Todos los partidos critican la jornada negacionista de Vox en el Congreso de los Diputados, celebrada este jueves. Todos reivindican la importancia de las políticas de lucha contra la violencia machista. Todos insisten en que no es opinable que existe un tipo de violencia específica ejercida contra las mujeres, y en que ésta es estructural. Y todos se consideran prácticamente maniatados para evitar, a futuro, este tipo de jornadas de contenido “lamentable”, como lo cataloga una diputada.
Uno de los ponentes se burló de las personas trans, otros negaron que las denuncias falsas por violencia machista sean mínimas –0,001% en 2024, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado -; varios afirmaron que esta norma, aprobada en 2004, discrimina al hombre -el Tribunal Constitucional sentenció lo contrario-. Y otros tantos culparon a los inmigrantes de la violencia sexual contra las mujeres. Las cifras oficiales brillaron por su ausencia.
Las mismas formaciones denunciaron que Vox intentó boicotear el pacto de Estado contra la violencia machista durante meses, exponiendo los mismos postulados. Tres de los comparecientes que citó la formación ultraderechista entonces han vuelto a la Cámara Baja este jueves.
El Gobierno, por su parte, les contraprogramó anunciando un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que ya estaría a punto de pasar en primera vuelta en Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aludió a la ley abolicionista de la prostitución que preparan, y a la ley de trata que lleva casi año y medio pendiente de llegar a segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Pero ni los partidos políticos ni la Presidencia del Congreso ven margen para prevenir a futuro que este tipo de discursos resuenen en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, pronunciados por personas que ni siquiera tienen escaño.
“Mientras no sea delito”… “Es lo que tiene la democracia y la libertad de opinión”, sintetiza una dirigente política con escaño. Fuentes jurídicas del Congreso no ven resquicios para modificar la forma de actuar a futuro, dados los “precedentes” con este tipo de jornadas. “La interpretación de lo que se puede autorizar es súper amplia”, apostillan. Un informe no vinculante de los letrados ahondaba en las dificultades para ejercer una suerte de censura.
Por lo pronto, funcionarios de la Cámara han seguido el desarrollo de la jornada, como han hecho alguno de los grupos políticos. Si alguno de los partidos con representación en la Mesa (PP, PSOE y Sumar), consideran que se ha producido alguna falta grave, la próxima reunión del órgano puede servirles para estudiar nuevos movimientos. Fuentes del PP nocierran la puerta a este escenario, pero coinciden con los partidos del Ejecutivo en que no está nada claro cómo prevenir un espectáculo similar.
Para Sumar, que a finales de agosto se desmarcó de PP y PSOE y se pronunció contra la celebración de estas jornadas en la Mesa, lo abordado este jueves “roza” la negación de la violencia machista. Y supone cruzar una “línea roja”.
Fuentes de la Cámara abundan que habrá que dilucidar hasta qué punto alguno de los discursos puede considerarse contrario a la Constitución o incurrir en un delito de odio. Sólo en estos casos se consideraría que hay suficientes argumentos para actuar.
La Mesa decide los criterios sobre qué tipo de actos puede acoger la Cámara
Hasta la fecha se ha optado por aplicar lo recogido en el acuerdo de Mesa sobre criterios ante actividades no parlamentarias a desarrollar dentro del recinto, explican fuentes parlamentarias. De forma similar a como ocurre en el Parlamento Europeo, la política general es ceder las salas ante las peticiones, con prioridad para las actividades propias de los grupos. En su día PP, PSOE y Sumar acordaron no permitir actos comerciales de empresas, aunque sí hay ONGs, asociaciones y colectivos varios que hacen uso de las instalaciones.
Hubo un punto de inflexión cuando Podemos organizó otra actividad en la que participaron activistas propalestinos, en junio de 2024, cuando dos de ellos defendieron “la resistencia armada del pueblo palestino” ante la devastación y la ocupación israelí. Se presentó una denuncia, acapararon titulares, y se originó un “debate acalorado” en la Mesa.
Entonces se concluyó que no tenían opción de ejercer la censura; los letrados advirtieron de que sería necesario contar con un volumen importante de información previa, sobrepasando las “actuaciones habituales” del órgano de gobierno de la Cámara. Teóricamente, la opción de revisar este acuerdo está al alcance de quien reúna la mayoría de los votos, pero nadie lo ha planteado hasta ahora.
En mayo, la Mesa sí revocó con escasas horas de antelación la autorización de una sala para proyectar un documental, de nuevo con Vox de anfitrión. PSOE y Sumar forzaron el cambio tras conocer que la cinta imputaba “actividades delictivas a un grupo parlamentario”, el de Pedro Sánchez. En el caso actual, sin embargo, PSOE y Sumar no han votado lo mismo.
La petición de ERC, Bildu y BNG a la Mesa para que lo cancelara, presentada un día antes, no tuvo el menor efecto. Y hoy estas fuerzas ven poco viable cualquier actuación con el partido ultra que acompañó a los negacionistas al corazón de la Cámara Baja.