El Ministerio de Vivienda sólo ha ejecutado el 30% de su Presupuesto y ha desaprovechado 3.400 millones en plena crisis habitacional. Los informes de la ejecución de la prórroga presupuestaria de la Intervención General del Estado (IGAE) de 2025 que acaba de publicar Hacienda muestran que sólo se han realizado pagos por 1.412,351 millones de euros frente a unas obligaciones reconocidas netas de 4.780.983 millones. Estas cifras constatan una ejecución de sólo el 29,5% en plena crisis habitacional y cuando el acceso a la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles, y lo hace de manera creciente, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Estos datos son especialmente llamativos si se tiene en cuenta que en 2024 la ejecución del Ministerio que lidera Isabel Rodríguez fue del 99,1%, con unos pagos de 1.367,197 millones frente a unas obligaciones reconocidas netas de 1.354,355 millones.
Estos problemas con la ejecución en Vivienda contrastan con el incremento en gasto en Defensa ejecutado, de más del 50%, como ha informado Artículo14, en los dos años ya cumplidos de prórroga de los Presupuestos de 2023. Y, cuando el Real Decreto-ley de ayuda para la guerra de Irán que ha convalidado el Congreso el pasado 26 de marzo incluye un mecanismo para seguir gastando más sin Presupuestos y sin pasar por el Congreso, como publicó este medio.
La explicación del Ministerio
Vivienda ha responsabilizado a las comunidades autónomas de la falta de ejecución en los últimos meses. Fuentes oficiales del Ministerio trasladan ahora a Artículo14, sobre estos últimos datos, que la ejecución presupuestaria se divide en diferentes fases, que van desde la inicial de aprobación del gasto, hasta la final de reconocimiento de la obligación y pago material. Para el Ministerio, “la ejecución finaliza con el reconocimiento de la obligación (documento O). La fase de pago (documento K) corresponde al Tesoro, no a nosotros. Cuando el pago se hace a una empresa, se hace inmediato y completo, pero cuando es a un organismo público, el Tesoro va liberando dinero según tenga la cuenta ese organismo, para no realizar un pago que vaya a estar “parado” en una cuenta pública”.
Esto es lo que -según indican- provoca que “se vea una ejecución baja, porque posiblemente se mire el K [fase del pago] y no el O [obligación]. A 31/12/2025 nosotros habíamos reconocido una obligación de 3.300 millones a ICO por la facilidad de promoción de vivienda social, pero el Tesoro no la pagó, ya que irá haciendo los pagos progresivamente según las cuentas del ICO lo demanden. Esto es en cualquier caso una cuestión puramente técnica, de transferencias, y que no afecta al MIVAU, sino a la operativa del Tesoro”.
Por todo ello, sostienen que “la valoración real de ejecución de 2025 es del 95,82% (fase MIVAU de reconocimiento de la obligación -O-), vs el 28,31% (fase Tesoro que no depende de MIVAU, y que se asocia específicamente a un pago de 3.300 millones de euros a ICO, asociado a la facilidad PRTR de promoción de vivienda)”.
🔵La iniciativa ICO Vivienda del @ICOgob, dentro del #PlandeRecuperación y #NextGenerationEU, financia a promotores de vivienda para apoyar:
🏗️ La construcción de edificios con alta eficiencia energética
🏘️ La rehabilitación de inmuebles para mejorar su #eficienciaenergética
📈… pic.twitter.com/jkK6wwYeNu— ICO (@ICOgob) December 16, 2025
Crece la preocupación aún con la guerra
El acceso a la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles, según el último barómetro del CIS, publicado el pasado 18 de marzo. El sondeo sitúa este problema en el 43,5% de las menciones, por encima incluso del desempleo o la economía.
En el primer estudio de este tipo tras el estallido de la guerra de Irán, la crisis de la vivienda cumple 16 meses como el principal problema en España, subiendo siete décimas respecto a enero y alcanzando un nuevo máximo.
Este malestar se debe a las dificultades de acceso a un hogar por el fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario. En la última década, el precio de la vivienda ha subido un 70%, y tanto el alquiler como la compra de obra nueva y segunda mano han alcanzado niveles superiores a los de 2007.
El arranque del año mantiene esta tendencia. El precio medio de la vivienda creció un 14,3% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, un avance del 11,8% en términos reales (tras descontar el efecto de la inflación), hasta totalizar en 1.987 euros por metro cuadrado, según datos del último informe de Tinsa.
Inversión escasa en el Plan de Vivienda
En respuesta a esta crisis, el Gobierno presentó en septiembre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una inversión prevista de más de 7.000 millones de euros hasta 2030. Sin embargo, la ejecución de los fondos asignados al Ministerio presidido por Isabel Rodríguez ha sido notablemente lenta.
Fuentes oficiales de la cartera de Rodríguez justificaban el pasado otoño la demora en la delegación de las competencias en las comunidades autónomas. “Hasta que no recibimos el certificado de que la cuantía ha sido ejecutada por parte de las autonomías, nosotros no podemos modificar el estatus de la transferencia. Y hasta percibirlo, permanece como comprometidos“, señalaban desde el Ministerio.
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), principal lobby del alquiler residencial, ha considerado que el Ministerio debería elevar de manera significativa la inversión del plan. Según la plataforma, la cifra destinada debería multiplicarse casi seis veces hasta alcanzar los 8.000 millones de euros anuales. El ajuste equivaldría a 40.000 millones en cinco años, muy por encima de los 7.000 millones previstos por el Ejecutivo.
La asociación, presidida por Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, ha subrayado la necesidad de aumentar la inversión para abordar el déficit estructural de viviendas en España. Según datos del Banco de España, el país enfrenta la falta de 700.000 unidades, aunque otros organismos como el Centro Tecnológico del Notariado aseguran que la carencia asciende a 200.000 casas anuales.