La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido explicaciones al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por la reciente reforma legislativa aprobada en el Parlamento ucraniano que subordina a las agencias anticorrupción del país al fiscal general, una figura designada por el propio presidente. La medida ha generado una oleada de críticas dentro y fuera de Ucrania, coincidiendo con la tercera ronda de negociaciones de paz con Rusia.
El comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, fue quien reveló la preocupación de Bruselas este miércoles durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión informal del Consejo de ministros de Justicia de la UE en Copenhague. “Von der Leyen trasladó (a Zelenski) su profunda preocupación y pidió explicaciones“, afirmó el comisario.
“No queremos ver un retroceso”
McGrath destacó que tanto la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) como la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) son “pilares” del Estado de derecho en el país y subrayó que “deben mantener su independencia para ser efectivas en su tarea y preservar la confianza de la población”. Añadió que los estándares que exige la Comisión Europea deben ser “consistentes”, tanto para los Estados miembros como para los países candidatos.
La legislación aprobada el martes por el Parlamento ucraniano —con el respaldo de la mayoría absoluta del partido de Zelenski— y ratificada por el propio presidente esa misma noche, ha sido denunciada por numerosas organizaciones no gubernamentales. Según estas entidades, el cambio legal erosiona los mecanismos de control sobre el poder ejecutivo y amenaza con debilitar la lucha contra la corrupción en Ucrania. “No queremos ver un retroceso en los avances logrados por Ucrania con duro trabajo a lo largo de los últimos años”, alertó McGrath, quien calificó de “muy preocupante” la subordinación de NABU y SAP al fiscal general.
“La infraestructura anticorrupción funcionará”
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Unos pocos miles de personas salieron a protestar en las calles de ciudades como Kiev, Leópolis, Odesa y Dnipró. Se trata de las primeras manifestaciones de esta envergadura contra el Gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión rusa a gran escala hace más de tres años. Estas protestas reflejan un creciente malestar con una medida que muchos perciben como un paso hacia la concentración de poder en manos del Ejecutivo.
Zelenski defendió la reforma en su último discurso a la nación. Sin referirse directamente al contenido legal, aseguró: “La infraestructura anticorrupción funcionará, solo que sin influencia rusa”, en alusión a las redadas del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra miembros de la NABU, que resultaron en la detención de dos altos cargos por supuesta colaboración con Rusia. El presidente añadió que “es importante que el fiscal general tiene la determinación de garantizar que en Ucrania sea inevitable el castigo para aquellos que van contra la ley”.
Sin embargo, tanto la NABU como la SAP emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que la nueva legislación les deja sin garantías para realizar su trabajo de forma independiente: “Desde ahora, la NABU y la SAP están despojadas de las garantías que antes les permitían cumplir con sus tareas y funciones de combatir la corrupción a alto nivel de forma efectiva”.
“Esperamos de Ucrania que cumpla en su totalidad los estándares (europeos)”
En paralelo a esta crisis institucional, la delegación ucraniana encargada de negociar con Rusia se encuentra en Estambul para una nueva ronda de conversaciones. El secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, lidera el equipo negociador. El jefe de la oficina presidencial, Andrí Yermak, informó en redes sociales de reuniones mantenidas con autoridades turcas y reiteró el objetivo de lograr “un alto el fuego total y el fin de los ataques contra infraestructuras civiles”.
La preocupación europea por la reforma se suma a los recelos expresados también por varios gobiernos del bloque, entre ellos Alemania y Suecia. En Kiev, diplomáticos del G7 ya habían manifestado su inquietud por las redadas contra la NABU antes de que se aprobara la ley. Los críticos de la administración Zelenski creen que el presidente intenta desactivar a las únicas agencias de investigación que no controla y que podrían actuar contra irregularidades al más alto nivel.
Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aprovechó la polémica para denunciar que “parte significativa del dinero que recibió Ucrania la han robado”. En una acusación directa, añadió: “Esto se puede afirmar con un alto grado de certeza”.
Pese a los ataques verbales del Kremlin y las protestas internas, Zelenski insiste en que el nuevo marco legal busca reforzar la eficacia del sistema anticorrupción. Pero desde Bruselas, el mensaje es claro: no habrá concesiones. “Esperamos de Ucrania que cumpla en su totalidad los estándares (europeos)”, concluyó McGrath, quien dejó claro que el compromiso con el Estado de derecho y una justicia independiente no es negociable en el camino hacia la Unión Europea.