El viernes 6 de junio de 2025, Jacqueline Rivault, una ciudadana francesa, presentó una denuncia formal ante el Tribunal Judicial de París acusando al Estado de Israel de “genocidio” y “asesinato” tras la muerte de sus dos nietos, Janna y Abderrahim Abudaher, de seis y nueve años, en un ataque aéreo israelí en Gaza en octubre de 2023. La denuncia, respaldada por su abogado Arie Alimi, fue interpuesta ante la sección especializada en crímenes contra la humanidad, y representa una de las acusaciones más directas en suelo europeo contra el gobierno israelí por su actuación en la guerra en Gaza.
Los niños, de nacionalidad francesa, habían buscado refugio con su familia en una vivienda entre Faluja y Beit Lahia, después de huir de su hogar por los bombardeos. Según la denuncia, dos misiles lanzados por un F16 del Ejército israelí impactaron el edificio: uno atravesó el techo y el otro cayó directamente en la habitación donde estaban los menores. Abderrahim murió en el acto, mientras que su hermana falleció poco después en un hospital. Afortunadamente, su hermano Omar que también fue herido en el ataque, sigue con vida y continúa en Gaza con su madre Yasmine.
“Eliminar al pueblo palestino”
La base de la denuncia sostiene que el ataque formaba parte de una campaña sistemática para “eliminar al pueblo palestino”, y que por tanto encaja en la definición legal de genocidio. El documento menciona expresamente al primer ministro Benjamin Netanyahu, al gobierno israelí y a su ejército como responsables del operativo.
La presentación judicial cobra especial relevancia porque los niños asesinados tenían ciudadanía francesa. Esto permite que la justicia de Francia afirme su competencia para investigar los hechos, y podría derivar en la apertura formal de una instrucción. De prosperar, se trataría de un paso significativo hacia la judicialización internacional de las acciones militares de Israel en Gaza.
Este caso se suma a otra investigación abierta por la Fiscalía Antiterrorista francesa contra ciudadanos franco-israelíes, acusados de haber participado en el bloqueo de ayuda humanitaria hacia Gaza, acción que también podría considerarse parte de un acto genocida. La denuncia fue inicialmente promovida por la Unión Judía Francesa por la Paz y una víctima franco-palestina, alegando que estos individuos organizaron y participaron en la obstrucción del paso de camiones de ayuda en los puntos controlados por el ejército israelí.
Un antes y un después
Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.400 muertos y más de 200 secuestrados israelíes, más de 50.000 personas han muerto en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.
La Corte Internacional de Justicia, aunque aún no ha dictaminado que el conflicto constituya un genocidio, ha instado a Israel en varias ocasiones a evitar cualquier acción que pudiera calificarse como tal. Por su parte, la Corte Penal Internacional ya ha emitido órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
¿Un genocidio en Gaza?
No obstante, Israel rechaza rotundamente el uso del término “genocidio”, especialmente dado el contexto de su fundación tras el Holocausto. Para el gobierno israelí, su ofensiva militar responde al derecho a la defensa frente a ataques del grupo terrorista Hamás.
Por ahora, Israel puede mantener la evasiva a la palabra “genocidio”, ya que ningún tribunal ha dictaminado que en la guerra se esté cometiendo ese crimen, pero Jacqueline Rivault lo podría cambiar. Desde su dolor personal, se ha convertido en una figura clave para intentar responsabilizar penalmente a Israel por presuntos actos genocidas cometidos contra civiles, entre ellos sus propios nietos. Este caso podría marcar un antes y un después en la forma en que las cortes europeas abordan los crímenes cometidos en Gaza.