Carlos Mazón asegura que recibirá a los familiares de las víctimas mortales de la DANA y que en unos días hará una comparecencia pública. A la pregunta de si dimitirá, no responde. Pero sí que asegura que realizará “una reflexión algo más profunda” después de oír el miércoles pasado, en el homenaje de estado en Valencia, los insultos que le dirigía parte de la ciudadanía. Un año después, con 229 muertos a sus espaldas, recibirá a las víctimas y reflexionará.
Para las familias afectadas, esta incertidumbre abierta no es un simple efecto de la comunicación: es un obstáculo al duelo, al cierre de la pérdida y a la justicia. Es, en definitiva, una nueva forma de retrasar la asunción de responsabilidad institucional que pende sobre Mazón desde el 30 de octubre de 2024. En el contexto actual, la exigencia de transparencia no es una cuestión administrativa, sino moral.
Las portavoces de las familias que intervinieron durante el homenaje fueron un ejemplo de claridad. “Ahora mismo – dijo Andrea Ferrari, cuya madre murió ahogada en la riada-, lo más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad”. “Quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas es quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes”, expresó Virginia Ortiz, prima de Juan Alejandro Ortiz, muerto en Letur.
Al presidente de la Generalitat valenciana diversas asociaciones de víctimas le pidieron que no asistiera al funeral. Menuda anomalía que sus propios vecinos lo repudien. Pero asistió. Presenció el ejercicio de dignidad de las familias. “Me hago cargo del día de ayer, no dejo de pensar en ello y en lo que significa”, aseguró el president. Dentro de unos días Mazón aclarará qué pensamientos pasaron por su mente en esas horas de dolor. ¿Hará un relato coherente de asunción de responsabilidades? ¿Asumirá un compromiso con las familias? ¿Anunciará medidas concretas para garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse? Hagan sus apuestas.
La ciudadanía, en paralelo, está actuando. Con las protestas mensuales desde hace doce meses, saliendo al encuentro del presidente Mazón en numerosos actos públicos desde la tragedia o con nuevas medidas, que pueden ser contundentes. 400 afectados por la DANA han reclamado una indemnización de 58 millones de euros a la Generalitat Valenciana y a la Confederación Hidrográfica del Júcar por daños físicos, morales y materiales. La base de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada contra el Ministerio de Transición Ecológica y la Generalitat valenciana es la falta de ejecución por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar de las obras de drenaje y encauzamiento del barranco del Poyo y el mantenimiento y conservación de los cauces de los barrancos. También destacan la tardanza en el envío del aviso masivo a la población ES-Alert por parte del departamento de Emergencias de la Conselleria de Justicia e Interior.
Veremos qué recorrido tiene la reclamación. Pero esta demanda pone sobre la mesa el sentir del pueblo valenciano, que persevera en una idea no por obvia menos cierta: que las administraciones deben actuar, responder con transparencia y asumir responsabilidades cuando no están a la altura de las circunstancias.
Pero ahora la ciudadanía solo cuenta con incertidumbre. La jueza de Catarroja avanza en su instrucción del caso, mientras la política de Mazón arroja sus dudas. En el homenaje de estado a Mazón se le vio emocionado, al borde de las lágrimas. Quizás este año haya sido agotador para el president. Su incertidumbre es parte del problema. Es precisamente en estos momentos cuando la transparencia, la rapidez y la responsabilidad pública son más importantes que cualquier promesa de “reflexión”.