La invasión a gran escala de Rusia en Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, si bien el conflicto tiene raíces más profundas. Para comprender su origen, resulta pertinente retroceder al invierno de 2013, cuando estalló en suelo ucraniano un movimiento de protesta masivo conocido como el Euromaidán. Estas movilizaciones, motivadas por la suspensión del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, culminaron en la huida del presidente prorruso Viktor Yanukovich. El nuevo gobierno resultante no fue reconocido por Vladimir Putin, quien aprovechó la ocasión para impulsar un referéndum —considerado ilegal por buena parte de la comunidad internacional— sobre el estatus de la península de Crimea. La región, de gran valor estratégico y conquistada en su día por Catalina la Grande, acabó siendo anexionada por Rusia. Este incidente (que en su día no fue menor) se ha erigido como uno de los principales detonantes que han conducido al estallido del conflicto actual.
Habiendo hecho este breve repaso, conviene volver a centrar la atención en el ataque ruso articulado sobre territorio ucraniano en el año 2022, momento en el que el conflicto adquiere una nueva dimensión. Básicamente, la ilegítima agresión efectuada por Rusia transformó el enfrentamiento entre ambas partes en una guerra abierta que, lamentablemente, se prolonga hasta el día de hoy. Las cifras hablan por sí solas: el conflicto supera ya las 170 semanas de duración, lo que equivale a más de 1.230 días de enfrentamientos y operaciones militares entre las partes beligerantes.
Una guerra de desgaste lanzada por Putin
Tras más de dos años de intensas operaciones militares —algunas han sido de tal crudeza que han motivado la intervención de la Corte Penal Internacional—, cabe plantearse una cuestión esencial: ¿cuál es el balance que deja hasta ahora esta guerra? Se estima que alrededor de un millón de soldados rusos han muerto o se encuentran heridos. En el frente ucraniano, las bajas se sitúan en torno a las cuatrocientas mil. No obstante, resulta difícil acceder a datos plenamente fiables. A lo anterior hay que sumar que el territorio arrebatado por el Estado agresor no resulta particularmente significativo. Los avances han sido lentos, incluso más que los registrados por los británicos y franceses en la extenuante y prolongada batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial. En cierto modo, el conflicto actual guarda paralelismos con aquella contienda del pasado: la falta de dinamismo de los avances, su inesperada prolongación en el tiempo y el altísimo coste humano y material. En definitiva, estamos ante una guerra de desgaste que está pasando factura al propio Vladimir Putin, quien dio el pistoletazo de salida a este enfrentamiento armado.
Ante un contexto de claro estancamiento, adquiere especial relevancia la reciente decisión de Estados Unidos consistente en enviar a Ucrania sistemas avanzados de defensa antiaérea Patriot. Esta medida contrasta con la postura inicial adoptada por Donald Trump tras su regreso al poder de acuerdo con la cual decidió suspender la ayuda militar a Kiev. Aunque se afirma que el coste de esta asistencia será asumido por Estados europeos, este giro refleja –al menos en parte– el creciente hartazgo del presidente norteamericano ante una guerra que parece no tener fin. En cualquier caso, existe cierta expectación en torno al impacto que esta maniobra tendrá en el desarrollo del conflicto. En esta línea se ha pronunciado el senador republicano Lindsey Graham al afirmar que ello podría alterar las “reglas del juego”.
Derecho a la legítima defensa
Posiblemente, en un corto espacio de tiempo podremos intuir las implicaciones que la medida expuesta tendrá. Mientras tanto, Ucrania sostiene que el envío de armamento es necesario para defenderse de la agresión rusa, amparándose en lo que estipula la Carta de Naciones Unidas. Sin duda, como Estado agredido, la normativa internacional le reconoce la posibilidad de solicitar ayuda a otros países. Por supuesto, éstos últimos pueden proporcionar la asistencia que sea precisa dentro de los límites legalmente establecidos. No olvidemos que la citada Carta contempla el derecho a la legítima defensa tanto de forma individual como colectiva. Muchos Estados coinciden con esta interpretación y consideran que proporcionar material bélico a Ucrania es esencial de cara a preservar la soberanía e integridad territorial ucraniana. Esa sería, sin duda, una cara de la moneda.
La otra cara debe ser también considerada. A estos efectos, hay que indicar que los Estados que suministran armas pueden incurrir en responsabilidad internacional si los daños causados con dicho armamento traen consigo violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Además, este tipo de asistencia puede llevar a pensar que están interviniendo en el conflicto como tal, soliviantando a las partes enfrentadas y provocando una escalada de la situación. Es más, la asistencia bélica procurada podría ser cuestionada si se supera un determinado umbral. Así sucedería en el caso de que el apoyo modificara el equilibrio bélico de forma decisiva.
Así pues, el desafío que afronta una parte de la comunidad internacional es notable: apoyar sin intervenir y asistir sin transgredir. La falta de acción puede resultar costosa, pero la sobreactuación puede serlo todavía más. Veremos qué sucede y qué implicaciones acaban derivándose de este delicado equilibrio.