Este lunes el gobierno español anunció un paquete de medidas ideadas con el objetivo de poner freno a las actuaciones ilícitas de Israel en Gaza. Antes de detallar el contenido de las acciones que se aplicarán en el corto plazo, Pedro Sánchez aclaró que la población judía merece contar con un Estado propio y a sentirse seguro en él, máxime tras los sufrimientos padecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a su juicio, la táctica empleada por Israel para proteger a su población no se corresponde, o más bien se aleja, de los métodos legítimos.
En Gaza, los bombardeos contra infraestructuras básicas –que se prolongan desde hace más de un año y medio– junto con el bloqueo de alimentos y productos de primera necesidad han provocado una crisis humanitaria que expone a la población palestina al hambre. Así, de hecho, lo han podido atestiguar diversas organizaciones internacionales.
El presidente español subrayó que la operación militar israelí, iniciada tras los atentados de Hamás de octubre del año 2023, se ha traducido en una “nueva oleada de ocupaciones ilegales”. La situación es de tal gravedad que, bajo el prisma del ejecutivo mencionado, no sólo se está exterminando al pueblo palestino, sino que se están violentando “las leyes del derecho humanitario”. A ello se suma la inacción de las principales potencias internacionales, lo que en palabras de Sánchez obliga a España a actuar dentro de sus posibilidades y frenar la ofensiva israelí.
También afirmó este lunes que “hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté únicamente en nuestras manos ganarlas”. A continuación, recordó que España –entre otras iniciativas– ha apoyado las causas abiertas ante la justicia internacional y ha promovido la adopción de una resolución en la Organización de las Naciones Unidas para exigir un alto el fuego permanente. Otra medida relevante y relativamente reciente ha sido el reconocimiento del Estado de Palestina.
A la luz de los hechos cada vez más desgarradores, el presidente español ha considerado adecuado adoptar nueve medidas de última hora. Así lo ha dispuesto, como decía, este mismo lunes. Entre ellas, se pretende consolidar jurídicamente el bloqueo de armas a Israel, prohibir el tránsito de buques que transporten combustible para las fuerzas de dicho país e impedir que aeronaves cargadas con material militar dirigido a Israel sobrevuelen el espacio aéreo español. Asimismo, se establecerá la prohibición de entrada en territorio español para aquellas personas directamente implicadas en actos genocidas, en violaciones de derechos humanos o en la comisión de crímenes de guerra en Gaza.
Es evidente que esta batería de acciones ideada por el gobierno español tiene como objetivo presionar al gobierno israelí para que ponga fin a la barbarie desatada –hace ya casi dos años– en la franja de Gaza. Sin embargo, la cuestión central es dilucidar si este conjunto de medidas puede, de alguna manera, frenar la política genocida del gobierno de Netanyahu. Para responder a esta cuestión, es preciso poner el foco en alguna de las medidas anunciadas a bombo y platillo este mismo lunes. Así pues, analicemos –por ejemplo– la prohibición relativa a la compra y venta de armamento. España no es un proveedor principal de armas de Israel, por lo que el embargo que se pretende materializar mediante un real decreto tendrá, en este punto, un impacto presumiblemente limitado.
Inversión en armamento israelí
Cabe además considerar que España ha incrementado en los últimos dos años sus importaciones de armas y municiones procedentes de Israel, convirtiéndose, dentro del marco de la Unión Europea, en uno de los países que más material bélico ha recibido. Este dato adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que estas operaciones comerciales se han realizado mientras el gobierno de Netanyahu ha implementado (e implementa) su plan de exterminio.
Así pues, de pronto, como si de un acto de caridad repentina se tratara, se anuncian unas medidas que –en palabras del presidente español– pretenden “aliviar ligeramente, aunque sea, el sufrimiento del pueblo palestino y darle un mínimo horizonte de esperanza”. No obstante, según algunos analistas, no debemos llevarnos a engaño: estas medidas llegan justo cuando las transacciones pertinentes ya han culminado; es decir, llegan tarde, como quien ofrece un paraguas tras la tormenta. Sea como fuere, habrá que atender al contenido y, por supuesto, a los pormenores y cláusulas específicas de la futura herramienta jurídica para valorar de qué manera España va a gestionar en un futuro próximo su relación armamentística con Israel.
Asimismo, merece especial atención la restricción de acceso al territorio español para personas implicadas en la comisión de crímenes graves. Es evidente que esta medida no detendrá las ilícitas operaciones militares que se están llevando a cabo de manera cruenta desde hace casi dos años. Es cierto que esta prohibición implicará limitaciones de movilidad para quienes recaigan sospechas fundadas de haber participado en ilícitos de esta naturaleza. Pero, con las herramientas que ofrece el Derecho Internacional, se podía haber aspirado a más. Podrían haberse explorado estrategias que otorgaran un papel activo a nuestro poder judicial en relación con individuos susceptibles de ser acusados de crímenes internacionales. En este sentido, considero que se podría haber rescatado –del baúl de los gratos recuerdos– el principio de justicia universal, eliminado definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico en el año 2014 y que había situado a España como Estado pionero en la protección de los derechos humanos al aplicarse –entre otros casos– frente al dictador chileno Augusto Pinochet.
En este orden de ideas, conviene recordar que, gracias a este principio, los órganos judiciales de un Estado tienen la capacidad de investigar y enjuiciar crímenes de envergadura sin necesidad de acreditar ninguna condición adicional más allá de la gravedad de la conducta. Consecuentemente, si el verdadero compromiso del Estado español fuera el de actuar frente a –por ejemplo– crímenes de guerra o ante conductas susceptibles de ser calificadas de genocidas –como el propio presidente ha reconocido que se están cometiendo en Gaza–, el principio de justicia universal bien podía haber salido de su ostracismo. Pero, al parecer, la ocasión no lo merece. Por ahora, se opta por medidas que tienen más de gesto simbólico que de acción efectiva. En definitiva, el gesto español, aunque mediático, se queda corto frente a la magnitud de los crímenes que se están cometiendo en Gaza.