María Remedios Lajara Domínguez. Es la alcaldesa de Yecla, en Murcia, territorio donde Vox está endureciendo su discurso en materia de migración. Maestra especialista en audición y lenguaje por la Universidad de Valladolid y funcionaria del cuerpo de maestros desde 2016. La regidora se negó a hacer seguidismo de las tesis de Vox llegando a apoyar una iniciativa de Izquierda Unida contra el racismo.
Lajara inició su trayectoria política como concejal de Educación en el Ayuntamiento de Yecla en 2011. Posteriormente, asumió la primera Tenencia de Alcaldía y la portavocía municipal hasta su nombramiento, en 2017, como directora general de Centros Educativos en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes del Gobierno regional, cargo que desempeñó hasta 2019. Desde entonces, ha ejercido como portavoz del Grupo Municipal Popular y primera teniente de alcalde, con competencias en Educación, Personal y Urbanismo, hasta su elección como alcaldesa de Yecla.
En un contexto regional marcado por la creciente tensión política en torno a la inmigración, Lajara ha decidido distanciarse de las posiciones de Vox. Partido con el que el PP mantiene acuerdos en diferentes municipios. En concreto, decidió apoyar una moción de IU contra el racismo dejando solo a su socio, el partido de Santiago Abascal. “Uno puede ser yeclano de Marruecos, de Bolivia o de Pakistán. Y ahí estaremos defendiendo también, por supuesto, a todo aquel que lo necesite”, sentenció.
Mientras otros de su misma formación asumen las tesis de Vox, ella expresó su desacuerdo con la formación de Abascal y defendió que el PP debe ser “el partido de la libertad y de las personas”. Y rechazó con claridad que se vincule migración con delincuencia, como hacen habitualmente desde el partido verde.
En línea con Alberto Núñez Feijóo, Lajara señaló que, en los casos en los que un extranjero delinca, “tiene que ser repatriado o deportado, pero eso tiene que nacer del Gobierno de España”. De este modo, defendió una postura de firmeza frente a la delincuencia pero sin generalizar, explican desde su consistorio.
Tensión migratoria en Murcia
La Región de Murcia ha copado multitud de titulares en los últimos meses por la situación migratoria. La polémica terminó de estallar con la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de modificar el reglamento de uso de instalaciones municipales. Esto, en una medida promovida por Vox y respaldada por el PP, para impedir la celebración de las festividades musulmanas de final del Ramadán y la Fiesta del Cordero. Alrededor de 1.500 vecinos musulmanes utilizaban estos espacios para rezar de forma colectiva. Ahora, una práctica vetada en un municipio de poco más de 27.000 habitantes.
Esta restricción se justificó apelando a la preservación de “manifestaciones religiosas tradicionales” en España. Generó fuertes críticas por su posible vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, recogido en la Constitución, como así afirmaron desde la Conferencia Episcopal.
La iniciativa en Jumilla coincidió con la tensión aún latente en el municipio de Torre Pacheco. Allí, hace pocas semanas atrás se produjeron disturbios de carácter racista alentados por grupos ultras vinculados a la extrema derecha. Durante cinco días, la comunidad de origen magrebí del municipio vivió episodios de hostigamiento y violencia verbal y física después de la agresión a un anciano. La Fiscalía de Cartagena mantiene abiertas diligencias por posibles delitos de odio, incluyendo investigaciones contra el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, por sus declaraciones previas a los incidentes, así como contra el líder nacional del partido, Santiago Abascal, cuyas palabras han sido remitidas a la Fiscalía General del Estado por su condición de aforado.