Revuelo en la judicatura por la última maniobra del juez Juan Carlos Peinado en su investigación sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Jueces del Supremo o la Audiencia Nacional consultados por este periódico reconocen sus dudas ante la última decisión del magistrado. “El procedimiento es correcto pero las prisas no”, afirman las fuentes consultadas. “El auto está mal formulado”, deslizan compañeros de la carrera judicial.
El tiempo apremia en la causa que afecta a Gómez. Al magistrado le queda un año para jubilarse y puede verse en la obligación solicitar una prórroga de seis meses más a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los ocho recursos que tiene encima de la mesa. Por ello, ha decidido pisar el acelerador en el bloque de la investigación que tenía más avanzado, la pieza por malversación, transformando el procedimiento en un juicio con tribunal de jurado.
Las fuentes jurídicas consultadas por Artículo14 explican que con esta maniobra el juez lograría acortar los plazos. “Es mucho más rápido que el procedimiento abreviado habitual”. ¿Por qué motivo? No es necesario dictar un auto de procesamiento sino que, cuando acabe de instruir, basta remitirlo a la Audiencia para que asigne el tribunal.
A partir de ahí, las dudas y los matices se repiten entre los distintos magistrados preguntados por este periódico. “Es arriesgado, no es habitual”, dice un juez de la Audiencia Nacional. Para otro togado, en este caso de la Audiencia Provincial, el trámite “procesalmente es correcto” porque ha de ser juzgado con jurado popular con la ley en la mano.
Las formas de Peinado son las que más han revuelto al poder judicial. “Debería haber dicho que esto iba por tribunal de jurado desde el inicio de la pieza separada, no ahora. Le han entrado las prisas”, explica otra alta fuente consultada. Señala este juez además que el auto “está mal sustentado” y “lo normal sería que la Audiencia lo tumbe”. “Ha copiado y pegado una resolución anterior”.
En este sentido, también censuran el hecho de citar a Gómez este mismo sábado. “El hecho de hacerlo a toda pastilla marcan la intención del juez”, apunta uno de estos letrados.
En concreto, Begoña Gómez, Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, acudirán este fin de semana durante la guardia del juez Peinado a los juzgados de Plaza Castilla para que el instructor les informe de este giro de los acontecimientos, y así seguir instruyendo las últimas diligencias que queden.
Lo que persigue el juez es un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa desde que llegó Pedro Sánchez al Ejecutivo. Sospecha que el nombramiento fue un enchufe por la amistad previa que mantenían ambas. Además, cree que Álvarez se excedió de sus competencias y ayudó a Begoña Gómez con sus negocios privados.
Prueba de ello serían los correos electrónicos que enviaba Cristina Álvarez en nombre de Gómez para sus proyectos personales. En la causa destacan los que pedía financiación para la Cátedra en la Complutense: “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, decía Álvarez a una directiva de Reale.
Además, el Vicerrector de la Complutense de Relaciones Internacionales, Juan Carlos Doadrio, habría aportado en sede judicial, recientemente, más correos que habrían llevado a Peinado a tomar esta decisión.
Sobre la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez, fuentes jurídicas recuerdan que la Audiencia Provincial ya se pronunció e indicó “una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público respecto de lo que debieran ser sus funciones de ayuda, de mera colaboración y acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo”. Extremo podría enmarcarse en el delito de malversación y avalaría la investigación de Peinado.
A renglón seguido, la Audiencia especificaba que se “podría permitir inferir un áurea de indudable influencia que como esposa del Presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener toda su actividad privada”, añadiendo el delito de tráfico de influencias, que también puede juzgarse con jurado.
Por último, cabe añadir que la mayoría de los delitos de malversación no se juzgan con jurado porque la prevaricación suele ir de la mano y ese delito ha de ir por el trámite de Procedimiento Abreviado.