La Agencia Tributaria española se enfrenta a una ofensiva legal inédita liderada por uno de los bufetes más influyentes del panorama internacional. El despacho Amsterdam & Partners LLP, con sedes en Estados Unidos y Reino Unido, ha iniciado una campaña sin precedentes contra Hacienda, anunciando acciones legales simultáneas ante tribunales nacionales e internacionales.
El epicentro de esta batalla será España. Sin embargo, sus ramificaciones alcanzarán también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y organismos como la OCDE.
Una ofensiva legal coordinada desde el extranjero
El fundador del bufete, el abogado Robert Amsterdam, ha visitado España en varias ocasiones en los últimos meses con un objetivo claro: reunir pruebas, articular denuncias y lanzar una ofensiva legal y mediática contra Hacienda. Según ha declarado, las primeras acciones legales se presentarán en Europa en cuestión de semanas.
La estrategia jurídica de Amsterdam se basa en múltiples argumentos que, a su juicio, evidencian graves irregularidades en el funcionamiento de Hacienda. Entre ellos destaca el sistema de incentivos a los inspectores fiscales, la supuesta falta de independencia de los Tribunales Económico-Administrativos y el uso indebido de datos personales de los contribuyentes.
Críticas al funcionamiento interno de Hacienda
Uno de los ejes centrales de la denuncia se centra en lo que Amsterdam califica como un sistema opaco e injusto. El abogado sostiene que Hacienda incentiva económicamente a sus inspectores para que practiquen regularizaciones fiscales. Incluso en casos dudosos. Y que, cuando los tribunales acaban dando la razón al contribuyente, las devoluciones son parciales o inexistentes.
Además, critica duramente a los Tribunales Económico-Administrativos, dependientes del Ministerio de Hacienda, al considerar que no son órganos imparciales. Según Amsterdam, obligar a los ciudadanos a agotar esa vía durante años antes de poder acudir a la justicia ordinaria vulnera su derecho a una tutela judicial efectiva.
También apunta contra prácticas administrativas que, a su juicio, rozan lo fraudulento. Señala, por ejemplo, cómo en ocasiones se modifican mínimamente los procedimientos para evitar que prescriban, manteniendo así abiertos expedientes durante años. Y añade un argumento de peso: se invierte la presunción de inocencia, dando más valor a los informes de los inspectores que a las declaraciones de los contribuyentes. Algo que ya analiza el Tribunal Supremo.
De la ‘Ley Beckham’ a una guerra abierta
El caso que dio origen a esta ofensiva legal fue la denuncia de varios clientes extranjeros residentes en España que, tras acogerse a la conocida ‘Ley Beckham‘, fueron objeto de inspecciones fiscales por parte de Hacienda. Esta normativa permite a determinados extranjeros tributar un 24% fijo de IRPF sin incluir su patrimonio mundial. Un régimen que la Agencia Tributaria asegura haber revisado solo en un 0,5% de los casos acogidos, de un total de 37.000.
Para Hacienda, estas inspecciones responden a un ejercicio de control legítimo. Sin embargo, Robert Amsterdam sostiene que se trata de una campaña de hostigamiento, convertida ahora en una cruzada legal que cuestiona el conjunto del sistema fiscal español. Según afirma, la Agencia Tributaria no puede actuar como un carterista institucionalizado. Un mensaje que ya ha empezado a reproducirse en medios internacionales a través de anuncios pagados por su bufete.