El debate sobre la vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación política entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. La reciente decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de retirar más de 16.700 anuncios de pisos turísticos en plataformas digitales, detectados como irregulares, ha desatado una fuerte polémica en la comunidad autónoma que concentra la mayor parte de los casos.
Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Vivienda, Andalucía aglutina un 31% de las viviendas turísticas en situación irregular, con especial incidencia en Málaga (8.014 casos) y Sevilla (2.289 casos). El presidente del Gobierno anunció estas cifras en un acto en la capital malagueña, lo que reavivó las críticas del Ejecutivo de Juanma Moreno, que considera que el Estado ha sobrepasado sus competencias y que la medida es más un gesto electoralista que una solución real al problema habitacional.
Desde la Junta, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, rechazó la calificación de “ilegales” que el Ministerio de Vivienda atribuye a estas viviendas. Desde su consejería afirman que la competencia inspectora corresponde a la administración autonómica y que, en lo que va de año, ya se han cancelado más de 10.300 viviendas de uso turístico (VUT) en coordinación con los ayuntamientos. Además, la Junta cuestiona el Registro Único estatal de alojamientos temporales, recurrido ante el Tribunal Supremo y criticado por el Consejo de Estado y la Unión Europea, por considerarlo duplicador e invasivo en competencias autonómicas.
Posición de líderes andaluces
El presidente andaluz, Juanma Moreno, advirtió incluso que se estudian acciones legales contra lo que considera una extralimitación del Gobierno central. A su juicio, retirar anuncios en plataformas no equivale a retirar licencias y, en la práctica, esos inmuebles pueden seguir operando. Moreno subrayó que el problema de la vivienda no debe usarse como “instrumento político” y defendió la nueva normativa andaluza presentada la semana pasada como una vía para aportar soluciones más realistas.
La polémica también involucra a los consistorios. El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, criticó que se señale al turismo como culpable de la falta de vivienda y defendió el papel de los alojamientos turísticos en la economía local, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla denunció la incoherencia de las medidas estatales y recordó las iniciativas propias para frenar la saturación de pisos turísticos.
Por su parte, el sector de las VUT, a través de la patronal AVVA-Pro, denunció un ataque directo a las competencias autonómicas y alertó del impacto económico negativo que tendría estigmatizar a un sector que genera miles de empleos en provincias clave como Málaga, Cádiz, Sevilla o Granada. La asociación recordó que muchas viviendas cuentan con licencia autonómica y que el verdadero problema es la inseguridad creada por el registro estatal.
Desde el Gobierno central, el delegado en Andalucía, Pedro Fernández, defendió la medida como una herramienta para combatir la especulación y garantizar el acceso a la vivienda como derecho fundamental. Recordó además que el Estado ha transferido más de 1.270 millones a la comunidad desde 2018 para políticas de vivienda y triplica la aportación autonómica al actual Plan de Vivienda.