El Gobierno central presentó este lunes un requerimiento formal al Ayuntamiento de Jumilla -Murcia- para dejar sin efecto la moción aprobada el pasado mes de julio con los votos de PP y Vox, por la que se prohibía el uso de instalaciones deportivas para actividades ajenas a la práctica estrictamente deportiva. Esta medida, aunque presentada como una regulación general, afectaba de forma directa a la comunidad musulmana local, que utilizaba estos espacios para la celebración de festividades como la Fiesta del Cordero. Ahora, da un mes al consistorio para revocar ese acuerdo.
Así, el Ejecutivo central mantiene el foco en la polémica de Jumilla, aprovechando para atacar al PP y pasar de largo de los casos de corrupción que le rodean. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que la decisión del consistorio vulneraba derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, concretamente en su artículo 16, que garantiza la libertad religiosa y de culto. Según Torres, la moción respondía a criterios ideológicos y excluyentes, contrarios a la neutralidad que deben mantener los poderes públicos. “No se trata de una cuestión menor, sino de defender principios que son la base de la convivencia en democracia”.
Desde el Gobierno de España, enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años.
El requerimiento se ha enviado esta mañana, con informe… https://t.co/zxExVggV8i
— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) August 11, 2025
El requerimiento, avalado por un informe jurídico del propio ministerio, argumentó que la prohibición quebrantaba el ordenamiento jurídico y los principios de igualdad y no discriminación. El texto señalaba que la medida carecía de motivación técnica o funcional, y que su único efecto era impedir a determinados colectivos religiosos utilizar espacios públicos, vulnerando así el principio de neutralidad de las administraciones.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respaldó públicamente la actuación de Torres y afirmó que el Ejecutivo “frenará las medidas ultras que atenten contra los derechos y libertades” reconocidos por la ley. Para Bolaños, este tipo de decisiones municipales representan un retroceso en materia de libertades públicas y suponen un riesgo para la cohesión social.
El PP mantiene su aval
Frente a esta posición, el PP mantuvo su aval a la moción de Jumilla, defendiendo su legalidad y negando que supusiera un veto confesional. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, declaró que el texto “no veta absolutamente nada” ni hace referencia a la religión y acusó al Gobierno de “buscar rédito político” con un caso que, en su opinión, responde a la gestión ordinaria de los espacios públicos.
Bravo insistió en que el PP defiende la libertad de culto y la igualdad de derechos para todas las personas, recordando que su partido gobierna en lugares como Ceuta y Melilla, donde conviven distintas confesiones religiosas. Según el dirigente popular, “nosotros no levantamos muros, construimos puentes”, y subrayó que en su formación no se aprueban medidas que discriminen por motivos de credo.
Esta posición oficial contrasta con la opinión que, en privado, trasladan algunos dirigentes del PP -incluidos barones territoriales con mando en plaza-. Para este sector del PP, el caso de Jumilla es “un gol” que les ha colado la formación de Santiago Abascal. Tal y como publicó este periódico, Alberto Núñez Feijóo reclamó en el último Comité Ejecutivo endurecer el discurso en materia migratoria política.
La Iglesia, en contra
La moción de Jumilla fue impulsada y aprobada en pleno municipal con el apoyo conjunto de PP y Vox la pasada semana levantando una enorme polémica que aún persiste. Ambos grupos defendieron que la medida buscaba “preservar el uso natural de las instalaciones deportivas” y “evitar conflictos de utilización”, sin mencionar expresamente ninguna confesión religiosa. Sin embargo, el contexto local -con antecedentes de uso de estos espacios por parte de la comunidad musulmana- llevó al Gobierno a interpretar que la norma tenía un carácter de exclusión.
La Conferencia Episcopal Española también se posicionó en contra de la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, considerando que suponía un acto arbitrario y contrario a la libertad religiosa. Este pronunciamiento fue duramente criticado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, que cuestionó la postura de parte de la jerarquía eclesiástica en este asunto. Bravo, por su parte, evitó entrar en esa polémica y reiteró que su formación no comparte enfoques que restrinjan derechos por razones de credo.