El PSOE ha iniciado un drástico borrado de “una persona que no tiene nada que ver con el Partido Socialista”, que es como María Jesús Montero se refiere ahora a Santos Cerdán. La instrucción de erradicar todo rastro de esa “persona que no tiene nada que ver con el Partido Socialista” también parece haberse dado en el Gobierno de Navarra, que tampoco ha dudado en intentar eliminar su contacto con el ex secretario de Organización del PSOE.
Recientemente se ha conocido que Cerdán estuvo presente en una reunión mantenida por el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo navarro en noviembre de 2019, en la que se habló sobre la duplicación del túnel de Belate-Almandoz. Una controvertida obra que posteriormente fue adjudicada a la UTE conformada por Acciona, Excavaciones Fermín Oses y Servinabar, empresa indiciariamente relacionada con la presunta trama corrupta encabezada por el exdirigente socialista.
Entonces, el expolítico era diputado en el Congreso, secretario de Coordinación Territorial del PSOE y firmante de un contrato privado con Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, al que compró un 45% de la mencionada empresa constructora en 2016. Es decir, Cerdán no tenía ningún cargo en el Departamento entonces liderado por José Luis Ábalos ni en el Ejecutivo presidido por María Chivite, pero sí unos aparentes intereses económicos. De la mencionada cita se tomó una instantánea donde se capturó a los presentes sonriendo, un gesto que fue especialmente intenso en el rostro de Cerdán.
Sin embargo, esta fotografía ha sido recortada en la página de la Consejería de Cohesión Territorial navarra. Un intento del Ejecutivo autonómico por borrar el rastro que les pueda ligar al ahora preso preventivo.
Preguntados por esta cuestión, desde el equipo de comunicación de Chivite indican a Artículo14 que desconocen de quién depende la página donde se visualiza la fotografía recortada. Estas voces autorizadas precisan que “la versión del Gobierno de Navarra”, y la de sus diferentes consejerías, es la que está alojada en el dominio oficial: navarra.es. Si bien en otro enlace facilitado por estas fuentes todavía se muestra esa fotografía al completo, el dominio de la página donde está la instantánea editada también contiene el citado “navarra.es” (es “obraspublicas.navarra.es”), además de dos carteles que muestran el escudo regional y las palabras “Gobierno de Navarra” en la cabecera y en el final. Asimismo, esa web contiene mucha y muy precisa información sobre multiplicidad de obras públicas.
Una adjudicación llena de dudas
En noviembre de 2019 se celebró en Madrid un encuentro entre el Gobierno navarro y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La cartera de la que Ábalos era titular, representada en aquella cita por el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, respaldó la decisión adoptada por el Ejecutivo encabezado por Chivite de duplicar el túnel de Belate-Almandoz por dos razones: “Aumentar la seguridad y dar cumplimiento” a una directiva europea, en palabras del Gobierno foral.
En esa reunión también estuvo presente el consejero de Cohesión Territorial navarro, Bernardo Ciriza, y el ex director general de Carreteras Javier Herrero. Cabe recordar, según señaló recientemente el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que Herrero habría podido “prestar asistencia” al exministro Ábalos, a través de Koldo García, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes o la salida a licitación de otros”.
Aquella obra finalmente se adjudicó a la UTE conformada por Acciona, Excavaciones Fermín Oses y Servinabar por algo más de 62 millones de euros. Una concesión que generó controversia. Por una parte, la Cámara de Comptos de Navarra (órgano fiscalizador de la gestión económica y financiera del sector público autonómico) observó “aspectos significativos” que “impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato” debido a la “insuficiente concreción” de los criterios de valoración sometidos a juicio de valor y al procedimiento seguido en la formulación de las valoraciones.
Por otra parte, Unión del Pueblo Navarro (UPN) denunció que el Ejecutivo regional ignoró los votos particulares de tres integrantes de la mesa de contratación, quienes advirtieron sobre la existencia de supuestas arbitrariedades en el proceso.