El ataque a una narcolancha en el Pacífico anunciado por el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos ha vuelto a encender el debate internacional sobre la legalidad de estas intervenciones. Según Southcom, cuatro hombres murieron este jueves tras el bombardeo de la embarcación en aguas internacionales. Este nuevo ataque se suma a una campaña que, desde septiembre, ha dejado más de 80 fallecidos en operaciones ejecutadas tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe.
La versión oficial del Southcom tras el ataque a una narcolancha en el Pacífico
El comunicado difundido en X describe el ataque a una narcolancha en el Pacífico como una acción “cinética letal” contra un buque operado por una organización terrorista designada. El ejército sostiene que los cuatro tripulantes eran “narcoterroristas” y que la operación fue autorizada directamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Según la Inteligencia estadounidense, la embarcación objetivo del ataque a una narcolancha en el Pacífico transportaba narcóticos ilícitos y navegaba por una ruta habitual del tráfico de drogas en el Pacífico oriental.
Hegseth afirmó días atrás que las operaciones contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental están “apenas comenzando”. Antes de este último ataque a una narcolancha en el Pacífico, el Pentágono contabilizaba 82 muertos confirmados en 21 intervenciones. La magnitud de estas cifras ha alimentado la controversia política en Washington. La estrategia antidrogas de Donald Trump atraviesa un momento especialmente crítico.
El vídeo del ataque reabre el debate en el Senado
La difusión del vídeo del último ataque a una narcolancha en el Pacífico llega en pleno pulso institucional. Senadores demócratas y republicanos investigan si estas actuaciones, ejecutadas lejos del territorio estadounidense, cumplen el marco legal vigente. La Administración Trump defiende que los objetivos eliminados pertenecen a organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico. Pero la ausencia de transparencia en las reglas de enfrentamiento ha disparado las dudas.
La situación se complica aún más para Hegseth después de que The Washington Post revelara que, en septiembre, las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque para eliminar a dos supervivientes en una operación en el Caribe. El episodio, similar al reciente ataque, ha puesto al secretario de Defensa en el centro del huracán mediático. Su papel en la campaña antidrogas está siendo analizado por el comité de fuerzas armadas del Senado.
Comparecencias a puerta cerrada
Este jueves, el almirante Frank Bradley compareció en una audiencia a puerta cerrada ante los senadores encargados de investigar la legalidad de las operaciones. En esa reunión se discutió, entre otras cuestiones, el último ataque a una narcolancha en el Pacífico y el protocolo que permite autorizar bombardeos en aguas internacionales. La Administración insiste en que se trata de acciones para frenar el tráfico de droga. Pero la oposición califica la campaña de “opaca y desproporcionada”.
En este contexto, Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos se prepara para iniciar operaciones dentro del territorio venezolano contra objetivos vinculados al narcotráfico. Sus declaraciones, sumadas al reciente ataque, apuntan a una escalada que podría abrir un escenario diplomático y militar aún más tenso en la región. La comunidad internacional observa con cautela mientras crece la inquietud por el rumbo de esta estrategia.