Los testimonios recogidos por este medio de mujeres militares denunciantes han aterrizado en la mañana de este martes en la Comisión de Defensa del Congreso.
Artículo14 ha recogido y publicado las denuncias de efectivos de distintos Ejércitos que manifiestan una vulneración de sus datos personales que deberían estar garantizados por ley. Según el protocolo, las damnificadas pueden interponer sus denuncias ante la UPA -Unidad de Protección frente al Acoso-, o directamente en los Tribunales. El hecho de que no se respete su privacidad, afirman, genera posteriores hostigamientos en sus unidades de destino y, en algunos casos, se abre un expediente contra la denunciante por incapacidad psicológica.
El diputado del PP, Agustín Conde, se ha centrado en el caso de la capitán Cebollero, publicado en este medio. “Las Fuerzas Armadas están compuestas por hombres y mujeres honorables”, afirma el diputado, que fue secretario de Estado de Defensa bajo gobierno de Mariano Rajoy. “Los que hemos tenido ocasión de vestir el uniforme lo sabemos. Pero a veces hay personas que no cumplen con la ley, y por eso es importante establecer marcos para defenderse“. Y ha hecho alusión al protocolo de prevención por el acoso sexual que el PP hiciera en 2015, tras el polémico caso de acoso denunciado por Zaida Cantero.
Robles defendió que se garantizara la privacidad de las víctimas
Conde ha traído a la palestra el documento firmado por la ministra el 27 de febrero de 2019, en el que afirmó lo siguiente: “Actualmente, tenemos un protocolo que transcurridos tres años desde su entrada en vigor se va a mantener actualizado”, recordó. “Vamos a incidir en proteger la identidad de las personas que denuncian para evitar que pueda haber filtración”, dijo la ministra, con el fin, aseguró, de que las personas que denuncian supieran que su identidad estuviera protegida.
Tal y como explicó Artículo14 con la documentación aportada por la Capitán Cebollero, la militar que hacía servicio en un cuartel de Zaragoza denunció en 2017 un caso de acoso por razón de sexo. El subsecretario del PP en aquel entonces, Arturo Romaní, archivó el caso y el coronel denunciado pidió al subsecretario que se le entregase el caso para conocer la identidad del denunciante, y Romaní dictó una resolución en 2018 por el que decía acuerdo denegó la petición para cumplir con el protocolo.
Sin embargo, la denuncia terminó en manos del coronel, que a su vez denunció a la denunciante. Unos datos a través de la UPA en los que, incluso, aparecía su teléfono móvil. La ministra, según un correo al que ha tenido acceso este medio, defendió tal proceder. “Apartada del Ejército, una mujer con una vocación envidiable”, ha afirmado Conde. “¿Este es el Gobierno más feminista de la historia?”
La respuesta de la SEDEF
En su defensa, la SEDEF ha asegurado que “Indudablemente hay que cumplir con el protocolo pero también con las resoluciones judiciales”. Y le ha replicado: “El que toda la actuación haya sido refrendada por los tribunales parece que a usted no le importa”. Valcarce le ha echado en cara el acercamiento con VOX. “Quieren usar la violencia de género para erosionar a este gobierno un partido que va de la mano de los negacionistas”.
Valcarce ha hecho gala de la actuación del Gobierno y, en particular, de la ministra de Defensa. “En diciembre de 2019 se aprobó la instrucción 66, en el año 2019, de las medidas que refuerzan el protocolo de actuación para garantizar la preservación de la identidad de las mujeres” ha afirmado.
Defensa a la UPA
En cuanto al cuestionamiento del buen funcionamiento de las UPAS, las ha definido como son órganos ajenos a la cadena de mando, “reconocidas como un excelente ejemplo de buenas prácticas”.
Conde ha intervenido nuevamente para matizar que su intención no es poner en duda “la eficacia del protocolo ni la eficacia de los que hicieron posteriormente”, ha afirmado. “Yo le planteo como es posible que, en contra de la instrucción, la denuncia se entregara al denunciado y lo ratificara la ministra”.
Un debate bronco, que ha concluido con el “asco” que ha afirmado sentir la secretaria de Estado, después de que, además, el diputado le afeara el caso de las pulseras. “No le interesa nada la protección de la mujer. Su intervención produce náuseas”.