo. El jueves el banco publicará los resultados del primer trimestre de este año y la cúpula podrá dar su opinión sobre la consulta pública. Una OPA más de la calle que de los despachos.