Puede estar tranquilo Pedro Sánchez ante el pretendido “ultimátum” de Junts. Están tan acostumbrados uno al relato y los otros al teatro que esto será como el ratón que parieron los montes tras múltiples bufidos y fumarolas. ¿Cuándo va a estar mejor Junts que con Pedro Sánchez?
Ciertamente, promover que el catalán sea lengua oficial en la UE es uno de los puntos de que consta el pacto de investidura entre el PSOE y Junts. Y a eso es a lo que se dedican unos y otros. A “promover”. A Junts le permite bailar en los salones europeos y a Sánchez seguir en la Moncloa al más puro estilo gatopardiano: impulsar que todo cambie para que todo siga igual.
De ahí que Illa, el presidente de la Generalitat, recomiende tranquilidad y paciencia a sus aliados secesionistas. También a él le interesa seguir el baile, pues su connivencia con Moncloa le asegura al mismo tiempo que, aunque tampoco pueda aprobar los presupuestos, todo seguirá igual en la Donnafugata en que parece haberse convertido la Generalitat.
Y, de ahí, también, que estemos asistiendo a un baile de relatos sobre si la reivindicación del catalán en la UE está viva o está durmiente. Apareció una información afirmando que se retiraba de la agenda europea y, al poco, Moncloa afirmó que Alemania volvía a entrar al trapo. Pero los relatos son eso: relatos. Alemania comunicó inmediatamente que su postura no había cambiado, pues una cosa es hablar por seguir siendo educados y, otra muy distinta, hacer ver que se está apoyando la petición española de Exteriores. Alemania fundamenta su postura en el art. 55 del Tratado de la Unión Europea, que enumera las lenguas oficiales en la UE y que debería ser reformado si se pretende que otras lenguas puedan también serlo.
El problema está servido. La reforma del Tratado precisa unanimidad entre los Estados miembros, lo cual complica en demasía las cosas pues no es solo Alemania quien pone pegas, sino la gran mayoría. Para mayor confusión, en el marco de un “relato” completamente falso, se nos dice que catalán, vasco y gallego son oficiales en España, cuando no lo son, sino que son co-oficiales y solo en el respectivo territorio en el que su Estatuto de Autonomía les otorga ese rango.
Están utilizando asimismo el argumento de que casi nueve millones de catalanes son discriminados por la UE, por culpa del muy antipatriota Partido Popular, cuando existen Estados miembros con mucha menor población cuya lengua sí tiene ahí carácter oficial. Cierto, se trata de Estados miembros que lógicamente tienen su lengua oficial, sea cual sea su tamaño poblacional y, por ello, de acuerdo con las normas europeas en vigor, esa lengua tiene carácter oficial en las Instituciones europeas. Si al número de hablantes tuviéramos que referirnos, tendríamos que oficializar el árabe, el turco o el ruso, porque son millones quienes, en el seno de la UE tienen alguna de esas lenguas como lengua materna.
Sobre el uso de las lenguas dentro de las instituciones de la UE, se adoptó el Reglamento del Consejo No 1, en 1958, considerando como lenguas de trabajo a las lenguas oficiales de los Estados miembros. Además, en el art. 8 del citado Reglamento se establece que, por lo que respecta a los Estados miembros donde existan varias lenguas oficiales, el uso de una lengua se regirá, a petición del Estado interesado, por las normas generales de la legislación de dicho Estado. Queda, pues, claro que las lenguas co-oficiales, que lo son en los territorios que así se reconoce en su Estatuto de Autonomía, no pueden tener mayor valor que el que les da la legislación interna española, sin que sea posible extrapolar per saltum la co-oficialidad a la Unión Europea. Si se hiciera una excepción con el catalán, en una evaluación preliminar de impacto, se llegó a la conclusión de que lo mismo tendría que hacerse con alrededor de otras 70 lenguas.
Así las cosas, en 2005, como respuesta a una petición del Gobierno de España, que pedía la reforma del Reglamento precitado para incluir a las lenguas co-oficiales, el Consejo tomó el acuerdo de que para que éstas pudieran ser utilizadas ante las Instituciones y órganos de la UE, tendrían que ser canalizadas mediante un convenio regulador, siempre y cuando el coste de su utilización fuera sufragado por el correspondiente Estado miembro.
En este contexto han sido firmados varios acuerdos administrativos entre España y el Comité de las Regiones (21 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social (7 de junio de 2006 y 7 de abril de 2025), la Comisión Europea (21 de diciembre de 2005), el Defensor del Pueblo Europeo (30 de octubre de 2010) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (27 de abril de 2009). En cuanto al Parlamento Europeo, no se ha formalizado ningún acuerdo administrativo, pero por Decisión de la Mesa de 3 de julio de 2006, se estableció que los servicios de traducción del Parlamento Europeo se encargarían de las traducciones necesarias para que éste puede responder a la ciudadanía en la lengua de la comunicación original, aunque se tratara de una lengua regional o minoritaria, sin que ello, en ningún caso derivara en la posibilidad de que los eurodiputados utilizaran las lenguas co-oficiales en sus intervenciones en los plenos.
De todos modos, no se preocupen demasiado. Lo volverán a intentar y volverá a suceder lo mismo. Hoy olvidan que la reivindicación y el aplazamiento para decidir este tema, casi a nivel de mantra, como reducto procesista, lo llevamos aparejado hace largo tiempo. Cabe también preguntarse si realmente los proponentes se creen lo que han propuesto o si, simplemente, lo que están haciendo es el teatrillo, necesario y suficiente, para que Puigdemont no se les desmadre y los descoloque.