El gobierno no ha reaccionado bien a la preocupante polémica de los fallos que se han detectado en las pulseras antimaltrato que protegen a las mujeres amenazadas de sus acosadores. El dato lo da la memoria del 2024 de la Fiscalía General del Estado que denuncia un vacío de datos de varios meses causado por un cambio en las empresas adjudicatarias del servicio y que según se lee en este informe provocó una “potencial desprotección de las víctimas” y “gran cantidad de sobreseimientos, provisionales y fallos absolutorios”. Igualdad ha reaccionado a la defensiva con ese juro y perjuro que “las víctimas siempre estuvieron protegidas” pero sin transparencia, sin dar los datos exactos y sin que nadie asuma responsabilidades. Es más la ministra Ana Redondo ha calificado de alarmistas las acusaciones sin explicar a cuantas mujeres afectó el incidente, durante cuanto tiempo carecieron de archivos telemáticos para demostrar judicialmente los quebrantamientos del alejamiento y cuantos casos han quedado archivados por este blanco informático. Este punto es muy importante porque en la actualidad hay un total de 4.515 mujeres adscritas al sistema Cometa, casi 300 menos que en abril del año 2024 cuando se produjo el error en el intercambio de información de compañías. Y llama la atención porque son datos oficiales y es la primera bajada observada tras cinco años de subidas ininterrumpidas.
¿Cómo puede un Gobierno minimizar la pérdida de un solo expediente que afecta a la seguridad de las mujeres y a la eficacia de nuestro Estado de Derecho en perseguir a sus maltratadores? ¿Puede ampararse en porcentajes ante víctimas que confiaron en el Estado? Solo el hecho de quitar importancia a lo ocurrido porque afecta presuntamente al 1% de los expedientes es motivo suficiente para rectificar. Esto del 1% lo ha dicho la ministra de Igualdad y ella más que nadie debería de tener muy presente de que basta con que una sola mujer haya visto como su denuncia queda en el aire porque los datos no se registraron para entender que el sistema ha fallado. Se me ocurren muchas preguntas que todavía las autoridades en la materia no han contestado. ¿Quién supervisó la migración de datos entre adjudicatorios en las pulseras telemáticas que controlan a los maltratadores con órdenes de alejamiento? ¿Se hicieron pruebas antes de poner en marcha el sistema? ¿Había planes B desarrollados para poner en marcha ante la posibilidad de que fallase un tema tan delicado como la protección a las víctimas de violencia de género? Para muchas mujeres tener una pulsera telemática que funcione supone poder salir a la calle con algo de seguridad y no tener que quedarse encerrada en casa. Por eso estos fallos aunque sean puntuales afectan de forma directa a la confianza de las víctimas en la protección que puede ofrecerles el Estado. El gobierno insiste en que ninguna mujer ha sido asesinada por estos fallos y obviamente esto es importante pero igual de importante es que estas víctimas puedan salir a la calle con la seguridad de que su agresor no les va a asaltar en plena calle porque está controlado por un sistema de protección que avisa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si fuese necesario.
La oposición habla de dimisiones y la Fiscalía y el Gobierno intentan sofocar el incendio calificándolo de incidencia puntual. Mal ambas partes porque tan preocupante como los fallos es que la polémica se utilice de forma irresponsable con el único fin de desgastar al Gobierno. Es importante remarcar que las pulseras funcionan porque ninguna de sus beneficiarias ha sido asesinada mientras portaba el dispositivo desde que se activaron en el año 2009. Las reacciones hiperventiladas no amparan a las víctimas sino que las acorralan en la desconfianza y el miedo. Sin embargo el debate debería centrarse en cómo blindar el modelo para que no haya más agujeros y para corregir las deficiencias detectadas: auditorías externas, planes de continuidad en cada transición de contrato, almacenamiento redundante de datos, alarmas automáticas cuando un dispositivo deje de transmitir o cuando se pierda un registro o una decente red de internet en la España rural. La política feminista de un Gobierno se mide ante este tipo de situaciones. Más que en lemas o campañas institucionales o en anuncios que muchas veces van más dirigidos a confrontar que a generar consensos sobre un problema de todos. Lo que nos importa a las mujeres no es que un Gobierno se declare feminista, sino que funcione el sistema que nos protege.
Ana Redondo ha descartado que vaya a dimitir y en entrevistas a varios medios de comunicación porque tampoco ha hecho una comparecencia pública ha anunciado que el contrato para gestionar las pulseras antimaltrato volverá a licitarse para incluir mejoras y que lo hará en unos meses que es en realidad la franja de tiempo que marca el momento que toca para abrir la licitación. El último contrato se firmó en noviembre del 2023 y el anuncio de ese contrato marca una duración de 30 meses. Además de esta opacidad informativa, cada vez hay más indicios de que los fallos en las pulseras eran conocidos por el ministerio. Avisó el Consejo General Judicial, alertó la Guardia Civil y las diferentes administraciones. Y no solo lo hicieron al ministerio de Igualdad. También lo conocía el ministerio de Justicia y Presidencia y el ministerio del Interior. Ni la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez, ni la ministra Redondo han dado las explicaciones necesarias para la alarma social que se ha generado.
Este año en España han sido asesinadas 27 mujeres por violencia machista y desde el 2003 que fue el año en el que se abrieron los registros 1.322. Una de las claves para luchar contra esta lacra que sacude a nuestro país es que las victimas denuncien a sus maltratadores y para esto es fundamental que las mujeres puedan confiar en la red institucional que las protege. Lo que reduce esa confianza no es que se produzcan fallos puntuales en los controles telemáticos, sino que se oculten, se minimicen o no se trabajen para solventarlos. Las mujeres maltratadas necesitan unidad política e instituciones que actúen con rigor y transparencia. La clave es asumir errores en aras a solventarlos y reconocerlos publicamente. Las víctimas, señora ministra, merecen estar seguras de que el Estado no les falla y que les dice la verdad.