El juez Juan Carlos Peinado, que ya encaminó a Begoña Gómez a ser juzgada por un jurado popular por supuesta malversación, ha extendido esta decisión al resto de ilegalidades que podría haber cometido (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo). Es decir, que será un juzgado popular quien determine si la mujer del presidente del Gobierno es culpable de todos estos delitos por los que está siendo investigada.
El instructor ha adoptado la misma decisión respecto a la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Jueces del Supremo o la Audiencia Nacional consultados por Artículo14 ya manifestaron sus dudas respecto a la primera decisión que el juez Peinado tomó en este sentido, la de que fuera un juzgado popular quien diera su veredicto sobre el presunto delito de malversación. “El procedimiento es correcto pero las prisas no”, afirmaron las fuentes consultadas. “El auto está mal formulado”, añadieron compañeros de la carrera judicial.
El tiempo apremia en la causa que afecta a Gómez. Al magistrado le queda un año para jubilarse y puede verse en la obligación solicitar una prórroga de seis meses más a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los ocho recursos que tiene encima de la mesa. Por ello, decidió pisar el acelerador en el bloque de la investigación que tenía más avanzado, la pieza por malversación, transformando el procedimiento en un juicio con tribunal de jurado.
La oposición al juzgado popular
En el caso del presunto delito de malversación, el juez puso el foco en si se produjo un desvío de dinero público al designar a Cristina Álvarez como asesora de Moncloa para desempeñar funciones privadas para Begoña Gómez. En esta pieza solo figuran como investigados Gómez, Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su etapa como número dos de Presidencia durante la designación de la asesora de Moncloa.
Las defensas de los tres encausados rechazaron ante el juez el pasado sábado las acusaciones que pesan sobre sus hombres y mostraron su oposición a ser juzgados por un jurado popular.
Gómez, Álvarez y Martín Aguirre están pendientes de que el juez responda en un auto a las alegaciones que plantearon sus defensas, así como la Fiscalía y las acusaciones populares el pasado sábado.
Asimismo, la esposa de Sánchez y la asesora de Moncloa están a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid conteste a los recursos que presentaron contra la formación de esta pieza separada, la imputación por malversación y la decisión de juzgar dicho delito con un jurado popular.