Cuando empezó el curso político ya sabíamos cuáles iban a ser las grandes debilidades del Gobierno: el complejo panorama judicial y la falta de apoyo parlamentario. El problema es que las dos cosas han comenzado a llegar antes de lo que pensábamos.
Pedro Sánchez aterrizó el lunes en Nueva York dispuesto a recuperar su imagen de líder internacional y a hacer valer que su Ejecutivo ha sido uno de los primeros en reconocer al Estado Palestino. Al presidente le entregó un premio Bill Gates y pronunció un discurso en la Universidad de Columbia rompiendo una lanza a favor de la libertad de expresión: “Atesoremos la libertad de expresión –afirmó- luchemos por la libertad de expresión. Levantémonos contra cualquier intento de anularla”. El planteamiento es brillante, pero haría bien entonces el jefe del Ejecutivo en dejar de presionar a algunos medios, de llamar bulos a las noticias, y de tachar de pseudomedios a todos los que publiquen algo que va en contra de sus propios intereses.
La semana se torció a partir del martes, cuando la Audiencia Provincial de Badajoz decidió mandar al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente; y a Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Falta por saber, además, si, como se ha publicado, David Sánchez estuvo viviendo en la Moncloa unos meses mientras estaba empadronado en Portugal para pagar menos impuestos, un aspecto no ha aclarado por el Gobierno.
Ayer, el juez Peinado remató la imagen del presidente adelantando su intención de sentar a Begoña Gómez en el banquillo para que sea juzgada por un jurado popular por un posible delito de malversación. La decisión de este magistrado puede ser peculiar, pero es la que es, y a las partes siempre les queda recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid si creen que su actuación está siendo arbitraria. Lo bueno de un sistema democrático es que tiene garantías suficientes para defender a cualquier ciudadano, desde el más humilde, al más poderoso. Lo mismo podría recordársele a Isabel Díaz Ayuso, cuya pareja también se sentará en el banquillo por defraudar a Hacienda presuntamente 350.000 euros. La presidenta ha recordado que esos hechos se produjeron antes de que él fuera su pareja, pero ella misma se metió en un jardín al relacionar desde un principio esa investigación con una supuesta operación política para destruirla. Ya se sabe, “al César, lo que es del César”.
Dejemos pues trabajar a los tribunales, que son los que darán o quitarán razones, dejemos de acusar a los jueces de hacer política con sus resoluciones en función de por dónde se pronuncien. Respetemos las instituciones y no las manoseemos, que es la mejor forma de defender la democracia.
Esta semana se ha vuelto a poner en evidencia también la falta de apoyos del Ejecutivo porque, ya no es Junts el que ha echado por tierra sus iniciativas, sino Podemos, e incluso dos diputados de Sumar. Y es que, para algunos partidos de izquierda, lo de traspasar las competencias de Inmigración a Cataluña para que los de Puigdemont se cuelguen una medalla que pueda compensar el auge de Aliança Calatana, tiene un tufillo racista que no podían aceptar. Y todo apunta a que con los Presupuestos pasará tres cuartos de lo mismo, que no recibirán los votos suficientes para salir adelante.
Sin leyes que aprobar, sin excusas para tapar la corrupción que cerca cada vez más al Gobierno y a su presidente, y las chapuzas de algunos ministerios, ¿qué queda entonces? Pues la voluntad férrea de resistir para seguir teniendo poder.