La política estadounidense siempre ha sido un escenario teatral, pero Donald Trump parece empeñado en convertirla en un espectáculo de gladiadores donde la máxima no escrita es clara: “Al enemigo ni agua”. Este viernes, el presidente, en un gesto que algunos califican de “ajuste de cuentas” y otros de “estrategia política”, decidió retirar la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris justo cuando inicia su gira nacional para promocionar su nuevo libro, ‘107 Day’.
La medida, plasmada en un memorando con lenguaje administrativo frío y cortante, revoca la orden firmada por Joe Biden en sus últimos días de gobierno, que extendía la seguridad de Harris hasta 2026. En teoría, la protección de un ex vicepresidente termina seis meses después de dejar el cargo, es decir, el pasado 21 de julio. Pero Biden, en un gesto de cortesía institucional —y también de precaución—, decidió prolongar la cobertura de la primera mujer en ocupar la vicepresidencia, anticipando que su imagen pública seguiría siendo blanco de amenazas.
Trump no comparte esa filosofía. Al contrario, ha utilizado su control sobre el Servicio Secreto como arma política, retirando detalles de seguridad a exfuncionarios que considera enemigos. Harris se suma ahora a una lista en la que ya figuran John Bolton y Mike Pompeo —ambos bajo amenaza directa de Irán tras el asesinato del general Qassem Soleimani— y también los hijos adultos de Biden, incluido Hunter, cuya protección fue ridiculizada por Trump en redes sociales con el mismo tono sarcástico con el que solía hablar de sus rivales electorales.
Un gesto que va más allá de los números
Formalmente, el argumento podría ser financiero. Trump asegura que mantener un equipo de seguridad de alto nivel cuesta millones de dólares al año, pero nadie en Washington cree que la decisión esté motivada por su austeridad. Al contrario, el Presidente extendió generosamente la protección a su propia familia tras abandonar la Casa Blanca en 2021 y no parecía preocupado por los gastos del contribuyente cuando se trataba de los suyos.
El caso Harris es distinto. Su inminente regreso al centro de la escena política con un libro que revive su breve campaña presidencial y sus días en la Casa Blanca convierte la retirada de seguridad en un movimiento de ajedrez. Sin protección federal, la exvicepresidenta debe recurrir a las ayudas estatales o municipales, o pagar de su bolsillo servicios privados.
En California, el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ya expresaron su indignación y prometieron coordinar recursos locales. Sin embargo, la capacidad de respuesta de un cuerpo policial municipal nunca será equiparable a la maquinaria federal.
El trasfondo es dejarla expuesta. No tanto a un ataque concreto —aunque la amenaza no es menor en un país con historial de violencia política—, sino a la vulnerabilidad misma, a la sensación de desamparo que acompaña cada aparición pública sin un escudo invisible de agentes entrenados y protocolos blindados.
La gira de ‘107 Days’
La publicación del libro de Harris estaba diseñada como un renacimiento político. Tras su paso apagado por la vicepresidencia, buscaba reinsertarse en la conversación pública con un relato personal de su candidatura y de los 107 días que marcaron su intento de convertirse en presidenta. La gira, planeada por varias ciudades, supone la oportunidad para testear su atractivo político, recuperar presencia mediática y, quizás, empezar a proyectar un futuro regreso a la arena electoral.
La política del castigo
El estilo de Trump no es nuevo. En sus dos mandatos ha mostrado una inclinación por gobernar a través de la venganza y el castigo. Quien se cruce en su camino puede esperar desde la retirada de credenciales de seguridad hasta despidos fulminantes. El caso Harris encaja en ese patrón. La cancelación de su equipo de seguridad parece más que una decisión administrativa, un mensaje político.
El expresidente lo ha repetido en mítines y redes sociales al considerar a sus adversarios como traidores que deben ser neutralizados. Quitarles la protección es una manera de despojarlos de legitimidad, de rebajar su estatus. En el tablero trumpista, quien no tiene escolta pierde peso simbólico. La seguridad se convierte así en una moneda de poder, una señal de quién pertenece al círculo de influencia y quién ha sido condenado al ostracismo.
El eco de la historia
La ironía es que Estados Unidos, país marcado por los fantasmas de los asesinatos de figuras políticas —desde Abraham Lincoln hasta Robert Kennedy—, parece caminar hacia la normalización de la vulnerabilidad de sus líderes. Que una exvicepresidenta, la primera mujer en alcanzar ese puesto, quede desprotegida en un momento de alta exposición pública es algo más que un gesto político: es un recordatorio del riesgo real que corren quienes desafían al poder establecido.
Los críticos de Trump recuerdan que él mismo fue blanco de dos intentos de asesinato en su campaña presidencial pasada, lo que refuerza el argumento de que la protección no es un lujo sino una necesidad. Sin embargo, el propio Trump ha decidido ignorar esa experiencia personal para aplicar la máxima que guía su conducta: “al enemigo ni agua”.
A corto plazo, la medida puede reforzar la narrativa trumpista de “recortar privilegios” a la “élite demócrata”. Pero a largo plazo, corre el riesgo de consolidar la imagen de un presidente vengativo, más preocupado por humillar a sus adversarios que por garantizar la seguridad institucional del país. El recuerdo de figuras desprotegidas en momentos críticos podría volverse un búmeran político si ocurriera un incidente contra Harris durante su gira.