El Gobierno ha denegado la solicitud de Baleares para acogerse a la contingencia migratoria, una petición que el Govern autonómico había planteado la semana pasada con el objetivo de frenar el reparto de menores migrantes no acompañados hacia las islas.
La presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, anunció este martes en el pleno del Parlament que recurrirán “todas las vías posibles” para defender los intereses de la comunidad y evitar la sobrecarga de unos servicios de acogida que, según denunció, ya funcionan “a más del 1.000% de ocupación” respecto a los recursos disponibles.
El Ministerio de Infancia y Juventud notificó formalmente la decisión, alegando que el número de menores no acompañados acogidos actualmente en Baleares, un total de 694, no alcanza el umbral necesario para declarar una situación de contingencia. Con esta resolución se pone fin a la vía administrativa, aunque se abre la posibilidad de que el Govern recurra en la Audiencia Nacional mediante un contencioso administrativo.
Avui, el mateix dia que superam les 5.000 persones migrants en el que duim de 2025, el Govern de Sánchez ens ha comunicat que denega la contingència migratòria a les Illes Balears.
Recorrerem a totes les vies al nostre abast per aturar aquest repartiment discriminatori que… pic.twitter.com/ZUB3ukHI6E
— Marga Prohens (@MargaProhens) September 9, 2025
La presidenta balear lamentó que la comunicación coincidiera con el día en que las islas superaron las 5.000 llegadas irregulares en 2025, lo que, a su juicio, evidencia la falta de sensibilidad del Gobierno central ante la gravedad del fenómeno. “Para el Gobierno no es suficiente que los centros estén al límite, quieren más, con menos dignidad. Esto es racismo institucional”, criticó Prohens, que también reclamó más efectivos policiales, colaboración con Argelia y medidas eficaces contra las mafias que gestionan el tráfico de personas.
El Govern insiste en que la situación migratoria es “desesperada” y que la llegada de pateras por la ruta mediterránea ha aumentado un 11% respecto al año pasado, con cerca de 4.000 personas arribadas en los primeros ocho meses del año. Ante esta presión, Prohens pidió incluso a la ciudadanía que salga “a la calle” para manifestar su descontento y reiteró que no renunciarán a luchar contra un reparto que, a su juicio, favorece a otras comunidades en detrimento de Baleares.