Opinión

9M, el día de Cristina

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Cristina Bergua nunca ha celebrado un 8M. Tampoco sus últimos 28 cumpleaños. Igual que no cumplió su sueño de ser azafata ni conoció a sus sobrinos ni se le conoció más pareja que ese novio diez años mayor que ella, con el que quedó una tarde de domingo de 1997.

Un 9 de marzo. El tiempo que lleva ausente es la constatación de su muerte. Porque nunca hubo un cuerpo que enterrar, aun cuando removieron 25 toneladas del vertedero del Garraf buscándolo. Sin éxito, como la pista de Castellón, la de Girona y hasta la de un prostíbulo, Cornellá entera se empapeló con el rostro de Cristina Bergua, la pitufa de la casa, su Pitu.

Tenía 16 años cuando la hicieron desaparecer. Siempre me impresionó la imagen de su madre mostrándonos las décadas congeladas en el cajón en el que seguían perfectamente dobladas las camisetas de su hija adolescente. Igual que en Motril, Granada, otra madre en duelo permanente convirtió el cuarto de su hija de 18 años en una especie de burbuja temporal, con la colcha, los posters y las zapatillas intactos, tal cual quedaron una noche de agosto del 2000.

Nadie ajeno sabe bien lo que es vivir con un ser querido desaparecido. “Es un dolor crónico, una herida abierta”. Teresa me lo definió así hace unos meses; 25 años después, la granadina rechaza cualquier ofrecimiento de sumar otro retrato robot de su hija: “No quiero más posibles Mariteres. La mía se quedó en los 18 años para siempre, con su cara preciosa y sus labios gorditos”. Sin más respuestas ni consuelo. En su caso, el sospechoso no era un novio despechado -como el de Cristina Bergua, que sigue impune-, sino un amigo de Tony King, el asesino de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes. Aunque esa pista fue inane.

¿Quién sale a la calle por todas esas muertas?, se preguntan con desesperanza. Las hay que eran madres, como Ángeles Zurera o Maricielo Cañavete; menores, como Malén Ortiz o Caroline del Valle; o que en breve habrían sido abuelas, como Francisca Cadenas. Faltan todas ellas, y ellos: Henry Jiménez tenía 20 años; Borja Lázaro, 34; Paco Molina, 16… Sus
padres se enfrentan ahora a una decisión difícil. Por ley, a partir de los diez años de una desaparición se puede declarar el fallecimiento. Un durísimo paso que muchas familias se ven forzadas a tramitar por las circunstancias, desde el reparto de una herencia a la necesidad de anular préstamos, hipotecas y hasta líneas de teléfono a nombre del ausente.

¿Y si por fortuna algún día vuelve?, se lamentan desde esa esperanza volatilizada por un sistema que no ha ideado un concepto jurídico para estas situaciones, y que tampoco aplica su reclamo pendiente de activar un Estatuto de la Persona Desaparecida que permita esquivar la contundencia de oficializar la muerte sin un cuerpo presente. Se calcula que de las 30.000 denuncias por desaparición que se ponen cada año en España un 5 por ciento no son voluntarias, sino forzadas con la intervención de terceros.

A la larga se convierten en crímenes sin resolver. “Es un problema de Estado”, claman numerosas familias que desearían ver ese mismo clamor sonando en la calle, al menos hoy, en el Día de las Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente, que se declaró en el Congreso de los Diputados un 9 de marzo en recuerdo de Cristina Bergua. Por ella.