La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, cuestionó este jueves la permanencia en el cargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo acordara la apertura de juicio oral contra él por la presunta revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En declaraciones a RNE, Gamarra sostuvo que García Ortiz no ha renunciado porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “lo necesita” políticamente.
“La única salida digna para el fiscal general es la dimisión”, afirmó la dirigente ‘popular’, advirtiendo de que Sánchez “lo mantendrá hasta el final” porque depende de su respaldo. Incluso deslizó la posibilidad de que Ortiz hubiera intentado dejar el cargo y que fuese el propio jefe del Ejecutivo quien lo instara a resistir: “Tengo hasta mis dudas de si no ha presentado ya su dimisión en algún momento y Sánchez le ha dicho: ‘tú aguantas ahí, que yo te necesito’”.
El PP lleva semanas denunciando lo que considera un caso de falta de independencia de la Fiscalía General del Estado, acusando a García Ortiz de actuar bajo las directrices del Gobierno. Para Gamarra, este episodio evidencia un “grave deterioro institucional” y una anomalía democrática: que un fiscal jerárquicamente subordinado sea quien deba interrogar a su superior en el marco de un proceso penal.
La portavoz conservadora insistió además en que su formación propondrá cambios si alcanza el Gobierno. Entre las medidas que ya ha adelantado Alberto Núñez Feijóo, figuran la obligatoriedad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita un informe preceptivo y vinculante de idoneidad antes de cualquier nombramiento, así como la destitución automática del fiscal general si es objeto de una investigación judicial.
En este contexto, Gamarra recalcó que lo ocurrido con García Ortiz demuestra la necesidad de reformar el sistema de designación para reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y garantizar que no exista subordinación política. Según subrayó, “la regeneración institucional pasa por cortar de raíz los vínculos entre la Fiscalía y el Gobierno”, algo que, a su juicio, el actual Ejecutivo ha ignorado deliberadamente.