El modelo sanitario de Muface ha vuelto al centro del debate público tras meses de tensiones, incertidumbres y negociaciones intensas entre el Gobierno y las aseguradoras privadas. La firma del nuevo concierto el pasado 1 de mayo con Adeslas y Asisa no ha despejado todas las incógnitas. Al contrario. Ha puesto sobre la mesa la fragilidad de un sistema heredado del franquismo, cuestionado por amplios sectores políticos y sociales.
El nuevo acuerdo garantiza la cobertura sanitaria para más de 700.000 mutualistas y sus familias hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero el precio ha sido alto. Hablamos de 4.808 millones de euros y una negociación inédita que ha dejado heridas abiertas y muchas dudas sobre el futuro de Muface.
Un acuerdo forzado tras una negociación sin precedentes
La última negociación del concierto de Muface ha sido, según diversas fuentes, la más dura que se recuerda. Por primera vez, las aseguradoras privadas dejaron desierta una licitación, forzando al Ejecutivo a elevar en tres ocasiones su oferta económica. El resultado: 1.276 millones de euros más que en el anterior convenio para evitar el colapso del sistema.
El acuerdo fue sellado in extremis el 30 de abril por la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y las compañías Adeslas y Asisa. Ambas partes destacaron la voluntad de diálogo. Pero lo cierto es que las grietas en el modelo de Muface ya no se ocultan. Ni el Gobierno, ni los sindicatos, ni las propias aseguradoras consideran que el sistema pueda mantenerse sin reformas profundas.
El ministro de Función Pública, Óscar López, admitió en plena negociación que Muface no es un sistema perfecto y que necesita reformas. Desde su propio departamento se deslizó la idea de abrir una reflexión a fondo sobre el modelo, que en esencia permite a los funcionarios elegir entre sanidad pública o privada. Una elección que hasta ahora solo podía hacerse una vez al año, en enero. Pero que con el nuevo concierto se podrá realizar dos veces anualmente.
Este cambio es significativo. Especialmente tras la fuga de más de 45.000 mutualistas del sistema privado al público en los primeros meses del año, mientras se aplicaba una prórroga forzosa del concierto. Un éxodo que casi duplicó las cifras del año anterior y que reflejó la incertidumbre y desconfianza hacia Muface por parte de los propios beneficiarios.
El papel de la AIReF y las propuestas de reforma
Durante la crisis, el Gobierno citó un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como posible base para rediseñar Muface. El informe, publicado a finales de marzo, planteaba una reforma profunda del modelo: convertir la mutualidad en un sistema voluntario y permitir la incorporación progresiva de nuevos funcionarios a la sanidad pública.
Según la AIReF, esta transformación de Muface permitiría racionalizar recursos, reducir gastos y eliminar duplicidades. Además, el informe desmontaba el argumento central de las aseguradoras, que alegan que las primas por mutualistas son menores que el coste por paciente de la sanidad pública. La AIReF demostraba que muchos funcionarios optan por la sanidad pública cuando se enfrentan a enfermedades graves, dejando a las aseguradoras los casos menos costosos.
Sanidad pública frente a aseguradoras privadas
El modelo dual de Muface enfrenta una contradicción de fondo. Mientras el Estado paga a aseguradoras privadas por cubrir la salud de sus funcionarios, un número creciente de ellos prefiere la sanidad pública. Según datos de Función Pública, dos de cada tres nuevos funcionarios escogen directamente la Seguridad Social al incorporarse.
Este cambio de tendencia refuerza el argumento de quienes, como la ministra de Sanidad, Mónica García, defienden el final del modelo Muface. En una columna reciente, García señalaba que la sanidad pública no se mueve por criterios de rentabilidad y criticaba abiertamente la actitud de las aseguradoras, a las que acusó de seleccionar pacientes y de retirarse cuando el negocio no resulta rentable.
Su departamento llegó a publicar un informe que calificaba de “viable y razonable” la extinción progresiva de Muface y su integración plena en el sistema nacional de salud. Aunque por el momento el acuerdo firmado garantiza la continuidad del modelo durante tres años más, el horizonte de 2027 vuelve a sembrar incertidumbre.