El Gobierno vende tímidos avances en su camino para intentar aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2026 que reconoce muy difíciles. Lo hace después de que el PSOE sumara una nueva derrota parlamentaria con la caída de su proposición de ley para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, una norma rubricada a medias con Junts.
Y defiende su estabilidad tras las resoluciones que les han llegado desde los dos frentes judiciales que tienen abiertos el hermano del presidente, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. El martes, la Audiencia de Badajoz ratificó la decisión de la jueza instructora, Beatriz Biedma, y mandó al banquillo a Sánchez.
El miércoles, el juez Juan Carlos Peinado comunicó a Gómez que, de llegar a juicio su caso por presunta malversación -tiene otra causa abierta que instruye el mismo juez- quedará en manos de un jurado popular, además de citarla para una vistilla este mismo sábado.
El propio Pedro Sánchez, en una comparecencia de prensa en Nueva York, se encargó de reivindicar la inocencia de ambos, y de asegurar que así quedará demostrado en los tribunales. “La verdad acabará imponiéndose, mi hermano y mi mujer son inocentes. El tiempo pondrá las cosas en su sitio, y espero que entonces, cuando eso suceda y la justicia lo dictamine [su absolución], tenga la misma repercusión mediática que ahora”, reivindicó.
Horas antes, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confiaba en que una instancia superior “ponga orden” a la actución de Peinado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó que esta instrucción “se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho” españolas. Pilar Alegría, ministra portavoz, la consideró “surrealista”.
En privado, desde Moncloa mostraban “sorpresa y estupefacción” ante la resolución del juez. Más allá de destacar que cite a la esposa del presidente un sábado, o que el auto se haya conocido sin que antes se haya terminado la instrucción del caso de presunta malversación. Entienden que la actuación judicial supone una persecución al presidente a través de sus familiares.
Pero, más allá de deslizar que la causa no tiene fundamento, evitaron elevar los decibelios hasta registros alcanzados anteriormente. “Podéis sacar vuestras propias conclusiones”, despachaban fuentes del Consejo de Ministros. De forma similar se expresaban ante la causa que afecta al hermano del presidente. La decisión es dedicarle el menor tiempo posible a estos asuntos, y tratar de centrar todos los focos en el asunto que Sánchez intenta colocar en el corazón del debate público: el “genocidio” de Israel en Gaza.
En la misma comparecencia, el jefe del Ejecutivo anunció que España enviará un buque de la Armada para proteger y rescatar -llegado el caso- a la flotilla solidaria que navega rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí y proporcionar ayuda humanitaria. Horas antes, Italia había comunicado el envío de otro navío con idéntico objetivo.
El viaje del presidente a Nueva York, para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, y la presencia del Rey, Felipe VI, han ayudado a Moncloa a mantener los focos en esta cuestión. Y a restar protagonismo a debates domésticos con el de las causas de sus familiares o la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras los fallos de las pulseras telemáticas que portan algunos maltratadores. El PP hace lo posible por colocar estas materias en la agenda, pero en el Gobierno buscan centrar la atención en la ONU y en Gaza.
Venden que ya tiene algún apoyo para la senda de déficit
Más allá de la cuestión Palestina, de reivindicar que el presidente del Gobierno marcó un camino hace año y medio con el reconocimiento del Estado palestino que hoy siguen países como Reino Unido o Francia, en el Ejecutivo venden que las conversaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2026 van dando algunos frutos.
En concreto, fuentes de Moncloa afirman que las negociaciones para aprobar la primera piedra del edificio de las cuentas, la senda de déficit, ya han fructificado con alguno de los grupos de la Cámara Baja. Ni aclaran de cuántos votos disponen, ni tampoco qué les han pedido el resto de formaciones a cambio de avalar sus números.
La intención de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es aprobarla en Consejo de Ministros para después someterla a votación en el Congreso “pronto”. Y desde el Gobierno ya advierten que un fracaso en esta votación no frustrará su plan de llevar a la Cámara las cuentas públicas.
Las relaciones con Junts no pasan por su mejor momento, si bien insisten en desligar la derrota de este martes de las conversaciones sobre la senda de déficit. Es lo mismo que transmitió el Ejecutivo cuando Sumar y Junts se enzarzaron en el hemiciclo a cuenta del rechazo del partido de Carles Puigdemont a la frustrada reducción de la jornada laboral, en el primer pleno del curso.
Por un lado, el Gobierno insiste en marcar esta separación. Y, por otro, afirma que ahora hay que “esperar” para que Junts repose, darles “un poco de tiempo”. “Es difícil que los puentes se restablezcan rápidamente”, afirman fuentes de Moncloa.
La intención sigue siendo llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la delegación de competencias en materia de inmigración. Y para ello pueden recurrir a decretos ministeriales y reglamentos, que no necesitan ser avalados por la Cámara Baja. Además, para cuando el asunto se haya enfriado, contemplan “intentar” un acercamiento con Podemos.
Piden que los morados entiendan “la importancia de apoyar al Gobierno”
El martes, dos de los aliados de izquierdas de Sánchez, ERC y EH Bildu, reclamaron responsabilidad a los morados y arremetieron con dureza contra sus posiciones. El partido de Ione Belarra votó contra la ley de PSOE y Junts porque consideró que la exposición de motivos de la proposición de ley es “racista”. Hoy exige modificar su redacción y reactivar la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar la situación administrativa de miles de personas migrantes antes de volver a negociar.
En el ala socialista del Gobierno no quieren ir tan lejos, y de momento sólo plantean modificar la exposición de motivos. “Tendrían que poder aceptar”, abundan. Fuentes de Junts per Catalunya en Madrid no quieren aclarar si estarían dispuestos a aceptar un cambio en este redactado, y niegan haber sido contactados por el PSOE para explorar este escenario.
En Moncloa piden a los morados que entiendan “la importancia de apoyar el Gobierno”, después de que la coalición y los partidos que la integran hayan visto caer tres de sus leyes en lo que va de curso parlamentario. Una por semana. Las críticas de algunos de sus aliados -empezando por Podemos- al decreto ley de embargo de armas aprobado el martes en Consejo de Ministros anticipan nuevos nubarrones. El Ejecutivo está decidido a seguir peleando por colocar otros asuntos en la agenda pública, para que los golpes que reciben queden en segundo plano.