El 30 de octubre de 2024, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entraron en el despacho de Álvaro García Ortiz para tratar de recabar detalles sobre todo lo que sucedió en los días de la filtración sobre Alberto González Amador. La UCO reconstruyó una cronología con los mensajes incautados para acabar concluyendo que el fiscal general tuvo un “papel preeminente” en la filtración del correo del dos de febrero en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía delitos fiscales y proponía llegar a un pacto con la Fiscalía.
Ahora, la declaración de estos agentes va a ser crucial en el desenlace del juicio porque podrán “ratificar y dar más detalles” de lo hallado en los dispositivos, según las fuentes del caso consultadas por Artículo14. Los agentes también podrán constatar el borrado del móvil del fiscal general el 16 de octubre de 2024, justo el día que el juez instructor Ángel Hurtado abrió causa contra él.
Algo que para las fuentes del caso consultadas por este periódico “lo incrimina”. Además, creen que el tribunal enjuiciador podría volver a considerar la publicación de la nota de prensa como un acto delictivo.
La emisión de la circular quedó fuera del objeto de la investigación porque se consideró que el contenido de la misma fue publicado horas antes y por ello no podía haber en su publicación revelación de secretos. Pero si volviera a considerarse acto delictivo como piden algunas de las acusaciones, el fiscal general tendría casi imposible eludir la condena porque él mismo ha reconocido que se encargó de su elaboración.

Si bien, fuentes del caso aseguran a este periódico que creen que será suficiente con las pruebas indirectas de la filtración para condenar al fiscal general pese a las testificales de periodistas asegurando que no fue quien lo filtró a la prensa. Estas pruebas indirectas se basan en la cronología que realizó la UCO.
El papel de la Guardia Civil
Los agentes se remontaron al 8 de marzo cuando la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez le remitió a Diego Villafañe, el número 2 de García Ortiz, la documentación referente a la denuncia que había interpuesto la Fiscalía contra la pareja de Ayuso. De lo que los agentes coligieron que “a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp que posteriormente se reproducirán, será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado siendo publicada la información el día 12.3.2024, es decir, tan solo cuatro días después de haberla recibido de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid”.

La UCO incluso pone el acento en que “la prensa disponía del contenido de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado”, ya que la noticia salta a los medios el 12 de octubre a las 6 de la mañana y el fiscal de delitos económicos remite la denuncia a Carlos Neira, abogado de la pareja de Ayuso, a las 9:23h. Ese día Pilar Rodríguez deja plasmado en un mensaje que a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, no le había gustado que se filtrara la denuncia.
Filtración a El Mundo
Esa noche a las 21:29h, el diario El Mundo publica la noticia con la información tergiversada que estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez, en la que parecía que la Fiscalía estaba ofreciendo un pacto de conformidad.
A partir de ahí, se producen una serie de llamadas entre el fiscal general, Pilar Rodríguez y Julián Salto, el fiscal de delitos económicos. A las 21.39h, durante 4.09 minutos, y a las 21.47, durante 1.12 minutos. La Guardia Civil apunta: “Por la sucesión de hechos que se producen a continuación se colige que esta llamada tiene como motivación que Salto facilite los correos cruzados con el abogado de González Amador, para que así la fiscal jefe pueda remitírselo al fiscal general”.
Rodríguez envió una serie de correos electrónicos a García Ortiz a las 21:54h, pero el fiscal general se da cuenta de que falta un mensaje en la cadena. A las 23:43h todavía no había conseguido que Salto le enviara el polémico correo del 2 de febrero, y el fiscal general insistió a Rodríguez que lo necesitaba “para cerrar el círculo”. Finalmente se lo envía y los agentes referencian que minutos después la Cadena Ser publica una noticia con el contenido del correo.
Posteriormente, el fiscal general se afana por redactar una nota de prensa aclaratoria con la versión correcta de los hechos. Una vez elaborada, la envía a Rodríguez, que le dice que cree que “está perfecta” pero que “dan ganas de incorporar un poquito de cianuro” ya a media noche.
No es hasta las 10:25h del día siguientes cuando la Fiscalía hace pública esa nota de prensa, que reza: “El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024”.


