Las cinco asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales paralizarán la Justicia los días 1, 2 y 3 de julio si el ministro del ramo, Félix Bolaños, no da marcha atrás en sus planes. Sergio Oliva es magistrado y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Promueve estas protestas porque considera que las reformas de acceso a la carrera judicial y fiscal, y del Estatuto del ministerio fiscal, son un “atropello” y buscan la politización. “Hay políticos que denigran y menosprecian a jueces”, denuncia en esta entrevista con Artículo14.
¿Cuál es el objetivo de la concentración en el Tribunal Supremo y del futuro parón el próximo 28 de junio?
Queremos destacar que no es una concentración de carácter político. No vamos en contra de ningún gobierno, solo pedimos la retirada de la reforma de la ley orgánica e intentaremos hacer pedagogía.
¿Por qué las reformas que prepara Félix Bolaños de acceso a la carrera judicial atentan contra la independencia?
La ley introduce que la comisión de ética (un organismo interno de la carrera judicial que se dedica a resolver dudas éticas) que hasta ahora estaba formada por personas de la carrera judicial, pase a estar formado por las Cortes Generales, lo que va a politizar los dictámenes de la comisión.
Otro de los motivos. Se corta por ley la financiación privada a las asociaciones judiciales. Esto es significativo. No ocurre con ninguna asociación o sindicato de otro sector. Solo ocurre con asociaciones judiciales, que no tienen funciones jurisdiccionales. Entendemos que es una forma de coartar la libertad de expresión ya que ahora mismo estamos sosteniendo la queja pública frente al proyecto de ley.
En cuanto a la reforma de la Fiscalía, lo que se quiere hacer es otorgar al Ministerio Público la función de instruir las investigaciones penales, en lugar de que lo hagan jueces de instrucción. ¿Por qué menoscaba este cambio la independencia judicial?
Consideramos que en la situación actual sería dramático atribuir la instrucción a la Fiscalía porque no están establecidos las condiciones de autonomía y dependencia jerárquicas en la institución.
Esto se suma al contexto actual que tenemos en España donde hay políticos que denigran y menosprecian a jueces creando un contexto general que traslada dudas a la ciudadanía sobre la imparcialidad de los jueces. Es gravísimo que los procedimientos que pueda haber contra un Gobierno en particular no estén guiados por la independencia de los jueces sino por ánimos espurios.
¿No es correcto adecuarse al resto de Europa, donde las instrucciones las dirige la Fiscalía?
Adecuarse a los estándares europeos está muy bien pero quizá estaría bien hacerlo en todos los ámbitos. Por ejemplo, el estándar europeo dice que el CGPJ debe ser elegido por jueces.
En el resto de países, los fiscales llevan a cabo en la instrucción, pero tienen garantías de independencia al Ejecutivo más remarcadas. Cualquier tipo de atribución que se pueda llevar a cabo con los fiscales debe llevar de manera obligada profundizar en la independencia y autonomía del Ministerio Público para llevar las investigaciones penales.
¿Pero esa no es la intención del Gobierno? La reforma recoge cambios para que, en teoría, la Fiscalía gane independencia.
Se establecen mayores poderes al fiscal general del Estado pero no hay contrapeso ni garantía frente a los fiscales que llevan las labores instrucción propiamente dichas. Para que los fiscales lleven la instrucción debería garantizarse una mayor autonomía sin tener tanta dependencia. Al fin y al cabo, van a seguir careciendo de independencia real frente al Gobierno.
¿Son oportunistas estas reformas? ¿Atienden al horizonte judicial que amenaza la continuidad del Gobierno?
Absolutamente. La reforma tiene cosas positivas como el establecimiento del sistema de becas garantizado por ley. Pero estas reformas se mezclan con cuestiones que evidentemente trasladan que detrás de la reforma puede haber intereses espurios.
¿Cómo cuáles?
Como tener capacidad de determinación en la selección de jueces ya sea por el establecimiento de un centro de estudios jurídicos que va a depender del ministerio de Justicia. Esto evidencia la politización en la hora de preparación de los jueces que va a tener el país.
A los magistrados del cuarto turno (aquellos juristas que acceden a la carrera sin pasar por la oposición) se les van a asignar cinco años de experiencia ficticios para concurrir a nombramientos discrecionales y conformar la cúpula judicial. Son cuestiones que trasladan la imagen de que hay intereses en la politización del poder judicial.
¿Qué otros aspectos afean al ministro Félix Bolaños?
¿Por qué tanta prisa? Algo tan importante como es el cambio del acceso al Poder Judicial se tramita por la vía parlamentaria de urgencia sin explicar por qué tanta urgencia. No se ha citado a las asociaciones de jueces para poder modificar el texto en el Congreso o en el Senado. Estas prisas sumadas al contexto político actual trasladan a la ciudadanía que hay una intención espuria.