¿Tienen recorrido los casos de incitación al odio? La Justicia estudia si “la cacería contra el inmigrante” que se hizo famosa en Torre-Pacheco, Murcia, está estuvo alentada por los mensajes de dirigentes de Vox. Jose Ángel Antelo, líder autonómico de esta formación, está siendo investigado por la Fiscalía por asemejar migración con delincuencia.
“Hay que decir las cosas como son y los grandes culpables de lo que estamos viviendo en Torre-Pacheco y en otros lugares de la geografía española son esas políticas del bipartidismo que han financiado la inmigración ilegal”, dijo Antelo públicamente.
Y es más, el ministerio público está estudiando incluso las declaraciones del Presidente de Vox, Santiago Abascal, en las que aseveró que el país “padece una invasión migratoria brutal” y acusó a PP y PSOE de “seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España, es decir, la inseguridad y la ruina”.
La investigación en este caso la lleva la Fiscalía General porque Santiago Abascal está aforado al ser diputado en el Congreso. Eso supone que solo podría investigarlo por un delito de odio el Tribunal Supremo.
Otros casos similares
Si miramos atrás, apenas hay antecedentes de políticos investigados por declaraciones similares. El primer gran caso fue el de Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid. Fue investigado por mensajes en sus redes sociales que consideraron humillantes para las víctimas de terrorismo: “Han tenido que cerrar el cementerio de Alcàsser para que vaya Irene Villa a por repuestos”, publicó. También afirmó: “¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero”.
Sin embargo, la Audiencia Nacional archivó el caso al considerar que esos mensajes se enmarcaban en un “humor macabro” y no los percibió “animo injurioso”.
Por su parte, Pablo Echenique fue denunciado por Abogados Cristianos por este tuit: “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”.
El caso está pendiente de juicio oral porque la jueza vio suficientes indicios delito de incitación al odio. Sin embargo, la Fiscalía no presentó escrito de acusación.
Otro de los grandes casos mediáticos es el de Gabriel Le Senne, el presidente del parlament balear de Vox que rompió durante un debate la foto de tres víctimas del franquismo. El caso también va camino del juicio oral después de que la Audiencia Provincial tumbara el recurso de la defensa de Le Senne en contra de su procesamiento. El juez que instruyó el caso determinó que “el ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las Roges del Molinar”.
Sin embargo, en estos últimos casos el contexto no era de “extrema violencia” como apunta la Fiscalía en el último escrito sobre la investigación de Torre-Pacheco sino que fueron declaraciones aisladas.
Análisis del delito
La Justicia, en el caso de Torre-Pacheco, irá analizando mensaje por mensaje porque, en palabras de Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio, “no se puede ver como algo global” sino que “hay que ir caso por caso”. De ahí la dificultad de investigarlo: “No puedes meterte en la cabeza del autor. El delito de odio se mide con parámetros objetivos. Hay que ver la capacidad de influencia que tiene una persona”.
“No es lo mismo decir determinadas cosas en una cafetería que en un canal con miles de seguidores”, explica Gisbert, en conversación con este periódico. Además, asegura que es complicado discernir a nivel jurídico entre libertad de expresión y pensamiento y delito de odio porque la línea que separa ambas cuestiones es muy fina y tiene que estar “muy atado jurídicamente” para no “invadir derechos fundamentales”.