En el presente ejercicio, más del 30% de los autónomos cerrará con pérdidas, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). En gran parte debido a la incertidumbre regulatoria, los profesionales independientes encaran un 2026 en un contexto lleno de expectativas y retos, ya que varios anuncios que se esperaba concretar este año han sido pospuestos por el Ejecutivo. Así, en el próximo, el Gobierno se enfrenta a una de esas patatas calientes que, tras retrasarse, se hace cada vez más grande, pero que no puede eludir: debe ofrecer una respuesta que aporte certeza a quienes trabajan por cuenta propia.
Durante los últimos meses de 2025, la incertidumbre sobre posibles subidas de cuotas y nuevas obligaciones como la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu ha ocupado muchos titulares. Sin embargo, este diciembre, lo que por el momento parecía decididamente inamovible, ha dado un giro de 180 grados.
Subidas de cuotas de los autónomos
Después de que en el pasado mes de octubre la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, pusiera encima de la mesa hasta dos propuestas para aumentar las cotizaciones mensuales de los autónomos, el Gobierno ha optado por no modificar las cuotas que pagan los trabajadores por cuenta propia a la Seguridad Social, previsiblemente ante la falta de apoyos. La primera de las medidas, que reportaba un aumento de entre 17 y 206 euros para 2026, fue rechazada hasta por los socios de coalición.
La segunda, que proponía congelar las cuotas de los autónomos con menores ingresos y aplicar subidas más contenidas al resto, de entre 2,91 y 14,75 euros mensuales, tampoco logró los apoyos necesarios como para ser tramitada en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, Saiz, decidió dar marcha atrás y, tras la aprobación del Real Decreto-ley el pasado 23 de diciembre durante el último Consejo de Ministros del año, anunció la prórroga del actual esquema de cotización un año más.
Desacuerdo entre las asociaciones
Por parte de las asociaciones que representan a los afectados como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y ATA, la noticia fue bien recibido. Aunque sus posturas no habían sido las mismas. Mientras ATA, vinculada a la CEOE, rechazaba cualquier tipo de incremento del aporte, UPTA llegó incluso a reclamar mayores subidas para los tramos más altos de ingresos.
Parte del debate entre estas organizaciones se centraba en la justificación de los posibles incrementos, que también tenían como objetivo reforzar las prestaciones futuras de los autónomos, principalmente las pensiones o las ayudas al desempleo tras el cese de actividad. Así, UPTA consideraba razonable un aumento gradual si se traducía en una mayor protección social. En cambio, ATA rechazaba cualquier subida por considerarla un coste inmediato excesivo para el colectivo.
Entre 200 y 590 euros
De este modo, los autónomos que coticen por la base mínima seguirán abonando cuotas mensuales que oscilan entre los 200 y los 590 euros. Siempre en función de sus rendimientos netos. Son exactamente los mismos importes que se aplican en 2025. Además, el sistema permite a los autónomos modificar su tramo de cotización hasta seis veces al año. Con cambios cada dos meses, para adaptar sus cuotas a las previsiones de ingresos de su actividad.
Sin embargo, la extensión de las condiciones actuales no conlleva el cese de las aspiraciones de reforma. Será en el próximo ejercicio cuando el Gobierno vuelva a retomar el diálogo con las asociaciones de autónomos para alcanzar un pacto amplio fuera de la confrontación y con mayor flexibilidad para los distintos tramos de ingresos. Solo de esa forma verá el visto bueno posteriormente del resto de partidos en la cámara baja.
Verifactu: el otro frente que también se aplaza
Otra de las grandes incógnitas que ha acompañado a los autónomos en este final de 2025 es Verifactu. El nuevo sistema de facturación electrónica que el Ejecutivo y la Agencia Tributaria impulsan como parte de la lucha contra el fraude fiscal. Y la modernización del tejido productivo. Este esquema -diseñado para que todas las facturas emitidas queden registradas de forma inmodificable, trazable y accesible para Hacienda- iba a suponer un cambio importante en la forma de facturar de casi cinco millones de autónomos y pymes.
La normativa de Verifactu había establecido originalmente que sería obligatorio desde el 1 de enero de 2026 para empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades. Y, a continuación, desde el 1 de julio para autónomos y otras entidades afectadas. Bajo ese calendario, los emisores de facturas tendrían que adaptar sus programas o sistemas de facturación para cumplir con los requisitos técnicos. Y de seguridad que exige la Agencia Tributaria. Sin embargo, en uno de los últimos intentos por reconducir la relación con Junts, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha accedido a la petición del empresariado catalán, abanderada por los de Carles Puigdemont. Y ha decidido retrasar un año la entrada en vigor del sistema.
Ahora habrá que esperar a 2026 para ver si estos asuntos que conciernen a los trabajadores independientes se resuelven bajo previo entendimiento. O si, por el contrario, se siguen prorrogando durante más tiempo. Pese al perjuicio que la incertidumbre genera.