Puentes rotos. Alberto Núñez Feijóo llevará su pulso hasta el final y votará este jueves en el Congreso en contra del decreto del Gobierno sobre aranceles. Según las fuentes consultadas por Artículo14, no ha habido contactos en las últimas horas entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo, los interlocutores del Gobierno y el PP, para buscar un acercamiento. Y de ahí que Feijóo formalizara su rechazo al término de su comité de dirección.
Desde el inicio de las negociaciones sobre la guerra arancelaria provocada por Donald Trump, el PP incluyó la energía nuclear entre las cuestiones a pactar con el Ejecutivo. Pero el apagón de hace una semana hizo de esta cuestión se convirtiera en una línea roja para Feijóo, y así se lo trasladó al Gobierno después de que el pasado miércoles, los populares dieran por rotos los contactos, al constatar que Cuerpo no incluía ninguna de sus reclamaciones.
Debate en el Congreso
El PP considera que la continuidad de las plantas nucleares es esencial para garantizar el suministro eléctrico, reducir su precio y estabilizar la red. Por eso, este martes, los de Feijóo defenderán en el Congreso una proposición no de ley que reclamará al Gobierno un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético. Una propuesta que plantea, entre otras cosas, revisar el calendario de cierre de las centrales. La propuesta cuenta con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario: pues además del PP, la defienden también otros grupos como Vox o Junts.
Aunque los populares registraron esta iniciativa el pasado mes de octubre, desde Génova consideran que ahora es el momento más oportuno para presentarla en el Congreso, una semana después del apagón que paralizó España y Portugal. La proposición no sólo plantea alargar la vida útil de las centrales. Además, sugiere fomentar la inversión en redes eléctricas, impulsar mecanismos de respaldo energético, promover subastas e incentivos para la cogeneración, y aumentar la producción de biometano, biomasa, ecocombustibles e hidrógeno bajo en carbono.
Sobre el calendario, la primera central en cerrar sus puertas será Almaraz, en Cáceres, y lo hará en 2027. Y en el Gobierno no hay intención de mover fechas. “El calendario fue planteado por las propias empresas”, explican desde el Ministerio de Sara Aagesen, que insiste en que “no hay propuestas concretas encima de la mesa”.
El Ejecutivo defiende que su hoja de ruta está “totalmente alineada con los objetivos europeos” y que solo revisará el plan si las compañías lo plantean formalmente. En todo caso, recuerdan que “velarán por el interés general” y por que los consumidores no paguen un sobrecoste.
Podemos se abstiene
Anunciado el portazo del PP, el Ejecutivo saca una vez más la calculadora de cara a la votación en la Cámara Baja. Si bien, el anuncio de Podemos de que se abstendrá previsiblemente le permitirá salvar el decreto. Al menos, así lo interpretan las fuentes consultadas en la Moncloa. La formación de Ione Belarra afirma que solo apoyará el plan si se expropian las viviendas de los fondos buitre estadounidenses en España.
La abstención de los morados deja la convalidación del decreto en manos del resto de socios habituales. Si todos votan a favor, el Gobierno salvaría el texto por un estrecho margen: 174 votos frente a 172.
Una nueva semana crítica para el Gobierno en el Congreso con el PP apretándole en todos los frentes, también por el caos ferroviario de las últimas horas -han exigido la comparecencia urgente de Óscar Puente y una auditoría de la red ferroviaria- y por el citado apagón del lunes. Sobre la segunda cuestión, para los populares es “incomprensible” que el Ejecutivo siga sin saber las causas y “sin pedir perdón” por lo ocurrido. “Solo hay dos posibilidades ciertas: por incompetencia manifiesta del Gobierno o porque lo saben y mienten; Sánchez es un incompetente y está mintiendo”, sentenció Juan Bravo, que compareció junto a Borja Sémper en rueda de prensa.