Un día como hoy, hace tres meses, a las 12:33 horas España se fundió en negro. Trascurridos más de noventa días, la responsabilidad sobre el apagón sigue sin despejarse en una ecuación que ha cortocircuitado la comunicación en el seno del sector eléctrico. El Gobierno ha repartido las culpas entre Red Eléctrica Española (REE) y el sector privado. A su vez, el operador del sistema se ha eximido de su responsabilidad centrándola en las compañías eléctricas, mientras que estas últimas señalan a la filial de Redeia como la responsable única del suceso.
En esta maraña de acusaciones, solo una cosa es cierta: no hay certezas sobre la causa que provocó el apagón y ha quedado reconocido que el sistema tiene margen de mejora. El pasado 24 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 7/2025 (coloquialmente el RDL antiapagones), un conjunto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico.
Según defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen,: “Un sistema más robusto y más solvente se traducirá en beneficios como son facturas más estables, más previsibles para consumidores, para ciudadanos, para autónomos, para pymes y para la industria”.

De momento, los consumidores no se beneficiarán de este impacto positivo en su recibo de la luz. El pasado 22 de julio, el Gobierno sufrió un fuerte varapalo en el Congreso y este decreto decayó al no ser convalidado.
Sin medidas de refuerzo
El objetivo de esta norma es fortalecer el control de tensión, pues fueron las fuertes oscilaciones de tensión un factor que contribuyó a la caída del sistema. Así, el decreto potencia la supervisión de la CNMC, obliga a nuevos procedimientos normativos por parte del operador del sistema, introduce incentivos al control de tensión y habilita nuevas figuras como el agregador independiente. Recoge además una reforma de acceso a datos de contadores y nuevas disposiciones para almacenamiento, electrificación, autoconsumo e industria.
Como ha admitido Aagesen, España se lleva una “lección aprendida” en el sentido de velar por el cumplimiento de la normativa existente. A pesar del enfrentamiento de las grandes eléctricas con el Ejecutivo por las responsabilidades del apagón, esta norma cuenta con el respaldo unánime del sector energético. Cinco asociaciones sectoriales -AEE (eólica), AEGE (industrias electrointensivas), aelec (eléctricas), UNEF (fotovoltaica) y APPA Renovables (renovables)- pidieron a los grupos parlamentarios su apoyo. Para el sector, “representa un paso decisivo para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y consolidar la posición de nuestras empresas en un momento clave para la transición energética”.
¿Puede haber otro apagón?

A tenor de la advertencia que lanzaron los principales actores del sistema energético, “la no ratificación de la normativa -como así ha sido- tendrá graves consecuencias, entre ellas la exposición a futuras crisis como el apagón del 28 de abril”. Hoy, el sistema español sigue expuesto a los mismos factores que provocaron el fallo total, del que aún se desconoce qué fue lo que lo provocó. En las conclusiones del Comité de análisis del Ejecutivo -cuya cobertura legal Iberdrola ha planteado ante el Tribunal Supremo- se señala a una causa “multifactorial que implica episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales”.
En su reparto de culpas, el Gobierno apunta a que, por una parte, Red Eléctrica operó el sistema con una capacidad de control de tensión insuficiente frente a las grandes oscilaciones. Y por otra, a que las eléctricas como responsables de las nueve centrales de generación que debían compensar la tensión, “tuvieron algún grado de incumplimiento” porque hubo desconexiones “aparentemente indebidas”. La respuesta de las dos partes señaladas en unánime: se eximen de responsabilidad.
¿Quién es el responsable del apagón?

Como defendió su presidenta, Beatriz Corredor, para REE, una de las principales causas del apagón fue el “incumplimiento por parte de los agentes del sistema de los protocolos de control dinámico de tensión”. Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec), que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP España, atribuyó el incidente a una “mala programación que llevó a cabo” el operador del sistema, con “una escasa programación de generación convencional”.
Por ello, el pronunciamiento de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión (ENTSO-E), que lidera la investigación a escala comunitaria, será determinante. Según su primer avance de información, el incidente se debió a “una sucesión en cascada de desconexiones de generación y aumentos de tensión”.
Este panel de expertos identificó pérdidas de generación en Granada, Badajoz y Sevilla por un total de más de 2.200 MW justo antes del colapso. “Esta posible correlación podría haberse visto exacerbada por el hecho de que la reducción de la potencia activa tuvo lugar principalmente en la parte sur del sistema”, añade. Sus conclusiones definitivas se presentarán a la vuelta del verano.
¿Qué piensan los ciudadanos?

Después de 13 semanas, la confusión sobre la responsabilidad del apagón está instaurada en la ciudadanía. Según una encuesta elaborada por The RepTrak Company entre más de 2.500 personas, el 22,6% de los españoles responsabiliza al Gobierno del apagón, el 20% a Red Eléctrica y el 15,7% a las eléctricas. Este estudio refleja que el 42,3% califica la actuación del Ejecutivo como “muy mala”, seguido de un 30,5% que opina lo mismo del operador del sistema. Las eléctricas privadas son las que obtienen el mayor porcentaje de valoraciones “muy buenas”, con un 20,5%.
Para OCU, se puede establecer una responsabilidad compartida entre el Ministerio, por incumplir su obligación de garantizar el suministro de energía eléctrica y REE por ser la entidad encargada de regular las actividades de la red de transporte y garantizar por lo tanto que el suministro llegue hasta las redes de distribución. Además, considera que ante los consumidores debe establecerse una responsabilidad solidaria entre ambos, pues el reparto de culpas no debe afectar a los perjudicados por el apagón.
Consecuencias económicas y legales
En el cruce de responsabilidades entre el operador del sistema y las eléctricas, sí hay una coincidencia: serán los tribunales quienes determinen a quién corresponde asumir el coste del apagón. En sus resultados del primer semestre, Iberdrola descartó un impacto directo: “las sociedades del grupo no fueron las causantes del cero eléctrico, ni contribuyeron de forma alguna a que ocurriese el mismo”. Y añadió: “A la fecha, no se ha recibido ninguna reclamación judicial solicitando indemnización de daños por responsabilidad civil”.

Por el contrario, Repsol fue la primera gran empresa en reflejar su impacto en sus cuentas: 175 millones. Esta cifra prácticamente equivale al coste que a finales de mayo señaló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. “El impacto del apagón fue muy reducido, apenas significativo. Nuestra última valoración estaba en torno a los 200 millones“, aseguró.
¿Cómo ha impactado en la factura de la luz?
Según advierte OCU, las consecuencias en la factura eléctrica han sido importantes en el corto plazo para algunos consumidores, aunque para la organización lo peor es que “quizás lo sea en el medio y largo plazo para todos”. En este sentido, recuerda que REE ha estado operando en mayo en “modo emergencia” encareciendo el recibo para estos hogares. Además, algunas comercializadoras intentaron romper unilateralmente los contratos de precio fijo con sus clientes, lo que obligó a la CNMC a intervenir dejando claro que solo si se recogía esta posibilidad podía hacerse.
La CNMC mantiene también abierta una investigación. Su presidenta, Cani Fernández, señaló que se han detectado “indicios” de que algunas instalaciones no cumplieron con su obligación de control de tensión y recordó que las sanciones por infracción muy grave pueden alcanzar los 60 millones, además de otras medidas como la retirada de autorizaciones o indemnizaciones al sistema.
Tres meses después del apagón, la única certeza sigue siendo que no hay ninguna.