El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que mantendrá congelados los impuestos de la comunidad autónoma lo que queda de legislatura (previsiblemente hasta 2027), ya que es una medida pactada con sindicatos y empresarios.
Page lo ha confirmado en la inauguración de la rehabilitación integral del edificio Nuncio Nuevo, sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación digital. La obra ha contado con una financiación de 13 millones de los cuales 10 vienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ha tenido una duración de 22 meses.
Ha reconocido que “la Consejería de Hacienda no me quita el sueño“, valorando así su confianza en la gestión del equipo al frente de ese departamento. Además, ha subrayado que el presupuesto de la comunidad autónoma es “cero estable” y ha reclamado al gobierno central que apruebe un nuevo sistema de financiación autonómica, al que se ha referido como “una de las batallas más trascendentales de los próximos meses y lamentablemente años”.
Financiación autonómica
El líder manchego afirmó que “mucho más si realmente se quiere romper el principio de igualdad o se quieren gestionar privilegios, ni más ni menos, desde la administración del Estado con algunas comunidades autónomas”.
“Esos no son peajes, eso literalmente es otra cosa, y no lo vamos a tolerar, y aquí es donde tenéis que estar no solo cómodos, sino con mucha fuerza y con todo el respaldo, porque esa batalla es de larguísimo recorrido”, ha zanjado.
No ha sido el único en referirse a la situación de su Comunidad autónoma. Recientemente, Galicia, Islas Canarias y Extremadura han presentado alegaciones contra la quita de la deuda y no descartan acciones legales, ya que consideran que puede provocar graves “disfunciones económico-presupuestarias” y es totalmente “discriminatoria”.
Todas estas quejas provienen del acuerdo de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña para condonar la deuda de 83.252 millones con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El ejecutivo cree que conseguiría ahorrar entre 6.500 millones y 7.000 millones pero desde el Partido Popular se sostiene que la única beneficiada sería Cataluña.